Washington, DC.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) trabaja en una norma para modificar los requisitos de un perdón a la “ley del castigo”, conocida también como la “ley de los 10 años”.
Este cambio podría beneficiar a miles de indocumentados que tengan un cónyuge o padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente.
Sin embargo, la agencia advirtió que hasta el momento no hay ninguna modificación y que la nueva norma está en proceso de revisión. “Los cambios tomarán efecto cuando se publique la regla final en las Notificaciones del Registro Federal”, dijo a El Tiempo Latino, Joanne Ferreira, vocera de USCIS en la oficina de Virginia.
La “ley del castigo”, que existe bajo la reforma migratoria de 1996, penaliza a los inmigrantes que se han quedado indocumentados en Estados Unidos por un período de seis meses o más.
Si se quedaron sin papeles seis meses tendrán que salir del país y no podrán regresar hasta después de tres años. Si se quedaron sin papeles un año, entonces el castigo es de 10 años sin poder regresar.
Por años, las personas que estaban solicitando un ajuste de estatus podían pedir un perdón siempre y cuando cumplieran con estrictos requisitos. En la mayoría de casos tenían que salir y esperar varios años para reingresar.
En marzo de 2013, USCIS cambió las reglas permitiendo un perdón provisional sólo para los familiares inmediatos indocumentados de ciudadanos estadounidenses. De esta manera se les permite realizar el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos siempre y cuando demuestren que el cónyuge o padre ciudadano experimentará “sufrimiento extremo” a causa de la ausencia del solicitante.
“Lo que se está proponiendo ahora es un ampliación de la norma que ya funciona desde 2013”, indicó Ferreira. El beneficio se extendería a los indocumentados con familiares que son residentes permanentes.
Otro de los cambios sería la flexibilidad en la definición de “sufrimiento extremo”. “Actualmente este es uno de los requisitos más difíciles de probar para obtener el perdón”, expresó la abogada de inmigración, Claudia Flower.
De entrar en vigor la nueva norma, la boliviana Scarlet Tamashiro, de Fairfax, Virginia, sería una de las miles de personas que se beneficiarían. Su esposo es residente permanente y dos de sus hijos son nacidos aquí.
“Poder ajustar mi estatus sin tener que separarme de mi familia cambiaría completamente mi vida”, expresó. “Desde hace mucho tiempo mi esposo me podría haber pedido, pero sólo de saber que me tendría que haber ido a mi país y esperar años separada de mis hijos me aterraba”, añadió.
Por una situación especial, su esposo no podía hacerse ciudadano, así que cuando salió el beneficio en 2013, Tamashiro se sintió frustrada de no poder alcanzarlo. “Ahora si se extiende a residentes permanentes yo estoy en primera fila para solicitarlo”, dijo.
El beneficio también se conoce como Perdón 601-A o Ampliación de Elegibilidad de Exenciones por Presencia Legal.
El 16 de julio la USCIS abrió al comentario público el reglamento de la medida. “El período de comentarios cerró en septiembre”, dijo Ferreira.
El proceso para escribir los cambios de los requisitos del perdón puede tomar entre semanas y meses. Mientras tanto las autoridades alertan a los inmigrantes que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que ofrezcan tramitar el perdón. “Todavía no hay ninguna modificación”, puntualizó Ferreira.
