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Cómo un hombre inocente terminó muerto en el sistema de justicia de El Salvador


El pecado de Jorge Alberto Martínez Chávez fue tener el mismo nombre de un pandillero de la MS.

Sarah Esther Maslin | Especial para The Washington Post | 3/20/2017, 7:59 a.m.
Cómo un hombre inocente terminó muerto en el sistema de justicia de El Salvador
Pandilleros presos en un calabozo policial en el departamento de La Libertad en El Salvador. | CORT. Armando Trull

SAN JUAN TALPA, El Salvador - En una oscura noche de la primavera pasada, Jorge Alberto Martínez Chávez fue arrojado al infierno que es el sistema penitenciario de El Salvador: una celda de detención apenas unos centímetros más grande que la parte trasera de una camioneta pickup, donde más de 50 presos estaban abarrotados, algunos en el piso empapado de sudor y otros colgando de hamacas finas entrecruzadas desde el suelo hasta el techo.

El aire estaba caliente y húmedo, y los cuerpos medio desnudos de los prisioneros apestaban a orina y a úlceras producto de un brote reciente de bacterias, según un guardia. Unas semanas más tarde, Martínez se desplomó, con espuma en la boca. Fue el quinto recluso de esa celda que murió en cuatro meses.

Él nunca debió haber estado allí en primer lugar. La policía, los fiscales y un juez lo confundieron con otro Jorge Alberto Martínez Chávez, un hombre ocho años más joven con un tatuaje de pandilla en el pecho y una historia criminal que incluye cargos de extorsión, posesión ilegal de armas y asesinato.

La muerte de Martínez expone profundas fallas en el sistema de justicia de El Salvador, con implicaciones que van mucho más allá de esta pequeña nación de seis millones de habitantes. En momentos en que miles de centroamericanos huyen hacia Estados Unidos y el control fronterizo está en el tope de la agenda del presidente Donald Trump, las debilidades de los tribunales y policías de esta región han tomado una gran importancia. Las mismas instituciones que permitieron la muerte de un hombre inocente no lograron impedir que las pandillas callejeras convirtieran al país en uno de los más violentos del hemisferio.

El gobierno de Estados Unidos ha gastado cientos de millones de dólares en los últimos años para ayudar a los países centroamericanos a capturar y procesar a líderes de pandillas y funcionarios corruptos. Aunque ha habido algunos avances, el sistema sigue siendo disfuncional. La policía en El Salvador frecuentemente no usa evidencia forense, los fiscales manejan varios cientos de casos a la vez, y las cárceles son tan malas que la Corte Suprema las ha declarado inconstitucionales.

La combinación de estos fallos ─durante jornadas de represión en las calles y el confinamiento dentro de las cárceles─ resultó fatal para Jorge Alberto Martínez Chávez, de 37 años, un despachador de autobuses, un voluntario de respuesta inmediata y padre de dos con poco en común con el fugitivo que las autoridades buscaban.

“Su único pecado fue tener el mismo nombre”, dijo el defensor público Saúl Sánchez.

El crimen

El crimen que habría provocado la cárcel de Martínez ocurrió en octubre de 2014 en San Pedro Masahuat, un pueblo con calles empedradas en la región de La Paz, una hora al sureste de San Salvador. Cinco hombres con armas acorralaron a un sexto hombre, que se agachó detrás de los coches para evitar las balas. Sobrevivió y más tarde describió a sus agresores al fiscal Guillermo Molina: cuatro pandilleros de bajo nivel y un líder llamado “Wisper”.