Quantcast
El Tiempo Latino
2:33 a.m. | 49° 6/17/2019

Grupos denuncian atención médica y de salud mental deficiente a los detenidos por ICE


Sarah Varney | Kaiser Health News | 4/22/2019, 1:29 p.m.
Grupos denuncian atención médica y de salud mental deficiente a los detenidos por ICE
Una foto familiar de José Contreras. Su hermana María está preocupada por su deterioro físico y mental desde que fue detenido. | Sarah Varney/KHN

Es sábado por la mañana y las mujeres de la familia Contreras en Montclair, California, preparan pupusas, tamales y tacos. Tienen que trabajar para reemplazar los ingresos de José Contreras, preso desde junio pasado en Adelanto ICE Processing Center, un centro privado de detención de inmigrantes en el sur de California.

La hija de José, Giselle, conduce una vieja furgoneta repartiendo pedidos de comida. Primero un hospital, luego un lavadero de autos, después un banco.

El padre de Giselle cruzó ilegalmente desde Guatemala hace más de dos décadas. Trabajó en la construcción hasta que los agentes lo arrestaron y lo llevaron a Adelanto. Durante tres meses, José estuvo sin su medicamento para la diabetes, contó Giselle. Ahora, los guardias se lo dan a cualquier hora del día y de la noche. Además, Giselle contó que los agentes de ICE le quitaron los anteojos para que no pueda leer documentos legales ni escribir cartas.

"Mi tía trató de llevarle gafas, pero no permiten darles nada", dijo Giselle mientras conducía la furgoneta. "Dicen que les dan todo lo que necesitan". Pero, "no.... no tiene gafas".

Giselle explicó que a su padre, de 60 años, le aterroriza que lo deporten, y que el estricto ambiente de Adelanto lo ha hundido en una profunda depresión.

"Ahora sus charlas son más cortas", dijo. "No nos habla y no pregunta '¿Cómo te ha ido hoy? ¿Cómo has estado?’ Siempre mira al suelo; no hace contacto visual porque está muy deprimido".

La hermana de José, María Contreras, visita a su hermano todos los sábados. Ella le ha pedido que vea a un psicólogo en Adelanto, pero él dijo que aunque llenó una solicitud médica, no recibió ayuda. "No hay respuesta, nada", agregó María.

Adelanto se encuentra en un desolado tramo de una carretera en el desierto, a una hora al norte de la ciudad de Riverside. Unos 2.000 hombres y mujeres están detenidos aquí. Algunos llegaron recientemente durante el aumento de cruces fronterizos. Otros vivieron en los Estados Unidos durante años, indocumentados. En la sala de visitas, adonde llegan los detenidos con pantalones holgados y blusas azules, naranjas o rojas, hay un letrero en la pared que dice: "No pierdas la esperanza".

María Contreras prepara pupusas para el negocio de su familia de venta de comida. El objetivo es ayudar a reemplazar los ingresos de su hermano, un trabajador de la construcción que está detenido en el Adelanto ICE Processing Center, en el sur de California, desde junio pasado.

Sarah Varney / KHN

María Contreras prepara pupusas para el negocio de su familia de venta de comida. El objetivo es ayudar a reemplazar los ingresos de su hermano, un trabajador de la construcción que está detenido en el Adelanto ICE Processing Center, en el sur de California, desde junio pasado.

El Grupo GEO administra este centro, un contratista federal con sede en Boca Raton, Florida, que gestiona prisiones privadas, y que tiene un historial problemático. El año pasado, inspectores federales de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional encontraron "sogas" hechas con sábanas en 15 de las 20 celdas. Según la inspección, los guardias pasaron por alto las sogas a pesar que un detenido se había suicidado con una sábana en 2017 y otros habían intentado suicidarse de manera similar. La auditoría concluyó que los guardias del Grupo GEO habían esposado y encadenado indebidamente a los detenidos, los habían puesto innecesariamente en régimen de aislamiento y no les habían prestado la atención médica adecuada.

Otra investigación de Adelanto y otros centros de detención de inmigrantes en California hecha pública, en febrero, por el Fiscal General del estado, Xavier Becerra, encontró problemas similares de salud y seguridad y concluyó que a los detenidos se los trataba como prisioneros que, en algún caso, permanecían en sus celdas durante 22 horas al día, aunque no hubieran sido acusados de delito alguno. Una ley estatal aprobada en 2017 obliga al estado a inspeccionar e informar sobre el trato a los inmigrantes detenidos en California.