Fairfax, VA.- En 2004, Jerry Pinto pensó que moriría en el desierto en su intento de cruzar la frontera.
El economista boliviano, en ese entonces de 38 años, había emprendido el viaje hacia Estados Unidos después que “perdió todo” en su país por un mal negocio. Enrumbó a México, dejando a su esposa y dos hijos con la
esperanza de volverse a encontrar en unos meses.
Desde México inició el viaje al norte. El cruce por el desierto que suponía siete horas se convirtió en una odisea de siete días, sin comida y sin agua bajo el ardiente sol de julio. El grupo con el que iba se dispersó cuando los
helicopteros de inmigración sobrevolaron el cielo. “Creí que me iba a morir, pero seguí adelante”, contó.
Por fin llegó a una ciudad. Estaba deshidratado con los pies cubiertos de ampollas, y sediento. Un hombre nativo americano lo ayudó.
Pinto había ido de puerta en puerta pidiendo ayuda y en el tercer intento, el hombre lo recibió en su casa. “Me ofreció agua, comida y medicina”, expresó. “Él me salvó”, dijo.
Un tiempo después llegó a Virginia. Y a los meses su esposa, de nacionalidad mexicana, junto a sus dos hijos lograron obtener la visa para reencontrarse con el padre en Estados Unidos.
Hace unos días, Pinto, ahora de 50 años, contó su historia al congresista Don Beyer (D-VA). El boliviano, su esposa y tres hijos (el menor, nacido en Estados Unidos) compartieron una cena con Beyer en casa de una activista proinmigrante. Esto, como parte de la campaña nacional “DAPA Dinners”.
La campaña, liderada por diversas organizaciones como Virginia Coalition for Inmmigrant Rights invita a los congresistas a sentarse con familias, que dependen de los alivios migratorios decretados por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014, pero cuyo futuro se decidirá en la Corte Suprema.
El Tribunal Supremo escuchará el lunes 18 de abril los argumentos del caso Estados Unidos vs Texas, que tratará una demanda impuesta por 26 estados contra las órdenes ejecutivas del presidente que permitirían legalizar a unos 5 millones de indocumentados.
La medida ampliaría el programa DACA, que protege a jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.También crearía una protección y forma de legalización para los padres de niños estadounidenses o con residencia permanente. A este programa se la llama DAPA (Acción Diferida para Padres).
Jerry Pinto, quien trabaja en construcción y su esposa Elvira, quien limpia casas, son dos de los 91 mil inmigrantes que podrían solicitar el beneficio anunciado por Obama. “Pensar que mis padres no están protegidos y que no tienen las mismas oportunidades de otras familias, es duro”, expresó Ambar Pinto, la hija
mayor del matrimonio, quien es una activista “dreamer”.
El representante Beyer se solidarizó con la familia. “Cenar con los Pinto me permitió escuchar sus temores y esperanzas por DAPA”, dijo. El congresista les preguntó si temían ser deportados y Jerry Pinto contestó.
“Vivimos pensando que si al salir de casa vamos a regresar o la policía nos va a agarrar”, dijo.
