Un ambiente de discriminación histórica contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) es el que ha imperado durante años en Honduras, según denuncian organizaciones de la sociedad civil citadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH afirma que hay un vínculo entre la discriminación contra personas LGBT y la violencia por prejuicio que se ejerce contra éstas —174 personas LGBT habrían sido asesinadas entre 2009 y 2014. Según la CIDH, el Gobierno de Honduras habría judicializado varios casos de esas muertes violentas, pero no está claro qué medidas están tomando las autoridades para prevenir ese tipo de ataques.
De ese clima hostil es del que dos menores hondureños, Jasson y Julissa, consiguieron escapar.
Jasson Samuel Calix Tabora dice haber pagado $8.000 a un coyote para cruzar a territorio estadounidense. Jasson quería vivir libre, sin tener que seconder su personalidad.
“Yo vine a salir del clóset aquí en Estados Unidos. En mi país no me había identificado por miedo a que me hubieran asesinado, porque ahí discriminan a los gay como yo”. El joven de 20 años dice que es huérfano y que ningún familiar en Honduras sabe nada sobre su identidad sexual, ni siquiera su abuela paterna que lo crió desde que era un bebé.
La amiga de Jasson aquí en Washington, DC, se llama Julissa, una joven hondureña transgénero de 18 años. Ella señala que inmigró ilegalmente a Estados Unidos tras ser víctima de abuso sexual. Sus abusadores fueron “familiares cercanos”, asegura Julissa. Esa circunstancia la obligó a vivir en la calle.
Julissa nació con el nombre de Melvin Antonio Maradiaga Herrera, pero en su adolescencia descubrió que vivir abiertamente como mujer en Honduras no iba a ser posible.
“Era perseguida por las pandillas porque querían que yo me metiera a andar robando, matando, no sé… Yo no comía, no dormía. Sólo entrando aquí (a Estados Unidos) fuí a ver un psicólogo. Le pagaba para desahogarme”, comenta Julissa a El Tiempo Latino.
Pesadilla legal y consular
A su llegada a Estados Unidos, Jasson y Julissa pasaron varios meses en centros de detención para menores indocumentados. Eventualmente fueron puestos en libertad y ahora esperan que las autoridades migratorias decidan sobre su estatus. Mientras eso ocurre, el gran obstáculo que enfrentan para llevar una vida productiva y accesar a servicios para la comunidad LGBTI (como vivienda y seguro médico) es que carecen de un pasaporte de Honduras. Aseguran haber acudido en varias ocasiones a su consulado en Washington, DC, acompañadas de ejecutivas de la organización sin fines de lucro Casa Ruby. Pero en vez de sentirse apoyados, denuncian haber sido blanco de discriminación.
“Es bien difícil porque el ambiente en el consulado es muy homofóbico… parece que hay unos problemas muy grandes de la falta de respeto a la comunidad LGBT”, apunta Ruby Corado, la directora ejecutiva y fundadora de Casa Ruby Corado.
“Cuando le dijimos a la muchacha (empleada del consulado) que usara los pronombres correctos para una persona trans, no los quiso usar. En realidad no sé si es que no les quieren dar los documentos o simplemente ésa es su forma de trabajar”, añade Corado.
Ruby Corado es una activista social salvadoreña que fundó en 2012 la única organización multicultural y bilingüe que existe en la capital estadounidense para atender a la comunidad LGBT. Corado fue parte de la coalición que ayudó a transformar la ley de derechos humanos de DC para que incluyera protecciones a la identidad de género. La nueva ley entró en efecto en marzo de 2006. Corado se casó en 2014 y su padrino fue el entonces alcalde capitalino, Vincent Gray. El caso de Julissa y Jasson tiene a Corado en pie de Guerra y no deja de apuntar las contradicciones en las que incurre el consulado hondureño con ellas.
“En el consulado me discriminaron. Yo puse una cita pero ya viéndome de mujer no me quisieron dar el pasaporte. Yo llevaba la carta que mis padres me enviaron autorizando que yo tenía que sacar mi pasaporte acá. Yo la entregué al consulado pero no sé qué hicieron con ella”, dice Julissa.
La carta a la que la joven se refiere, forma parte de los documentos que la embajada de Honduras en Washington, DC, requiere para expedir pasaportes. En su página de internet estipula: “Si el solicitante es menor de 21 años de edad, deberá presentarse con los dos padres debidamente documentados. En caso de no estar uno o los dos padres presentes, deberá de presentar de uno o dos de los padres ausentes, una autorización —original— hecha ante Notario y presentar copia de la o las cédulas o pasaportes de los padres. En el caso de que uno de los padres haya fallecido, el interesado deberá presentar copia original del acta de defunción emitida por la autoridad respectiva”.
Corado apunta: “Eso es ilógico porque muchas de estas personas vienen huyendo de la violencia, de la homofobia. No se pide (al consulado) que cambien las cosas, simplemente les pedimos que traten de acomodar las situaciones”.
La directora de Asuntos Latinos de Casa Ruby, Pati Hernández explica en primera persona el drama y las consecuencias legales o de documentos que viven estas personas.
“A mí mi mamá no me quiere y vive en Canadá. Si yo tuviera que pedirle una autorización no me la manda. Porque mi mamá me mató hace 25 años cuando yo decidí ser una mujer transgénero y vivir con una expresión femenina”, dice Hernández. A juicio de esta salvadoreña, el consulado de Honduras en Washington debería realizar gestiones humanitarias y adaptar sus requisitos de acuerdo a cada caso, como, según afirma, lo hacen las autoridades de El Salvador.
Para denunciar formalmente los percibidos actos de discriminación directa e indirecta (miradas y gestos) y para solicitar apoyo para los menores involucrados en este caso, Hernández redactó varios correos eléctricos y cartas formales dirigidas al embajador de Honduras Jorge Alberto Milla Reyes y al vice cónsul Marcelino Pineda. Con este ultimo diplomático se reunió en una ocasión Ruby Corado, pero nunca obtuvo una solución concreta a los casos.
Para conocer sus posturas al respecto, El Tiempo Latino solicitó entrevistas con el embajador de Honduras, el vice cónsul y el cónsul general Leonardo Irias Navas. Sólo éste último nos la concedió y sus respuestas fueron concisas, empezando con la de supuesta discriminación:
“Nosotros tratamos igual a todo el mundo. Tendría que ver específicamente lo que pasó (en este caso) pero en nuestra gente (empleados) no tenemos nadie que tenga discriminación ya sea racial o de sexo o por cualquier otra razón. Me extraña esta denuncia”, indicó Irias Navas.
La embajada y el consulado de El Salvador en Washington DC, se rigen por el Decreto Ejecutivo
N. 56 que prohibe a las instituciones que integran la Administración Pública incurrir en un acto o práctica que de manera directa o indirecta constituya una forma de discriminación por razón de la identidad de género y/o su orientación sexual. Al preguntarle a Irias Navas si el consulado de Honduras se rige por alguna normativa similar, respondió: “no”; pero aseguró que sus empleados reciben entrenamiento sobre el servicio al cliente antes de empezar su trabajo en DC.
Sobre el número de sus compatriotas LGBT que han huido de Honduras y solicitado apoyo al consulado, Irias Navas no logró ofrecer ninguna estadística. Dijo además desconocer los detalles de unos diez casos para los que Casa Ruby habría previamente solicitado ayuda, pero les extendió una invitación para que se presentaran días después en su oficina, no sin advertirles primero: “Yo no tengo flexibilidad. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Ellos tienen sus deberes que tienen que tener como todos los demás hondureños. No podemos obviar los requisitos. La ley es la ley”, declaró.
Las mismas palabras escuchó Ruby Corado durante el encuentro que sostuvo días más tarde con el cónsul general de Honduras en Washington. “Fueron más amables; pero no hubo nada en específico que resolviera la situación de las personas que vienen huyendo. Si son de Honduras y no tienen los documentos (requeridos) no les pueden dar el pasaporte. La ley no está ajustándose a la necesidad de la población que viene huyendo de la violencia. Ésa es la forma como yo lo veo. No están ni siquiera tratando de ver cómo ayudan a esta gente que no tiene a nadie allá (en Honduras) para que puedan obtener los documentos con el apoyo de ellos aquí”.
A pesar de los desafíos, Corado dice estar comprometida a seguir abogando por los menores de edad LGBT que necesitan pasaportes hondureños, y evaluará las formas para apoyarlos. Por su lado, ante los retos que tendrán para obtener todos los documentos requeridos por el consulado, Jasson y Julissa continúan pidiendo flexibilidad a las autoridades de su país.
“Que me ayuden a sacar mi pasaporte porque no tengo documentos y mi abuela no me puede ayudar. Mi abuela no puede mucho caminar y vive allá (en Honduras) con dos nietos de 10 años y no puede salir de la casa para enviarme más documentos. Ahí no existen buzones cerca”, lamenta Jasson.
Por su parte, Julissa apela al “corazón” de la máxima autoridad consular hondureña.
“Estoy en un shelter viviendo por mientras, porque no tengo ni documentos para salir a buscar trabajo. Entonces yo necesito el pasaporte, por eso yo le digo al Cónsul que se toque el corazón. Que seamos como seamos, somos seres humanos. Tenemos derecho de vivir la vida tal como somos”, concluye Julissa.
