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Algunos estados consideran mantener beneficios para quienes están a punto de perder su estatus de DACA o TPS


Virginia y Maryland, entre otros, mantendrían beneficios como las licencias de conducir y el costo de la matrícula al mismo precio que el de un residente del estado.

Antonio Olivo | The Washington Post | 2/21/2018, 2:25 p.m.
Algunos estados consideran mantener beneficios para quienes están a punto de perder su estatus de DACA o TPS
El hondureño Arturo Zelaya obtuvo su licencia de conducir en DC, sin un número de seguro social. Desde mayo de 2014, la capital otorga el documento sin importar el estatus migratorio. El Distrito ya está en cumplimiento con la ley federal "Real ID". | Milagros Meléndez-Vela/ETL

Los legisladores estatales de todo el país sopesaban una serie de proyectos de ley destinados a preservar las licencias de conducir y otros beneficios para los inmigrantes indocumentados que pueden perder el estatus de protección que por largo tiempo les había otorgado el gobierno federal.

Los inmigrantes de Centroamérica, Haití y Sudán verán expirar su estatus de protección temporal (TPS en inglés) durante los próximos 18 meses, mientras que el destino de 690.000 beneficiarios del programa de Acción Diferida para Llegadas durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era Obama sigue siendo profundamente incierto después de que los proyectos para proteger a los "soñadores" fallaron en el Congreso esta semana.

Los beneficiarios de DACA o TPS generalmente califican para licencias de conducir y cancelan por concepto de matrícula universitaria el mismo costo que un residente del estado, incluso en estados donde esos privilegios no están disponibles para los inmigrantes indocumentados. Ahora, con los programas en peligro, los legisladores en alrededor de una docena de estados están argumentando que esos inmigrantes no deberían ser llevados a una sombría economía después de vivir en los Estados Unidos durante décadas.

"Debido al cambio en la retórica nacional, va a ser un año realmente interesante a nivel estatal, en términos de cómo los estados se mostrarán a sí mismos como acogedores o no de ciertas poblaciones de inmigrantes", dijo Ann Morse, que supervisa una proyecto de inmigración en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. "Hay un debate público real que recién está comenzando".

Algunas jurisdicciones, como Maryland y el Distrito de Columbia, ya proporcionan licencias de conducir y tasas de matrícula locales a inmigrantes indocumentados que no tienen protección federal pero que son residentes desde hace mucho tiempo.

En otros estados, los intentos de "soluciones" locales a las endurecidas políticas de inmigración del presidente Donald Trump varían en ambición. Algunos tienen pocas posibilidades de aprobar proyectos de ley en legislaturas controladas por los republicanos, mientras que otros proyectos son impulsados por demócratas que son mayoría en sus asambleas legislativas estatales y buscan crear refugios seguros.

En Iowa, los demócratas están impulsando un Dream Act que permitiría cobrar la matrícula universitaria local a inmigrantes indocumentados, similar a las leyes que ya existen en Maryland, California e Illinois.

En Nueva York, el gobernador demócrata Andrew M. Cuomo, emitió una orden ejecutiva el mes pasado preservando las licencias de conducir para los beneficiarios de DACA cuyas protecciones expiran, mientras que la legislación en la Asamblea estatal busca mantener privilegios para conducir y beneficios de Medicaid financiados por el estado para inmigrantes de América Central, Haití y Sudán a quienes se les había otorgado TPS.

La Asamblea General de Maryland está considerando un proyecto de ley que facilitaría las cosas a las personas que se beneficiaron de DACA o TPS pero que no han vivido en el estado por mucho tiempo para aprovechar el Dream Act del estado.

Los demócratas en Virginia presentaron tres proyectos de ley que buscan preservar las licencias de conducir y el costo de la matrícula local para esas poblaciones, aunque los republicanos que tienen el control de la Asamblea General no permitieron que los proyectos de ley salgan del comité.