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Honduras: Legisladores de EE.UU. critican inseguridad

Dos legisladores demócratas exhortaron aumentar la atención sobre la crisis de seguridad
DESDE LA CÁRCEL. Representantes de las pandillas Barrio 18 en el penal Sampedrano, el martes 28 de mayo, al declarar la tregua.

DESDE LA CÁRCEL. Representantes de las pandillas Barrio 18 en el penal Sampedrano, el martes 28 de mayo, al declarar la tregua.

WASHINGTON— Dos legisladores demócratas exhortaron el jueves 25, de julio, al gobierno estadounidense a aumentar la atención sobre la crisis de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos que padece Honduras.

El representante James McGovern, demócrata por Massachusetts, señaló que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no ha mejorado, "sino más bien se han deteriorado" desde la elección del presidente Porfirio Lobo en 2009, e identificó como su principal preocupación que "Estados Unidos pueda estar apoyando a esos violadores (de derechos humanos) a través de nuestra cooperación internacional, que incluye 16 millones de dólares para la policía hondureña en lo que va del año 2013".

Al inaugurar una audiencia sobre la situación en Honduras, convocada por la Comisión de Derechos Humanos, Tom Lantos, quien coopreside el panel junto al representante Frank Wolf, republicano por Virginia, McGovern se sumó a las críticas expresadas el mes de junio por 21 senadores que en una misiva al secretario de Estado John Kerry cuestionaron la certificación emitida por el Departamento de Estado para liberar fondos dirigidos a las fuerzas hondureñas de seguridad durante el año fiscal 2012.

"Esa certificación en efecto indicó al gobierno hondureño que los requisitos estadounidenses en materia de respeto a los derechos humanos durante el año fiscal 2012 se cumplieron cabalmente", agregó. "Creo que eso parece alejado de la realidad".

La Ley de Asignaciones Presupuestaria del Congreso exige que el Departamento de Estado investigue y reporte si el gobierno hondureño protege el Estado de Derecho y también el debido proceso legal, además de llevar ante la justicia a personal militar y policial cuando se tengan denuncias creíbles de violaciones a los derechos humanos, antes del desembolso del 20% de los fondos destinados al ejército y a la policía de Honduras.

El gobierno estadounidense retiene fondos destinados a unidades de las fuerzas hondureñas de seguridad supervisadas por el nuevo director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla.

Bonilla, apodado 'El Tigre', fue acusado por el Departamento de Asuntos Internos de la policía hondureña de estar implicado en tres homicidios y ha sido vinculado con otras 11 muertes y desapariciones. Fue juzgado y absuelto en un caso. El resto de las acusaciones nunca se investigaron.

La suspensión se mantiene hasta que Estados Unidos pueda investigar las acusaciones de que Bonilla encabezó hace un decenio un escuadrón de la muerte, según un informe reciente del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado reanudó la financiación policial y dijo que el dinero solo llegaría a unidades especiales certificadas por Estados Unidos. Este año de 2013 Washington ha entregado 16 millones de dólares a la policía hondureña y dice que ni Bonilla ni 20 de sus subordinados directos reciben un solo dólar de ese dinero.

Al final de su intervención, McGovern mencionó el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, perpetrado el miércoles 24, de julio en la ciudad de El Progreso, y exhortó a las autoridades hondureñas a esclarecer los hechos a la brevedad.

En los últimos tres años al menos 64 abogados han sido asesinados en el país en circunstancias similares, según estadísticas oficiales, y en lo que va de este año 2013 ya van 11.