Cruz Velázquez Acevedo comenzó a convulsionar poco después de haber bebido la metanfetamina líquida que había traído de Tijuana, México.

El joven de 16 años acababa de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos hasta San Diego y atravesaba el Puerto de Entrada de San Ysidro. Llevaba dos botellas de líquido que él afirmaba eran jugo de manzana. Los oficiales de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le dijeron que lo bebiera para demostrar que no estaba mintiendo, dicen los archivos de la corte.

El adolescente tomó cuatro sorbos.

Luego, empezó a sudar profusamente. Gritó y apretó los puños.

En cuestión de minutos, su temperatura aumentó a 105 grados, dijo el abogado de su familia. Su pulso alcanzó un alarmante ritmo de 220 latidos por minuto ─ más del doble de la tasa normal para adultos.

“¡Mi corazón!, ¡mi corazón!”, gritó Velázquez Acevedo, según los registros de la corte: “¡Mi corazón!, ¡mi corazón!”

Velázquez Acevedo murió unas dos horas después.

Cruz Velázquez Acevedo, de 16 años, cruzó la frontera la noche del 18 de noviembre de 2013.



Cruz Velázquez Acevedo, de 16 años, cruzó la frontera la noche del 18 de noviembre de 2013.

Ahora, más de tres años después de su muerte, Estados Unidos (EE.UU) ha acordado pagar a la familia de Acevedo un millón de dólares en una demanda por muerte injusta contra dos oficiales de frontera y el gobierno de EE.UU.

El abogado de la familia, Eugene Iredale, reconoció que el adolescente hizo algo mal cuando trató de introducir drogas en Estados Unidos el 18 de noviembre de 2013.

“Pero es un muchacho de 16 años con toda la inmadurez y el mal juicio que podría ser característica de cualquier niño de 16 años”, dijo Iredale al diario The Washington Post. “Básicamente era un buen chico, no tenía antecedentes, pero hizo algo estúpido. En cualquier caso, lo peor que le habría pasado a él es que habría sido arrestado y puesto en un centro juvenil por algún período . . . .”

“No era un caso de pena de muerte. Causarle la muerte de una manera horrible fue algo execrable”.

Iredale dijo que no sabe dónde o cómo Acevedo recibió las drogas, ni por qué las trajo a Estados Unidos.

“Es típico que los traficantes de drogas se acerquen a los jóvenes y les ofrezcan 150 dólares para pasar drogas a través de la frontera”, dijo. “Nunca vamos a saber en este caso porque Cruz murió. El sabe que es algo que no debería traer”.

Acevedo cruzó la frontera a través de la entrada peatonal en el Puerto de Entrada de San Ysidro alrededor de las 6:40 p.m. esa noche de noviembre. Iredale dijo que el adolescente llevaba su pasaporte y su tarjeta de paso fronterizo, lo que permite a los ciudadanos mexicanos ingresar a los Estados Unidos y viajar dentro de una cierta distancia con fines turísticos. En California y Texas, la distancia es de hasta 25 millas (unos 40 km) de la frontera; Nuevo México y Arizona permiten que los no ciudadanos viajen hasta 55 millas (88.5 km) y 75 millas (120 km), respectivamente.

Los dos oficiales de Protección Fronteriza, Adrián Perallon y Valerie Baird, creyeron que el adolescente llevaba una sustancia controlada mortalmente, pero “lo coaccionaron e intimidaron” para que bebiera el líquido, según la demanda. El joven fue llevado a un hospital casi una hora después de haber bebido la metanfetamina.

Fue declarado muerto justo antes de las 9:00 p.m.

Iredale calificó el trato de los oficiales de Acevedo como “la clase de crueldad más inhumana”.

“No estoy preparada para decir que sabían con certeza que iba a matarlo … Es obvio que sospecharon desde el principio que es metanfetamina”, dijo Iredale. “Hacer un chiste cruel a un joven no es algo que sea justificable de ninguna manera, tienen kits de prueba disponibles que habrían dado resultados en dos o tres minutos”.

Iredale dijo que los oficiales hicieron la prueba para drogas del líquido, pero sólo después de que el adolescente tuvo la sobredosis.

También citó el testimonio de otro oficial de la frontera que dijo que Baird confesó minutos después del incidente.

“Le pregunté qué era, dijo que era jugo”, dijo Baird al otro oficial de la frontera, según Iredale. “Entonces le dije, ‘pruébalo’”.

Perallon y Baird siguen trabajando en la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (APF) en San Diego, informó la agencia en un comunicado.

“Aunque no podemos hablar sobre este caso específico, la capacitación y la evaluación de las políticas y procedimientos de la APF se revisan constantemente según sea necesario”, dijo el comunicado.

Iredale dijo que la muerte de Acevedo provocó una investigación de asuntos internos, pero ninguno de los dos fue disciplinado. Cuando se le preguntó sobre la investigación de asuntos internos, una portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que la agencia no tenía más comentarios.

Richard Tolles, abogado de Baird, dijo que su cliente y Perallon habían solicitado un juicio sumario sobre el caso y estaban esperando una audiencia sobre sus peticiones cuando el gobierno decidió indemnizar a los familiares.

El abogado de Perallon no devolvió una llamada del Washington Post.

La oficina del fiscal de EEUU para el Distrito Sur de California declinó hacer comentarios.

La denuncia alegó violaciones de derechos constitucionales, incluido el derecho a no ser castigado sin el debido proceso. También acusó a los funcionarios gubernamentales de no capacitar adecuadamente a los oficiales fronterizos. Tolles dijo que no hubo mala conducta por parte de su cliente “que hubiese aumentado hasta el nivel de negación del debido proceso”.

“No hay violación de ningún derecho constitucional claramente establecido”, dijo.

En una demanda de desestimación presentada en nombre de Baird en 2015, sus abogados dijeron que Acevedo no era un ciudadano estadounidense y no tenía conexiones con los Estados Unidos que le dieran derecho a ningún derecho constitucional.

“Los extranjeros no residentes tienen derecho a las protecciones constitucionales sólo si tienen conexiones voluntarias sustanciales con Estados Unidos”, argumentaron los abogados.

Iredale dijo que el acuerdo fue el resultado de varias conversaciones entre las partes. El dinero ha sido pagado a los padres de Velázquez Acevedo, dijo Iredale.

(Este artículo fue publicado originalmente en el Washington Post el 21 de marzo de 2017).

(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)

últimas noticias


Sucesos

El caso de Hickman's Family Farms

MS-13: "Te unís o te morís"


Política

La representante Tricia Cotham deja el Partido Demócrata para unirse al Republicano


Nacional

En Florida preparan ley contra los periodistas y medios de comunicación