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Su hijo está encarcelado. Luego viene la cuenta.


The Marshall Project, Eli Hagar | The Washington Post | 3/5/2017, 11:14 p.m.
Su hijo está encarcelado. Luego viene la cuenta.
Mariana Cuevas en su casa en Antioch, California. Se enfrentó a miles de dólares en facturas por el encarcelamiento de su hijo. | Biz Herman para The Washington Post

En docenas de reuniones “uno-a-uno” todas las semanas, un abogado de la ciudad de Philadelphia cita a padres cuyos hijos han estado recientemente encarcelados, saca su calculadora y les da otra mala noticia: una factura por el encarcelamiento de su hijo.

Aún si luego se prueba que el niño era inocente, los padres deben pagar una tarifa nocturna por la detención. Las facturas pueden llegar a mil dólares al mes, y mucho de los padres de los aproximadamente 730 encarcelados son tan pobres que solo podrían pagar cuotas de cinco dólares.

El abogado, Steven Kaplan, quien de acuerdo a las contrataciones de la ciudad tiene un sueldo y bonos de 316 mil dólares al año, más que ningún empleado de la ciudad, incluyendo el alcalde - es agente de una política socialmente arraigada que creó sus raíces alrededor del país entre los años 1970s y 80s.

El principio era sencillo: estados, condados y ciudades creían que los padres estaban deshaciéndose de la responsabilidad por su hijo delincuente y esperando que el gobierno pagara la cuenta.

De acuerdo a este pensamiento, si los padres comparten el costo financiero de la excarcelación, estarían más involucrados en mantener a sus hijos fuera de problemas.

“Es decir, ¿creemos que los contribuyentes de taxes deben pagar por estos niños malos?”, dijo Kaplan en una entrevista.

Hoy en día, a las madres y padres se les cobra la factura del encarcelamiento de sus hijos - en cárceles, centros de detención, centros de tratamiento, escuelas de entrenamiento y campamentos disciplinarios ordenados por la corte - por 19 agencias estatales de justicia juvenil, mientras al menos 18 condados individuales pueden hacer legalmente lo mismo, según mostró una encuesta del Marshall Project.

Grupos de estudiantes de derecho, abogados de defensa juvenil y otros, han comenzado a retar este sistema de pago, argumentando que es similar cobrar taxes a los padres por la pérdida de libertad de sus hijos que castigarlos con deudas. En Philadelphia, el Ayuntamiento se reunirá el viernes para considerar abolir esta práctica. En California, en donde se encarcelan más niños que en cualquier otro estado a un precio típico de 30 dólares la hora para un padre - activistas han sido exitosos en prohibir la práctica en tres condados. Dos senadores han introducido un proyecto de ley para prohibirla en todo el país.

“Apartando la cuestión emocional - tener que darle fortaleza a mi hijo, manteniéndome fuerte yo - ¿ahora van a decir ‘Por cierto, nos debes dinero’?”, dijo Tamisha Walker, una de las madres que luchó de manera exitosa para la suspensión en el Condado Contra Costa de California.

Debido a que estos padres son muchas veces de comunidades pobres, aún con los esfuerzos más agresivos para cobrarles, pocas veces tienen una ganancia significativa. En el año fiscal 2016, Philadelphia hizo monto neto de 551 mil 261 dólares de padres de hijos delincuentes, una pequeña fracción de los 81.148.521 millones de dólares que la ciudad gasta en la colocación de delincuentes, de acuerdo a los reportes de la ciudad.