Los cónsules generales de México, Aníbal Gómez, y El Salvador, Dagoberto Torres, instaron a sus connacionales del área metropolitana de Washington DC y de Estados Unidos a conocer sus derechos, obedecer las leyes y alejarse de problemas. Las recomendaciones de los cónsules en entrevistas por separado con El Tiempo Latino el martes 28 ocurren tras la ejecución hace una semana del inmigrante mexicano Édgar Tamayo entre protestas porque no tuvo acceso a asesoría consular, como lo establece la Convención de Viena, que es un tratado internacional que garantiza ese derecho.
“El Consulado mexicano al igual que otros en el país y en el mundo tiene un departamento de protección consular, que atiende caso de personas involucradas con algún tipo de problema ya sea laboral, civil, penal o migratorio”, dijo Gómez.
“Desde hace mucho tiempo, y esto no es algo nuevo, el Gobierno de México ha instrumentado un programa de protección preventiva que tiene el propósito de hacer llegar a los mexicanos en este país y del área metropolitana de Washington DC información sobre los servicios con los que podemos atenderlos en materia de documentación, protección, seguridad, programas que les ayudan a adaptarse mejor a la vida de este país y también programas sobre como evitar involucrarse en problemas”, indicó.
El cónsul mexicano dijo que ‘a veces de manera involuntaria las personas se involucran en problemas por desconocimiento de las leyes. La población mexicana debe saber de que estamos aquí para apoyarlos en caso de que tengan problemas y decirles cómo conducirse de una manera correcta para que no se involucren en problemas y que respeten las leyes del lugar donde se encuentren”, subrayó.
El cónsul salvadoreño expresó por su parte su “preocupación en virtud de que el gobierno de Estados Unidos a través de algunos estados no respeta la Convención de Viena a la cual está suscrito como otros países”. “Recientemente con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se elaboró un manual de asistencia legal y protección para a ciudadanos salvadoreños en Estados Unidos con el fin de establecer una red de asistencia legal”, aseveró.
Torres sostuvo que “en nuestros países tenemos poca capacidad financiera para dar asistencia migratoria en diversos ámbitos, entre ellos el asunto legal y el tema de las deportaciones. Creemos que la mejor forma es establecer una red de alianzas con los gobiernos locales, barras de abogados, políticos y una serie de organizaciones para orientar debidamente a la comunidad sobre los derechos humanos en el ámbito laboral, migratorio, el rol de un consulado”, recalcó
Condena de organismos internacionales
Organismos respetados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington DC, condenaron la ejecución judicial del inmigrante mexicano Edgar Tamayo Arias el 22 de enero en Texas.
Texas no informó a Tamayo sobre su derecho a la notificación y asistencia consulares bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al cual pertenece Estados Unidos.
“El hecho que Estados Unidos no haya preservado la vida del señor Tamayo estando pendiente una solicitud de la CIDH de revisión de su juicio y condena, contraviene sus obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana en vigor desde que Estados Unidos se incorporó a las OEA en 1951”, indicó la CIDH en un comunicado.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Estados Unidos revisar los casos de los condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, pero Texas se negó a cumplir esa orden en el caso de Tamayo y de otros dos mexicanos, ya ejecutados.
En septiembre del año pasado, el secretario de Estado, John Kerry, envió una carta al gobernador de Texas, Rick Perry, advirtiéndole de que este caso podría “afectar la manera en la que se trata a los estadounidenses en el extranjero”. Tamayo, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994, fue ejecutado por inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas) con tres horas de retraso por la presentación de un recurso de última hora que fue rechazado por la Corte Suprema.
“No importa de donde vengas, si has cometido un crimen atroz como el ocurrido en Texas, estás sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo por el jurado y la pena última”, dijo a la la agencia AP la vocera del gobernador Perry, Lucy Nashed.
