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Honduras está en llamas. ¿Por qué debería importarnos?


"Es fácil pasar por alto que el pequeño país de Honduras está experimentando su segundo golpe de Estado en ocho años"

Jennifer Burgos | 12/15/2017, 1:11 p.m.
Honduras está en llamas. ¿Por qué debería importarnos?
Una mujer de Honduras sostiene su bandera | MartinCalix-Contracorriente

Política fiscal

Desde el 2010, el año siguiente al golpe de estado, la asistencia para la seguridad de los Estados Unidos tuvo un aumento de más del cuádruple, de USD 5.1 millones al año a USD 22.5 millones en el 2015. Honduras militarizó su fuerza policial y creó los TIGRES (Unidad de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad), entrenados por las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Al concluir su entrenamiento en 2015, el coronel estadounidense Christopher Riga declaró, “Nunca encontraré las palabras para expresar cuán orgulloso estoy de ustedes... y del trabajo que juntos haremos para lograr que Honduras sea un país seguro y estable”. Originalmente capacitados para ser una extensión de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la semana pasada se vio a los TIGRES fuera del palacio presidencial protegiendo al actual presidente Juan Orlando Hernández y a sus simpatizantes, de los manifestantes que exigían elecciones libres y justas. Pero los TIGRES son solo un elemento. El apoyo financiero de los Estados Unidos a las fuerzas centroamericanas alcanzará la cantidad más alta en una década.

Berta Cáceres, una activista reconocida mundialmente por su labor en favor de los derechos de los indígenas hondureños y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015, dijo que la presencia de los TIGRES era “represiva”. Fue balaceada fuera de su casa el 3 de marzo de 2016 y su hija continúa exigiendo que se investigue la presencia de los TIGRES y la mente maestra tras el asesinato planeado de su madre. La Ley Berta Cáceres sobre Derechos Humanos en Honduras fue presentada en junio de 2016 al Comité de la Cámara de Servicios Financieros de los Estados Unidos, con el propósito de evitar que “se pongan fondos a disposición de Honduras para su policía y ejército”. Exige el cumplimiento de varios requisitos antes de que se reinstaure la ayuda financiera, dos de los cuales consisten en que el gobierno de Honduras “haya procesado a miembros del ejército y la policía por violaciones a los derechos humanos” y “haya llevado a juicio y obtenido veredicto contra los que ordenaron y ejecutaron los ataques en contra de Berta Cáceres y más de 100 pequeños agricultores activistas”. El proyecto de ley sigue en espera desde que se introdujo.

Para finales del 2015, sumado al constante aumento en asistencia para la seguridad de parte de los Estados Unidos, los respectivos gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala diseñaron la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (APP), teniendo a los Estados Unidos como principal apoyo financiero. La idea tras su concepción era detener el flujo de migrantes provenientes de países del Triángulo del Norte, combatiendo el crimen, el desempleo y la falta de oportunidades educativas. Casi la mitad de esos fondos se destinaron a un programa conocido como Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI).

La CARSI ha existido desde el 2008, pero encontró un nuevo hogar bajo la APP. Por un tiempo, la única evaluación disponible al público sobre la eficiencia de la CARSI era el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de Vanderbilt, publicado en el 2014. Cabe notar que el LAPOP recibe gran parte de sus fondos de USAID, la organización encargada de diseñar e implementar los programas controlados por la CARSI. La conclusión general del LAPOP fue que “los programas han sido un éxito. Sobre todo, los resultados en las comunidades tratadas mejoraron (o tuvieron un menor declive), con respecto a lo que hubiera sido de no implementar los programas de USAID”. Pero el estudio fue puesto en tela de juicio por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), quien realizó su propia investigación de las técnicas y el rigor usados por el LAPOP. El CEPR concluyó que, “En términos llanos, no existe ningún dato que apoye las afirmaciones de los funcionarios del Departamento de Estado o de USAID de que las intervenciones que se están realizando en Honduras o en el Triángulo del Norte, en general, estén teniendo un efecto positivo (o alguno en absoluto)”. Hubo gran intercambio de opiniones, pero el CEPR obtuvo la última palabra.