Dicen NO a los centros de detención para familias migrantes
Miembros de una coalición regional de organizaciones comunitarias “en apoyo a los niños que huyen de la violencia” se concentraron, el lunes 10, ante la Casa Blanca para pedirle a la administración del presidente Barack Obama que no detenga a madres y niños que atraviesan la frontera sur sin documentos y que cierre los centros de detención para familias migrantes.
“Este Gobierno tiene que acatar la decisión de la jueza federal de California, Dolly Gee, quien ordenó cerrar los centros de detención y dejar en liberatd a los niños en dos centros de Texas”, explicó a El Tiempo Latino, Abel Núñez, director ejecutivo de la organización CARECEN.
En su decisión, la jueza a la que hizo referencia Núñez, consideró que la existencia de esos centros de detención violaba el acuerdo extrajudicial “Flores” de 1997, según el cual los pequeños deben vivir en las condiciones “menos restrictivas” posibles. Pero el Gobierno se resiste y acaba de presentar un recurso contra esa oden judicial argumentando que, acatarla, generaría “un aumento de esta inmigración indocumentada. El Gobierno de Obama argumentó que, de ejecutarse el fallo judicial, se “elimina la capacidad del Gobierno para deportar o readmitir a las familias bajo ninguna circunstancia, lo que podría provocar otro incremento notable del número de padres que cruzan la frontera con sus hijos”.
Y mientras la administración solicita que se reinterprete el acuerdo “Flores”, el activismo inmigrante y las voces políticas locales ponen presión ante la Casa Blanca.
“Me da mucha tristeza porque pensaba que ya se habían resuelto muchos problemas con los niños migrantes”, comentó a El Tiempo Latino, la demócrata y delegada estatal de Marylad, Ana Sol Gutiérrez, durante la concentración en DC.
“Obama no puede retrasar la liberación de estas madres… le pedimos que vaya a la frontera y visite estos centros de detención y si no cree que son deplorables es porque o está ciego o le está haciendo caso a puntos de vista políticos que no deberían tener voz en esta situación”, añadió Sol Gutiérrez.
El recurso del Gobierno llega tras meses de polémica acerca de los centros de detención de inmigrantes, con madres en huelga de hambre y cientos de congresistas pidiendo el cierre de esas instalaciones, que compararon con “cárceles” por el “grave” daño que infringen a las madres y niños internados.
“Eso es una cárcel. Uno no lo comprende hasta que lo vive”, aseguró la guatemalteca Yanira López, en una entrevista reciente. López pasó más de dos meses en el centro de detención para familias inmigrantes de Karnes City, Texas, donde fue recluida con sus tres hijos tras llegar a EEUU y pedir asilo.
“Cuando llegamos, nos quitaron nuestras cosas y nos dieron su ropa y sus zapatos. También nos dijeron que ahí nos íbamos a quedar”, relata López al recordar el día en el que ingresó en Karnes, una antigua cárcel reconvertida en centro de detención para familias inmigrantes y habilitada para unas 500 mujeres y menores de edad.
En CARECEN enfatizaron que centros de detención en Texas, como los de Karnes City y Dilley, o el del condado de Berks en Pennsylvania, algunas madres denunciaron violación de sus derechos humanos: falta de acceso a asistencia médica, prohibición de hablar con sus abogados y, en ocasiones, aislamiento como castigo por reclamar.
“La realidad es que no hay una manera humana de detener a familias y niños: es siempre traumático, inhumano, y alejado de nuestros valores como nación”, indicó Núñez.
Según un informe del “USCIS Asylum Division, un 88% de las familias detenidas y los niños eran casos legímtimos de asilo, pero aún así eran tratados como criminales.
En Karnes City hay espacio para 532 personas y en este momento hay 193 internos, mientras que en Dilley permanecen detenidos 1.182 indocumentados, aunque hay espacio para 2.400. En Berks hay 76 internos, aunque la capacidad es de 96, según datos de ICE.
Ante la Casa Blanca, el día 10, Sarah Palazzolo, de CARECEN, dijo que “los abusos tienen que parar”. El activista del condado de Montgomery, en Maryland, Luis Cardona, reiteró que las comunidades del área siguen “dándole la bienvenida” a estas familias. Y la delegada Sol Gutiérrez pidió al Gobierno que les dé a las familias “apoyo como refugiados”.
