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Nicaragua comienza el año en incertidumbre por represión de Daniel Ortega

El mandatario busca suprimir a las instituciones que denuncian y documentan represión y delitos de lesa humanidad
MANAGUA. Daniel Ortega, primer mandatario de Nicaragua, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, se empeñan en calificar a los presos políticos de “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes”

MANAGUA. Daniel Ortega, primer mandatario de Nicaragua, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, se empeñan en calificar a los presos políticos de “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes”

El gobierno de Daniel Ortega asestó un golpe a la institucionalidad de Nicaragua para finalizar 2018 en vías hacia el autoritarismo. En menos de 15 días anuló la persona jurídica de nueve organizaciones defensoras de derechos humanos, la mayoría con más de dos décadas de trayectoria. Además, asaltó medios de comunicación, encarceló a periodistas y expulsó misiones de organismos internacionales.

La suspensión de las instituciones fue solicitada por el Ministerio de Gobernación y aprobada por el Parlamento, controlado por una mayoría oficialista. Las acciones del gobierno nicaragüense fueron rechazadas y tildadas de arbitrarias, ilegales y antidemocráticas por las organizaciones locales, internacionales y distintos países.

Según el Ministerio de Gobernación, las organizaciones supuestamente apoyaron un “fallido intento de golpe de Estado”. Así se refieren a las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018, luego de una serie de reformas al Seguro Social. Aunque posteriormente Ortega suprimió los cambios, la sociedad civil mantuvo las protestas exigiendo un cambio de gobierno.

El primer golpe fue para el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), con 35 años en funcionamiento. El 29 de noviembre de 2018 los legisladores orteguistas cancelaron su figura jurídica y ordenaron la confiscación de sus bienes. Señalaron a la institución de presuntamente tramitar fondos para las protestas. La directora de la ONG, Ana Quirós, fue expulsada a Costa Rica.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) fue la segunda organización en perder la personalidad jurídica, el 11 de diciembre. El opositor y director ejecutivo de la organización, Félix Madariaga, calificó la decisión como típica de una tiranía, en una entrevista con CNN.

Posteriormente, el 12 de diciembre, los legisladores dejaron sin estatus legal a las organizaciones Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Un día después se sumaron otras cinco: el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), la Fundación Popol Na; el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la organización ambientalista Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.

“El Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional se han coludido para ejecutar este vergonzoso plan de represión por órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los procedimientos establecidos en la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento administrativo en contra de las organizaciones civiles y tampoco han tenido derecho a la defensa”, denunció el Cenidh.

IRRUPCIÓN. Miembros de la policía antidisturbios vigilan las instalaciones del canal 100% Noticias, el sábado 22 de diciembre de 2018, en Managua

Crédito: Jorge Torres / EFE

IRRUPCIÓN. Miembros de la policía antidisturbios vigilan las instalaciones del canal 100% Noticias, el sábado 22 de diciembre de 2018, en Managua

Expulsión de expertos

El gobierno de Ortega expulsó de Nicaragua al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 19 de diciembre.

La creación del GIEI tenía la finalidad de ayudar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos durante las protestas. Fue un grupo respaldado por el gobierno, la CIDH y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Meseni, por su parte, cumplía una función de monitoreo de los derechos humanos en el país centroamericano.

Denis Moncada, canciller de Nicaragua, alegó que los organismos internacionales establecieron una “plataforma de divulgación de información falsa”, supuestamente en la búsqueda de sanciones internacionales.