El Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, anunció que prepara varios mecanismos que se constituyen en “barricadas” contra la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que fue aprobada hace 10 días por la mayoría opositora del Parlamento y que beneficiaría a políticos presos.
El gobernante anunció una serie de obstáculos a la norma durante un acto de rechazo a la Ley de Amnistía que encabezó en el palacio presidencial de Miraflores ante decenas de seguidores que fueron convocados el lunes pasado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Adelantó que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare “inconstitucional” la norma que beneficiaría a políticos presos como el líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel por la violencia desatada tras una marcha antigubernamental en 2014.
“Dado que la considero una ley para la guerra, para el odio, dado que la considero un autoperdón de los golpistas donde confiesan sus crímenes durante 17 años, yo he decidido hoy mismo, y pido que ustedes acompañen esa movilización, enviar (…) este documento pidiéndole a la Sala Constitucional declare inconstitucional la Ley de Amnistía Criminal”, dijo Maduro.
Además, afirmó que evaluaría la posibilidad de acortar el mandato de los legisladores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a solo dos meses, si fuera necesario, para “despejar” el camino.
“Si yo veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional yo mismo activaría (ese mecanismo) si el pueblo me acompaña, se los prometo”, dijo Maduro.
Asimismo, comentó que ya se han recogido más de dos millones de firmas en las calles del país de personas que rechazan la ley y pidió al chavismo que continúe con la recolección de rúbricas hasta conseguir “por lo menos 10 millones”.
También indicó que instaló una “comisión de la verdad” que investigue la violencia ocurrida durante la ola de protestas de 2014 que habría dejado, además de 43 muertos y más de 800 heridos, varios opositores presos que se beneficiarían con esta norma que calificó de ser una “ley desprecio a la conciencia nacional”.
Informó que invitó a formar parte de esa comisión al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, una invitación que el expresidente colombiano aceptó.
“Muchas gracias doctor Ernesto Samper”, dijo.
Durante este acto, el mandatario dio la palabra a dos personas que fueron heridas por supuestos opositores durante las protestas de 2014 y señaló que esas víctimas solo esperan justicia y no una “ley de amnesia” que lleva a la impunidad.
El gobernante hizo todos estos anuncios durante un acto público desde el palacio de Miraflores que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, en el que pidió al chavismo que active una “insurrección popular” en caso de que le “hagan algo”.
También advirtió que si “algún día”, la oposición accediera al poder político “producto de su guerra no convencional” de desestabilización interna, “el movimiento revolucionario y el pueblo venezolano” se iría a las calles en “insurrección general cívico militar” y empezaría “otra revolución en Venezuela”.
Aseguró que la oposición está “buscando la violencia” y dijo tener “las pruebas” de que Leopoldo López y el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles “están detrás de los crímenes paramilitares contra líderes sociales en las calles”.
En este mismo discurso, Maduro dijo que “la campaña contra Venezuela” que supuestamente se hace desde otros países, “se ha incrementado desde hace 48 horas para acá”.
En este punto acusó a medios televisivos de España, Chile y Argentina de “atacar a Venezuela” y señaló al presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, de ser “racista”, “colonialista” y “basura corrupta”, al tiempo que le advirtió: “Venezuela se respeta”.
Rajoy dijo el día en el que el Parlamento venezolano aprobó la Ley de Amnistía que “el cambio no será completo en América Latina sin libertad en Venezuela” y aseguró que España “está y estará siempre a su lado para acompañar” lo que este pueblo “decida soberana y democráticamente”.
Desde que el Parlamento de contundente mayoría opositora se instaló el pasado 5 de enero, el Gobierno de Maduro ha rechazado todas las iniciativas legislativas y ha enviado al Supremo algunas de las decisiones y normas aprobadas que, tras su revisión en la máxima corte, han sido desaprobadas por “inconstitucionales”.
