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Organizaciones no gubernamentales denuncian crisis humanitaria en Venezuela ante la CIDH


Alí Daniels, vocero de Acceso a la Justicia, dice que en el país caribeño no hay democracia, pues su máximo tribunal invalidó al Poder Legislativo y se convirtió en el “verdugo de la Constitución”

Ricardo Sánchez-Silva | 3/30/2017, 8:16 p.m.
Organizaciones no gubernamentales denuncian crisis humanitaria en Venezuela ante la CIDH
ILEGAL. Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, denunció que el máximo tribunal de Venezuela anuló al Parlamento | Miguel Guilarte | ETL

El miércoles 22 de marzo, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela, participaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, para denunciar la crisis humanitaria que atraviesa su país.

Sin democracia

Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia (AJ), una de las organizaciones presentes en la audiencia, afirma que si en algo coinciden las distintos defensores de los Derechos Humanos, es que en Venezuela no hay democracia, pues a su juicio, existe una “dictadura del siglo XXI”, que se ha encargado, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de anular todas las funciones de la Asamblea Nacional (AN), es decir, el Parlamento; que actualmente es el único Poder que no está en manos de Nicolás Maduro, quien ejerce como presidente de ese país y milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En entrevista exclusiva para El Tiempo Latino, Daniels explica que el Poder Judicial, además de avalar decisiones directas del presidente de la República, es “el brazo ejecutor de las políticas del régimen” y “ahora se encarga de ser un verdugo de la Constitución. El caso más lamentable es el de la Asamblea Nacional”.

Acceso a la Justicia es una asociación civil sin fines de lucros, privada e independiente, que funciona en Venezuela desde 2010 y busca defender la democracia, la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en el país.

Web: accesoalajusticia.org

De acuerdo a cifras de AJ, para el año 2016 el máximo tribunal dictó al menos 65 sentencias con las que desmanteló al Parlamento venezolano, pues inhabilitó al único Poder, además del Ejecutivo (presidentes, gobernadores y alcaldes), electo por la voluntad del pueblo. En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición derrotó al oficialismo con casi 70% de los votos.

Este “autoritarismo legalista” -como el activista etiqueta al gobierno de Maduro-, argumenta que la AN se encuentra en desacato por diversas razones, o más bien, trabas “formalistas” impuestas. No reconocieron a tres diputados de la región indígena (dos de ellos opositores), debido a un presunto fraude electoral, por lo que ordenaron su desincorporación llevada a cabo, en efecto, por la oposición. Sin embargo, el impedimento siguió, pues el TSJ exigió que tal acción debía ser hecha por la junta directiva anterior.

“Si usted no obedece una orden judicial, hay una sanción penal, pero en ninguna parte dice que si comete desacato, entonces queda invalidado”. Para el abogado, no hay ninguna ley o norma que habilite al tribunal para anular al Parlamento, mucho menos para que “usurpe al Poder Legislativo, escuche la Memoria y Cuenta (rendición de cuentas), apruebe el presupuesto e incluso, decida qué personas se entierran en el Panteón Nacional. Antes se respetaban las formas porque tenían (los chavistas) todos los Poderes”.

El martes 28 de marzo, la sala constitucional del tribunal venezolano emitió su sentencia más reciente, en la que acusa a los diputados de oposición de “traición a la patria” e incluso los despoja de su inmunidad parlamentaria, una figura legal que los protegía de ser procesados por delitos comunes y encarcelados.