Hoy, en una sesión informativa de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso, expertos en derechos humanos y derechos de los migrantes de los Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras, que participaron en una misión para analizar la situación de los derechos humanos de los migrantes hondureños, compartieron sus observaciones sobre las condiciones que enfrentan los migrantes deportados de México y Estados Unidos.
La misión encontró, entre otros hallazgos, que el desplazamiento interno y la migración forzada de los hondureños continúa a un ritmo alarmante. Además, la violencia es una de las causas principales que operan como un factor propulsor en Honduras. La situación de violencia generalizada obliga a decenas de miles de personas a abandonar el país. También encontraron que hay una necesidad de protección internacional en la ruta migratoria. En la ruta, los migrantes sufren asaltos, secuestros y agresiones físicas y son víctimas de contrabando y tráfico, así como de asesinatos, masacres y desapariciones forzadas.
“La crisis humanitaria en Centroamérica no se inició el año pasado, y sigue igual de fuerte este año. El único cambio es que ahora los niños y las familias están siendo deportados desde México con poca o ninguna protección”, dijo el padre Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo del Programa Pastoral de Migración de la Conferencia Episcopal de Guatemala. “Todos los días escuchamos testimonios de jóvenes que han sido torturados y amenazados. Se van porque no les queda otra opción, tienen que huir o morir”.
“Las causas de la migración forzada se pueden reducir a dos temas: la corrupción y la impunidad. Todos los demás problemas se derivan de estas fallas estructurales”, dijo la hermana Lidia Mara Souza, secretaria ejecutiva del Programa Pastoral Nacional de Migración para la Conferencia Episcopal de Honduras. “Cuando las personas son deportadas a Honduras desde México o los Estados Unidos vuelven a enfrentar exactamente los mismos problemas que dejaron atrás, sin nuevas herramientas para lidiar con ellos”.
Honduras, un país centroamericano de 8.4 millones de personas, ha tenido vínculos estrechos con los Estados Unidos durante muchos años. En la actualidad, una de las preocupaciones centrales en las relaciones bilaterales es la migración, ya que más de 530,000 hondureños residen en los Estados Unidos y más de la mitad de éstos son indocumentados. Casi 41,000 hondureños fueron deportados de los EE.UU. en el año fiscal 2014, convirtiendo a Honduras en uno de los principales receptores de personas deportadas en términos per cápita. En 2015, las deportaciones a Honduras de México de hombres, mujeres y niños han aumentado significativamente, con poca atención y prácticamente sin recursos, ni para brindar a las personas las protecciones adecuadas, ni para recibirlos de una manera humana y segura cuando regresan a Honduras.
“Hay que hacer las conexiones transnacionales entre nuestras políticas aquí en los Estados Unidos y países como Honduras. Para llegar a políticas públicas migratorias sensatas y humanas aquí, es necesario lidiar con las causas que obligan a las personas a abandonar sus países”, dijo Patricia Montes de Centro Presente, quien es también miembro de la junta directiva de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC).
La misión de verificación, organizada por Consejería en Proyectos (PCS), estuvo integrada por el padre Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo del Programa Pastoral de Migración de la Conferencia Episcopal de Guatemala y director del refugio de migrantes de la ciudad de Guatemala; Amalia Dolores García Medina, secretaria del Trabajo y Promoción del Empleo del Distrito Federal de México; la Hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria técnica del Colectivo de Defensores de los Migrantes y Refugiados (CODEMIRE); Patricia Montes, directora ejecutiva del Centro Presente y miembro de la junta directiva de NALACC; Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group y experta en derechos humanos; y Pilar Trujillo Uribe, directora ejecutiva de Consejería en Proyectos, educadora y ambientalista. Los miembros de la misión se reunieron con funcionarios del gobierno de Honduras; los embajadores de los Estados Unidos y México, funcionarios de ACNUR y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros diplomáticos; trabajadores de las organizaciones de fe, humanitarias y de protección infantil que prestan servicios a los migrantes deportados; asociaciones de familiares de migrantes desaparecidos; líderes afro-hondureños; y organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil. La misión visitó la frontera de Guatemala/Honduras y los centros de recepción para los niños, adolescentes y adultos migrantes.
El Programa Frontera Sur, la política actual que rige el tránsito migratorio en México, está causando un impacto negativo en términos del respeto a los derechos humanos de los migrantes, ya que se han acelerado las deportaciones sin aumentar las protecciones. Según datos del Centro de Atención al Migrante Retornado en Honduras, en el primer semestre de 2015, 24,030 personas fueron deportadas desde México hasta Honduras, mientras que sólo 7,740 personas fueron deportadas de los Estados Unidos a Honduras.
Entre sus observaciones, la misión recomendó al gobierno de Honduras que priorice evitar el desplazamiento debido a la violencia, y que mejore la atención y protección de los niños, adolescentes y las poblaciones vulnerables. Las estrategias de seguridad pública deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes y deben ser llevadas a cabo por instituciones civiles.
También recomendaron que el gobierno de los Estados Unidos enfoque su ayuda en lidiar con las causas fundamentales de la migración, mejorando las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, reduciendo la impunidad y aumentando el respeto por los derechos humanos. La misión además recomendó que el gobierno de los Estados Unidos amplíe el número de casos de asilo concedidos a los refugiados hondureños, dada la crisis que enfrenta la población hondureña; y cese la detención de las familias y asegure que los migrantes adultos actualmente detenidos estén en condiciones humanas, entre otras recomendaciones.
La misión también recomendó que el gobierno mexicano incremente el número de casos de asilo concedido a los refugiados hondureños, dada la crisis que enfrenta la población hondureña. Además, recomendó terminar con el Programa Frontera Sur; y asegurar que las deportaciones de los migrantes a Honduras se realicen con respeto a los derechos humanos y de manera conforme con el Memorando de Entendimiento para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de los migrantes centroamericanos por tierra.
