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Procuraduría colombiana mantiene intactos sus dientes para sancionar


La Corte Constitucional ratificó que puede sacar de sus cargos a quienes incurran en faltas disciplinarias graves

Semana | 3/14/2019, 10:03 p.m.
Procuraduría colombiana mantiene intactos sus dientes para sancionar
JUSTICIA. Se espera hacer justicia con el caso | PxHere

Ya pasaron seis años desde que la Procuraduría sancionó al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años, "una condena perpetua" para su carrera política que lo apartó del segundo cargo más importante del país por varios meses. Este fue el origen de una pelea que sigue desatando pronunciamientos judiciales en el país y que tiene al Estado colombiano en la mira del sistema interamericano de Derechos Humanos.

Este miércoles, se dio un nuevo round de esta discusión. La Corte Constitucional emitió una nueva sentencia en la que deja intactos los dientes que tiene la Procuraduría para el ejercicio del control disciplinario. Los magistrados revisaron la norma del Código Disciplinario que establece hasta dónde puede llegar el Ministerio Público en materia de sanciones y la declararon exequible.

El ponente de la decisión fue el magistrado Carlos Bernal, quien precisó que este nuevo fallo tuvo como base pronunciamientos emitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al respecto, señaló que la Procuraduría en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es un órgano independiente del Gobierno nacional. Además, que sus decisiones pueden ser sometidas al control judicial por parte del Contencioso Administrativo, así como pueden ser controvertidas por la vía de la tutela.

Al anunciar que para la justicia colombiana las facultades de la Procuraduría se deben mantener intactas, puntualizó que estas disposiciones no chocan con la Convención Interamericana de Derechos Humanos:

"Lo que la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha dicho es que se flexibiliza (el artículo 23) si la administración pública está cumpliendo funciones judiciales o casi judiciales y allí se respeta un debido proceso". Según el magistrado, jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la justicia interna ha interpretado el artículo 23 de la Convención Interamericana de DD.HH. en el sentido de que los ejemplos de limitaciones a los derechos humanos no son taxativos sino que es una lista enunciativa. "De modo que para la corte, los estados parte sí pueden incluir limitaciones adicionales como es el caso de la Procuraduría colombiana cuando impone una sanción como la destitución en el marco de la ley", dijo.

En la tensión latente entre la Procuraduría y Petro hay varios capítulos para fotografiar: El Consejo de Estado tumbó la sanción a 15 años de inhabilidad que impuso en 2013 el entonces procurador Alejandro Ordóñez y que fue la génesis del lío. Luego, en una reciente decisión, la Procuraduría dejó excento de toda culpa disciplinaria a Petro en uno de los casos en los que la Contraloría Distrital puso en jaque su futuro político al encontrarlo responsable fiscalmente. Pero el round más importante está por decidirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde este organismo se prepara para fallar de fondo frente a si este tipo de decisiones solamente pueden ser tomadas por una autoridad judicial o también se le puede entregar esta facultad al procurador.

"Las sanciones de este tipo por vía administrativa pueden afectar el juego democrático, porque es en principio al electorado al que le corresponde determinar la idoneidad de los candidatos mediante el derecho al sufragio pasivo", indicó la Comisión Interamericana en el informe de conclusiones del caso Petro. Para los comisionados estas facultades afectan las garantías procesales, ya que es el mismo órgano quien acusa, investiga y sanciona administrativamente a los funcionarios.