La inmigrante guatemalteca Florinda Lorenzo, con tres hijos nacidos en Estados Unidos, indicó que hace tres años la policía acudió a su casa en un caso de investigación de venta de tarjetas de teléfono y la reportó a Inmigración, debido a que tenía un caso pendiente de salida voluntaria del país. “Ahora tengo miedo a hablar con la policía. Estoy luchando para quedarme acá en este país con mi familia”, indicó Lorenzo en una conferencia de prensa el martes 19 en Hyatssville, Maryland.
El caso de Lorenzo refleja el impacto en las comunidades inmigrantes de la colaboración de la policía local con los agentes federales de inmigración, según un informe divulgado ese mismo día por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El reporte indicó que la policía en Maryland usa las notificaciones de detención emitidas por el Servicio de inmigración y Aduanas (ICE) para entregar a los inmigrantes detenidos por una infracción menor a las autoridades federales para su deportación, bajo el programa Comunidades Seguras. De acuerdo con el informe, hay una percepción equivocada de que las notificaciones del ICE están enfocadas principalmente en inmigrantes delincuentes, sin distinción de su origen nacional.
La oficina de ACLU en Maryland documentó que el ICE emitió las notificaciones erróneas de detención a seis puertorriqueños, los cuales son ciudadanos estadounidenses. De un total de 1.475 deportaciones ocurridas entre el 27 de octubre de 2008 y el 31 de mayo de 2013, solamente la cuarta parte habían sido por delitos del Nivel 1, considerados como los más graves.
La tercera parte fueron deportados por delitos de los niveles 2 ó 3, que incluyen infracciones de tránsito y posesión de marihuana, en tanto que el 43 por ciento no tenían antecedentes criminales, según el reporte de la ACLU.
En la elaboración del informe contribuyeron además la organización CASA de Maryland y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
El senador estatal Víctor Ramírez (D-Prince George’s) anunció que presentará un proyecto de ley durante la sesión de 2014 en la Asamblea General para restablecer la confianza entre los inmigrantes y la policía. Estados Unidos y en particular el estado de Maryland “tienen un problema” por falta de soluciones en el tema de inmigración, dijo Ramírez, quien indicó que impulsará la legislación para asegurar que las víctimas inmigrantes de un delito “no tengan miedo” de colaborar con la policía como testigos. El cumplimiento con las órdenes de detención del ICE no son obligatorias, pero los inmigrantes latinos siguen siendo arrestados de una manera “desproporcionada”, denunció el organizador de CASA de Maryland, Gustavo Andrade.
Maryland se debe unir a otros estados que consideran que la aplicación por parte de la policía de las notificaciones del ICE representa un “uso ineficiente de los recursos limitados” de las autoridades, subrayó la abogada de la ACLU, Sirine Shebaya.
La Policía del Condado de Prince George’s indicó en un comunicado en reacción al informe que no detiene a personas con base a las notificaciones del ICE.
Señaló que una decisión judicial de agosto pasado puntualizó que las notificaciones del ICE no tienen carácter criminal y que, por lo tanto, la policía y los funcionarios penitenciarios no deben mantener en detención a las personas con notificaciones del Inmigración.
Por su parte el ICE puntualizó en un comunicado que en los tres años pasados su prioridad ha sido la “identificación y deportación” de transgresores criminales que incluyen a los convictos y a los que representan una amenaza a la seguridad pública, así como a los que violan repetidamente la ley de inmigración.
