Las historias de estas mujeres, relatadas en diferentes cortes de Maryland, son similares. Y escalofriantes.
R, una inmigrante de unos 20 años, indocumentada, con educación de tercer grado y con una bebé, confió su vida a un hombre que conoció en un restaurante, en el condado de Prince George’s. El hombre le dijo que se encargaría de ellas. Lo que realmente sucedió fue que terminó golpeándola y amenazándola para obligarla a ejercer la prostitución.
S, de 23 años, tomó un autobús desde San Luis hasta Baltimore para trabajar para un hombre que prometió emplearla en su “negocio de webcam”. Al llegar, con el boleto que él le había pagado, se enteró de que el hombre era, en realidad, un proxeneta, quien le exigió trabajar como prostituta para que le devolviera el dinero del boleto. El trabajo incluía una temporada en un hotel cerca del Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington.
C, de 14 años, se había escapado de su casa y caminaba por la calle, cuando un hombre le ofreció llevarla en su auto a un lugar donde podía alojarse en Clinton. Le dio de comer y la llevó de compras. Tres días después, le reveló que tenía un negocio de prostitución y que esperaba que ella trabajara para él. Cuando ella envió un mensaje a sus amigos en Facebook diciéndoles que quería escaparse, él se puso violento.
Sus historias, tomadas de registros de la corte, evidencian un tema común: Los traficantes buscan mujeres jóvenes y vulnerables, las seducen y luego las obligan a ingresar al comercio sexual.
Cuando se resisten, las golpean, las drogan y las amenazan.
El tráfico sexual se ha infiltrado en las áreas más normales de Maryland. Desde una casa de ladrillo, en un barrio tranquilo, hasta un hotel de tres estrellas cerca de un centro comercial elegante. A puerta cerrada, sus víctimas —personas que se han escapado de sus casas, madres solteras, inmigrantes indocumentadas, adictas— hacen lo que se les dice, en condiciones inimaginables.
“Yo diría que ninguna parte del estado es inmune a esto”, dice Steven Hess, coordinador del sistema judicial de la Fiscalía de los Estados Unidos, en Baltimore.
Hace tres años, el gobernador de Maryland, Martin O’Malley, dio a conocer un plan estatal de ataque, en una reunión con 400 agencias estatales, federales y locales. La pieza central de su plan era una ambiciosa iniciativa “con la participación de todos los sectores del gobierno” para recopilar y compartir entre sí datos sobre la trata de personas, y utilizarlos para implementar un “ataque coordinado, enfocado y eficaz”.
Pero durante la última conferencia anual del estado sobre la trata de personas, en Catonsville, funcionarios y ex funcionarios afirmaron que es poco lo que se ha avanzado en este plan de intercambio de información.
Encabezado inicialmente por la Policía del Estado, el esfuerzo se ha estancado por la rotación de personal y la lenta respuesta de los organismos gubernamentales a las solicitudes de información, dijo Amanda Rodríguez, quien renunció en marzo a su cargo de gerente de políticas sobre tráfico humanos, bajo la Oficina de Control y Prevención del Delito de la Gobernación.
Ella es ahora la directora del programa TurnAround, una agencia de servicios sociales sin fines de lucro en Towson, que trabaja con víctimas de la trata de personas. Thomas Stack, un detective retirado de la policía del condado, es el sucesor de Rodríguez. Stack, quien cuenta con 10 años de experiencia en investigaciones de trata de personas, no estuvo disponible para hacer comentarios, según una portavoz de la oficina de Control y Prevención del Delito.
Rodríguez y otras personas involucradas en el trabajo contra la trata de personas dijeron que la falta de información ha perjudicado los esfuerzos para obtener los recursos adecuados a nivel estatal y local para combatir el problema.
“Para poder solicitar financiación, tenemos que ser capaces de respaldar nuestra solicitud con números”, dijo Rodríguez.
A falta de una evaluación estatal completa, Capital News Service (CNS) obtuvo una base estatal de datos sobre arrestos por tráfico de personas y envió solicitudes de historiales delictivos a todos los condados de Maryland.
El servicio de noticias también extrajo los archivos policiales y judiciales de tres docenas de investigaciones criminales realizadas la última década, para obtener detalles sobre cómo atrapan a las víctimas, cómo operan los traficantes y cómo responden las autoridades locales a lo que la policía y los grupos de defensa de las víctimas dicen que es un problema significativo a nivel nacional. El CNS está usando iniciales para identificar a las víctimas, ya que ni CNS ni El Tiempo Latino publican el nombre de las víctimas de delitos sexuales.
Los números en bruto que se desprenden de los datos de las autoridades presentan un panorama mixto: las autoridades han descubierto una amplia evidencia de tráfico sexual en Maryland, pero todavía buscan información más convincente para conseguir condenas.
Los fiscales presentaron 274 casos de tráfico sexual en los tribunales estatales, entre enero de 2010 y diciembre de 2014, según un análisis de datos del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales, llevado a cabo por el CNS.
Cincuenta y nueve personas fueron acusadas de tráfico sexual grave, incluyendo 40 casos de trata de menores.
Pero la mayor parte del resto —215— fueron procesados por delitos menores de tráfico de personas.
Y relativamente pocos acusados fueron declarados culpables de tráfico sexual: los cargos fueron retirados en dos tercios de los casos. Había dos condenas por delitos graves, 20 por delitos menores de tráfico sexual, y 54 casos aún abiertos hasta diciembre de 2014, de acuerdo con la base de datos estatal.
Los enjuiciamientos federales son menos comunes, pero más exitosos. Dieciocho casos presentados desde 2010 – incluyendo 11 en los cuales las víctimas eran menores de edad – habían dado lugar a la condena de 21 acusados por cargos federales de tráfico sexual en Maryland.
Muchos de los casos federales salieron a la luz a partir de investigaciones conjuntas entre las fuerzas del orden federal y local. La oficina del fiscal federal coordina el Grupo de Trabajo en contra del Tráfico Humano en Maryland, que colabora con las autoridades locales en el enjuiciamiento de los traficantes y la prestación de servicios a las víctimas.
Como requisito para condenar en un cargo de delito grave, tanto las leyes federales de tráfico humano como las estatales requieren pruebas de que un proxeneta ha utilizado la fuerza, el fraude o la coerción para dominar a su víctima. Si la víctima es menor de edad, se presume la coacción. De lo contrario, las autoridades deben demostrar que las víctimas de la trata de personas no trabajaban por su propia voluntad.
Estas pruebas, a menudo, requieren la cooperación de las víctimas. Pero el control emocional y financiero que los traficantes ejercen sobre éstas ha sido un obstáculo importante para que los investigadores no hayan podido producir más condenas. Otros tipos de pruebas – las comunicaciones por teléfonos celulares y el seguimiento del dinero – toman tiempo y recursos que no se han materializado.
Cuando la policía obtiene pruebas de la fuerza, el fraude o la coerción, los casos son a menudo tratados en una corte federal, donde las sanciones son más duras, y pueden llegar a cadena perpetua.
Para ser tratados en la fiscalía federal, los fiscales pueden considerar si el delito es multijurisdiccional, si incluye factores que aumentan la gravedad – como el uso de drogas o la violencia – o si el acusado es un peligro para la comunidad, según Rachel Yasser, asistente del fiscal de Estados Unidos en Baltimore.
Es por eso que la mayoría de los cargos de tráfico sexual se presentan en los tribunales del estado de Maryland.
Una condena por delito grave de trata de personas bajo la disposición de la ley estatal conlleva una pena de hasta 25 años de prisión y una multa de $ 15.000.
Pero, lo más probable es que el caso sea procesado como un delito menor, punible con un máximo de 10 años y con una multa de 5.000 dólares.
La Policía y los fiscales han dicho que eligen ese camino si creen que no pueden demostrar la fuerza, la amenaza, la coacción o el fraude requeridos para hacer una condena por un delito mayor.
“Básicamente es un tirón de orejas”, dijo Deborah Flory, sargento de la Policía Estatal, cuyo trabajo incluye la investigación de los casos de tráfico humano. “No hay un castigo real. Una condena por robo puede ser más severa que una por tráfico humano para un adulto”.
Eso también ayuda a explicar por qué los cargos de trata de personas se retiran en tantos casos: los acusados pueden ser condenados por otros tipos de cargos, como prostitución, armas, drogas o asalto que son más fáciles de probar y llevar a sanciones similares o más fuertes.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Maryland no dan a conocer la base de datos completa de arrestos, lo cual habría permitido a CNS aportar mayores conclusiones.
Sin embargo, una búsqueda de informes judiciales en la corte penal en Baltimore, la ciudad más grande del estado, arrojó que, desde enero de 2013, los fiscales han retirado todos los cargos en ocho de 10 casos que incluían tráfico humano, y han aplazado la acción penal en un noveno. Uno de los casos condujo a una condena por un cargo que no era por tráfico humano. Todos incluían cargos por delitos menores de tráfico humano.
Christine White, jefe de la comisión de investigación para el Equipo de Trabajo de Tráfico Humano en el Condado de Prince George’s, y criminóloga de La Universidad de Maryland, College Park, dijo que las estadísticas de aplicación de la ley son desalentadoras varios años después del importante impulso estatal para combatir la trata de personas.
“Con todos estos problemas con las detenciones y los enjuiciamientos”, dijo, “uno se pregunta: ¿Estamos todos en la misma página?”
Tráfico cibernético
Detrás de los números, existe un próspero submundo, cuyos beneficios dependen de un flujo constante de mujeres y menores de edad vulnerables. Para tener una mejor idea del alcance de la trata de personas y de su impacto en Maryland, el CNS examinó cientos de páginas de testimonios y pruebas presentadas en tres docenas de enjuiciamientos exitosos de tráfico de personas en la última década.
Los registros muestran que los traficantes no siempre son los proxenetas callejeros y ostentosos, que usan joyas llamativas, tal como Hollywood los retrata. Son vendedores de sexo que utilizan tarjetas de presentación y clasificados en línea, como Backpage, para comercializar sus productos. El negocio – llamado “The Game” por los que participan en éste – incluye la estrategia y el engaño.
Los anuncios bajo el enlace “Escorts” en Backpage incluyen fotos y descripciones de los servicios eróticos, para cada área geográfica. En un fin de semana reciente, había cerca de 100 anuncios de este tipo publicados para el área de Baltimore, tres docenas para el oeste de Maryland y una docena para la costa este.
“Ofertas especiales para días de semana, precios increíbles que no encontrarás en otro lugar en @T 18-18-18”, decía un anuncio de Backpage, presentado como prueba en un caso de tráfico de personas en 2013. Muchos de éstos informan las edades, pero las autoridades han encontrado que algunas edades descritas como “al final de la adolescencia” o cerca de los 20 años, corresponden, en realidad, a menores de edad.
No todos los anuncios son de prostitución, y no todas las prostitutas están bajo el control de traficantes. Sin embargo, el Internet, las redes sociales y las aplicaciones móviles les han permitido a los traficantes alcanzar una amplia audiencia de víctimas y clientes, y luego desaparecer a través de los agujeros de las redes, cuando la policía trata de localizarlos.
“En el pasado, toda la prostitución se ejercía en la calle”, dice Patrick Mays, fiscal del condado de Montgomery, quien trabaja en casos de trata de personas. “Anteriormente, había un lugar físico en todas las ciudades, donde las niñas caminaban por la calle. Ahora, todo ha cambiado completamente con el Internet. La trata de personas está por todas partes”.
En 2013, Jeremy Naughton, de Oxon Hill, identificaba prostitutas que trabajaban de forma independiente, a través de sus anuncios en sitios web, de acuerdo con la evidencia presentada en su juicio federal, en Baltimore. Él se hacía pasar por cliente y, una vez a solas con ellas, sacaba un arma, se apoderaba de sus pertenencias, y las obligaba a prostituirse para él, en el Condado de Montgomery y en Nueva York, dijeron los fiscales.
Intimidaba a una prostituta para que cooperara “rompiéndole el cuello a su perro con las manos”, dijeron los investigadores. Fue declarado culpable de tráfico sexual y de armas, y condenado a 36 años de prisión. Naughton, ahora de 34 años, se encuentra apelando. A través de su abogado, le dijo a CNS que “nunca negó que él estaba en el negocio de la prostitución, pero que las mujeres que trabajaron con él lo hicieron voluntariamente”.
Mientras que los traficantes llevan a cabo gran parte de su negocio en el ciberespacio, los métodos para mantener el control emocional sobre las víctimas pertenecen todavía, en gran parte, a la vieja escuela: drogas, dependencia y fuerza bruta.
Una cinta de vigilancia borrosa muestra el garaje del Maryland Live! Casino, en las primeras horas de la mañana del 23 de febrero 2013: una mujer delgada está de pie delante de un hombre corpulento en medio de varios autos estacionados. De repente, él la golpea en la cabeza, la mujer estea a punto de caer al suelo, el hombre camina hacia ella y continúa asestándole golpes en la cara, mientras ella se agacha para protegerse.
Según documentos judiciales, la mujer, a quien se menciona como J, era una prostituta; el hombre, Michael Wesley Lee, de Odenton, era su proxeneta; y la paliza era un castigo por no atraer suficientes clientes del casino para tener relaciones sexuales con ella.
Mientras Lee se encontraba en una cárcel del condado de Anne Arundel enfrentando cargos de agresión, su compañero, Robert Downing, también de Odenton, llevó a J a un hotel para que tuviera relaciones sexuales con clientes, con el fin de recaudar dinero para la fianza de Lee, dicen los récords judiciales.
J escapó cuando Downing la dejó sola. Se negó a presentar cargos, y el caso de agresión fue abandonado, según muestran los registros.
Seis meses después de la agresión, en agosto de 2013, Lee usó el sitio web Tagged con el fin de atraer a S, una mujer de 23 años, residente en San Luis, para que viniera a Baltimore con la promesa de que podría trabajar para su “negocio de cámaras web”, según documentos de la corte. Lee le compró a la mujer un boleto de sólo ida en un autobús Greyhound, por valor de $208, y ella viajó a Maryland en agosto de 2013.
Después de su llegada, Lee le reveló la verdad: él era realmente un proxeneta que trabajaba con mujeres en varios estados, según afirman documentos de la corte. La llevó a un Microtel en Linthicum Heights, le confiscó su identificación – una táctica común de los traficantes – y le dijo que le tenía que pagar el boleto y una cuota de iniciación de $ 1.000, dicen documentos de la corte.
S “tenía miedo de desafiar a Lee por su tamaño y comportamiento”, y no tenía dinero. Al día siguiente, ya había tenido relaciones sexuales con 10 clientes diferentes y cobrado tarifas hasta de $200, pero él se quedó con el dinero, el cual utilizó en parte para colocar anuncios en Backpage, dicen los registros de la corte.
Por la misma época, atrajo a M, una joven de 21 años de edad, bailarina exótica en un hotel, con la pretensión de que le conseguiría trabajo en algunos clubes, según consta en documentos judiciales. Cuando intentó obligarla a permanecer como prostituta para él, ella se escapó del hotel.
S escapó varios días después de M, llamando al 911 para pedir una ambulancia de un hotel de Extended Stay, cerca del aeropuerto Baltimore-Washington International Thurgood Marshall. Cuando el personal de la ambulancia llegó, ella les habló de Lee y ellos llamaron a la policía, que lo detuvo, según documentos judiciales.
Lee, ahora de 31 años, se declaró culpable de cargos federales de tráfico de personas y fue condenado en marzo a 13 años de prisión. Downing, ahora de 46 años, se declaró culpable de un cargo federal de uso de instalaciones interestatales para promover y facilitar un negocio de prostitución y recibió un periodo de 46 meses. Ambos hombres se negaron a ser entrevistados por el CNS.
Trampa para las madres
Las madres solteras son un blanco especialmente vulnerables para los traficantes. Los proxenetas suelen utilizar a los niños como una debilidad que explotan, ya sea ofreciendo una manera de apoyar al niño, o amenazando con hacerle daño a la criatura si la madre se niega a cumplir con sus demandas.
A los 17 años, R se escapó de casa de sus padres en un pequeño pueblo de Guatemala para venirse a los Estados Unidos. Fue violada en el viaje y dio a luz a una niña después de llegar, según testificó en una corte federal.
En 2006, tomó un trabajo con el cual ganaba cerca de $400 a la semana, en una planta de reciclaje en el Condado de Prince George’s y se trasladó a Langley Park, un lugar donde se concentran muchos inmigrantes centroamericanos que llegan sin documentos. Un hombre la vio en un restaurante y se ofreció a pagarle la cuenta. Ella lo rechazó. Pero en cuestión de semanas, los dos estaban saliendo, dijo ella en la corte.
Él le dijo que trabajaba en un negocio de construcción, que era pintor, dijo ella. La tía de él podría cuidar a su bebé en su casa, mientras ella trabajaba. Tres meses después de su noviazgo, teniendo a la bebé bajo su control, él le dijo cómo era que realmente hacía su dinero: “Vendiendo mujeres”, declaró ella.
Y R, temiendo por la seguridad de la bebé si se negaba empezó a trabajar para él. Se convirtió en una de las prostitutas de un burdel que el hombre había creado en una casa en los suburbios de Washington, dijo la joven en corte.
Entonces, conoció a Germán de Jesús Ventura. Era un cliente que le dijo que la apartaría de esa vida y cuidaría de ella y de su hija. Ella no tendría que prostituirse más, así que ella se fue con él, dijo.
Al principio, su relación era “perfecta”. Entonces, un día, Ventura le lanzó una caja de condones y le dijo que era hora de ir a trabajar. Cuando ella se negó, la golpeó, testificó ella en Baltimore, en el juicio federal contra él, en 2013, por cargos de tráfico de personas.
Ventura no se limitaba a manejar prostitutas, sino que las controlaba con violencia, y las utilizaba para construir una red de prostíbulos, según documentos judiciales.
“Yo no quería tener relaciones sexuales con hombres,” dijo R durante el juicio de Ventura. Ella contó cómo él la amenazaba a ella y a las otras prostitutas con armas de fuego, y cómo la maltrataba “con los puños y con un cinturón” cuando ella le ofrecía resistencia.
“Él me golpeaba y me decía que me iba a matar”, dijo.
Documentos de la corte describen cómo entre marzo de 2008 y noviembre de 2010, Ventura y su compañero, Kevin García Fuertes, expandieron su negocio de prostitución desde un pequeño prostíbulo en un apartamento de Annapolis hasta una importante red de tráfico sexual que operaba fuera de los barrios residenciales y se extendía a través de las fronteras de Maryland y Virginia.
Para atraer a los clientes, utilizaron cómplices que distribuían tarjetas de presentación que promovían “sports” o “deportes” en las proximidades de sus burdeles. Estas tarjetas les indicaban a los clientes experimentados los lugares donde encontrar prostitutas.
Hojas de papel con cuentas garabateadas por Ventura, y posteriormente confiscadas por las autoridades, registraban si cada chica alcanzaba su cuota de hasta de 30 hombres al día. Una sesión de 15 minutos costaba, por lo general, $30. A las mujeres se les permitía quedarse con la mitad de esos fondos, según el testimonio del juicio.
A pesar de que la policía realizó al menos una redada en 2008, fueron necesarios dos años más antes de que una investigación conjunta de las fuerzas del orden federales y estatales reunieran suficientes pruebas para arrestar a Ventura y a Fuertes por cargos de tráfico sexual. Se necesitaron órdenes judiciales para rastrear teléfonos celulares y vigilancia para fotografiar a Ventura cuando transportaba a las mujeres a la prostitución, dicen los registros.
Un jurado condenó a Ventura a 35 años de prisión por tráfico sexual. Su caso está en apelación. Fuertes también fue declarado culpable de tráfico sexual y condenado a casi 20 años.
En su sentencia, dijo Ventura, “Nunca he vendido prostitutas, ni he hecho daño a nadie, y lo único que hice con la señora [R] fue para ayudarla.”
En el momento del juicio, R había obtenido un permiso de trabajo y estaba laborando como obrera en un negocio de construcción. En una redada policial en un burdel de Ventura, en 2008, su bebé había sido rescatada, y fue legalmente adoptada por otra familia, testificó la madre.
Los problemas cuando se huye de casa
Las jóvenes que se han escapado de la casa son uno de los objetivos más fáciles para los traficantes, dicen los abogados. Muchas provienen de familias con problemas y situaciones de vida inestables. A menudo viven por su cuenta, sin dinero ni un techo.
“Estas víctimas buscan a alguien que les preste atención y que sea la primera persona en su vida que les ofrezca el apoyo y el amor que están buscando”, dijo Alicia McDowell, directora ejecutiva de la Araminta Freedom Initiative (aramintafreedom.org), un grupo de defensa contra la trata de personas, en Baltimore.
En enero de 2012, Harvey Mojica Washington fue acusado en un tribunal estatal por un delito menor de trata de personas, asalto sexual a una menor y otros cargos derivados por haber contratado para su negocio de prostitución a C, una joven de 14 años de edad, que había escapado de su casa. Los cargos por tráfico de personas fueron retirados y se declaró culpable de un delito sexual en tercer grado, considerado un delito grave.
En la audiencia para su sentencia en marzo de 2015, la asistenta del Procurador del condado de Prince George’s, Christina Caron-Moroney, dijo que Washington alimentó y vistió a C durante unos pocos días después de recogerla en la calle, antes de revelar el precio real de sus atenciones: la prostitución.
Le mostraron cómo publicar anuncios en Backpage para atraer clientes y cómo tener sexo con extraños, dijo el fiscal. Washington le dio instrucciones sobre dormir con hombres en automóviles en los estacionamientos hasta que tuviera dinero suficiente para una habitación en un hotel, dijo.
La niña se comunicó con amigos a través de Facebook para decirles que era infeliz con lo que estaba haciendo y que quería escapar. Cuando Washington se enteró, “se puso violento con ella”, dijo Caron-Moroney en corte. Su madre buscó ayuda del FBI y, a través de sus amigos, los agentes la localizaron en febrero de 2012.
Washington, ahora de 31 años, fue condenado a 10 años de prisión.
“Este es el momento de las excusas y de las razones, y no tengo ninguna”, dijo Washington, con voz débil, en su sentencia. “No me opongo a ninguna sentencia, voy a hacer lo que tengo que hacer”.
C decidió no testificar en persona el día de la sentencia. La chica había pasado más de dos años en un centro de tratamiento para estrés postraumático después de su terrible experiencia, dijo Caron-Maroney. Pero escribió una carta a la corte, que el fiscal leyó en voz alta: “Yo no soy su primera víctima de este tipo, pero me gustaría ser la última”, escribió C. “No pude dormir durante meses pensando que este hombre estaría libre y vendría a buscarme a mí, a mi mamá o a mi hermanito… Él pone a las niñas en esta situación, les quita el orgullo y la alegría de convertirse en una mujer, sólo para hacer dinero”.
———————————————————————————————————————
Lisa Driscoll, Jon Banister, Fatimah Waseem, Hayley Goodman and Melanie Kozak contribuyeron para este artículo. Capital News Service es un servicio de noticias de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Maryland. LEA AQUI LA VERSION EN INGLES DE ESTE ARTICULO CON MAS INFORMACION.
This project was made possible by the support of the University of Maryland’s Mpowering the State initiative, a research partnership between the University of Maryland, College Park, and the University of Maryland, Baltimore.
