WASHINGTON – Los tribunales de inmigración de los Estados Unidos suspenderán temporalmente un programa que ofrece asistencia legal a los detenidos extranjeros que se enfrentan a la deportación mientras audita la rentabilidad del programa, dijo el martes un funcionario federal.

Las autoridades informaron al Instituto de Justicia de Vera que a partir de este mes se detendrá el Programa de Orientación Legal de la organización sin fines de lucro, que el año pasado realizó sesiones de información para 53.000 inmigrantes en más de una docena de estados, incluyendo California y Texas.

El gobierno federal también evaluará el “servicio de ayuda” de Vera, que ofrece consejos a los inmigrantes no detenidos que enfrentan procedimientos de deportación en los tribunales de Chicago, Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Antonio.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración, que administra los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia, dijo que el gobierno quiere “realizar revisiones de eficiencia que no se han realizado en seis años”.

Un funcionario de la corte de inmigración, que habló bajo condición de anonimato porque la auditoría no ha sido anunciada formalmente, dijo que la revisión examinará la relación costo-efectividad de los programas financiados con fondos federales y si duplican los esfuerzos dentro del sistema judicial. La fuente señaló, por ejemplo, que los jueces de inmigración ya están obligados a informar a los inmigrantes de sus derechos antes de una audiencia, incluido el derecho a buscar un abogado por su propia cuenta.

Pero los defensores de los inmigrantes dijeron que los programas administrados por Vera y una red de otras 18 organizaciones sin fines de lucro son un salvavidas legal para los inmigrantes indocumentados.

“Este es un intento descarado de la administración de despojar a los inmigrantes detenidos de la pretensión de tener los derechos del debido proceso”, dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia de Inmigrantes, una de las organizaciones que ofrece los servicios legales a Vera.

En un comunicado, el Instituto Vera dijo que un estudio del año 2012 del Departamento de Justicia concluyó que el programa era “una forma rentable y eficiente de promover el debido proceso” que le ahorró al gobierno casi 18 millones de dólares durante tres años.

La administración de Trump también se ha enfrentado con el Instituto Vera sobre si sus subcontratistas estaban informando a niñas inmigrantes indocumentadas que estaban bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre su derecho al aborto.

El Departamento de Justicia está intensificando los esfuerzos para reducir a la mitad los 650.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración. El Fiscal General Jeff Sessions impuso la semana pasada cuotas de producción a los jueces de inmigración para estimularlos a que cierren los casos más rápidamente.

Los tribunales de inmigración están separados de los tribunales penales de los EE.UU., donde los acusados tienen derecho a un abogado designado por el gobierno si no pueden pagar a su propio abogado.

El Instituto Vera dijo que aproximadamente 8 de cada 10 detenidos en el tribunal de inmigración se enfrentan a un fiscal del gobierno sin un abogado.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración dice en su sitio web que lanzó el programa de asistencia legal en 2003, durante la administración de George W. Bush, para orientar a los inmigrantes a fin de que los procedimientos judiciales avancen más rápidamente.

En el Programa de Orientación Legal de Vera, los abogados y otros organizan sesiones informativas grupales de una hora con detenidos para explicar sus derechos, cómo funciona el proceso judicial y sus posibles defensas contra la deportación de acuerdo a la ley federal, así como solicitar asilo si temen por sus vidas. También se reúnen con los detenidos individualmente y remiten a los detenidos a abogados gratuitos o de bajo costo, pero no los representan en los tribunales.

“La experiencia ha demostrado que el programa ha tenido efectos positivos en el proceso de la corte de inmigración: las personas detenidas toman decisiones más informadas y sabias y es más probable que obtengan representación; las organizaciones sin fines de lucro llegan a un público más amplio con recursos mínimos; es más probable que los casos se completen más rápido, lo que resulta en menos audiencias judiciales y menos tiempo de detención”, dice el sitio web de la agencia.

El centro de ayuda responde preguntas y proporciona información similar a los inmigrantes que no están detenidos pero que se enfrentan a la deportación.

(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)

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