Inmigrantes en Maryland que estaban bajo amenaza de perder sus licencias de manejo comercial (CDL, por sus siglas en inglés) podrán retenerlas y renovarlas, siempre y cuando demuestren que tienen un permiso de trabajo y residen en el estado, según afirmó la Administración de Vehículos Motorizados (MVA), por medio de una carta.
En la misiva —firmada por la gerente de operaciones de la División de Servicios al Conductor, Darla Roche— el MVA asegura: “hemos determinado que usted puede mantener su CDL y que no es necesario presentar información adicional. Usted puede continuar renovando su licencia comercial mientras resida en Maryland y puede presentar los siguientes documentos: copia del documento de autorización de trabajo o un pasaporte vigente con la forma de entrada I-94”.
En julio, el MVA envió más de 260 notificaciones a conductores que poseían una CDL advirtiéndoles que sus licencias serían canceladas si no ofrecían pruebas de su ciudadanía o residencia permanente en un plazo de 30 días. Luego prolongó el período hasta el 15 de noviembre. La mayoría de los que recibieron las cartas eran inmigrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Según el MVA, las licencias comerciales se entregaban solo a los residentes permanentes o ciudadanos, por lo que hicieron una auditoría y concluyeron que habían entregado más de 250 a conductores, de manera errada.
• Delegada Ana Sol Gutiérrez, clave en la decisión
La respuesta del MVA ocurre dos semanas después que la delegada estatal de Maryland, Ana Sol Gutiérrez y un grupo de activistas salvadoreños pidieron a la directora del MVA Christine Nizer tomar acción inmediata para la emisión de este tipo de licencias para los que tienen TPS.
“Hay 23 estados y DC que están siguiendo las directrices de la ley federal para otorgar las licencias comerciales a las personas que tienen estatus legal como el TPS. El MVA se equivocó diciendo que sólo los residentes permanentes podrían obtener una CDL”, expresó en ese entonces la delegada Sol Gutiérrez, salvadoreña pionera en la Cámara de Representantes de la Legislatura de Maryland.
El viernes 11 de noviembre, tras recibir la noticia de la decisión del MVA, Sol Gutiérrez dijo “¡Por fin el MVA resolvió el problema de las licencias comerciales para residentes legales con TPS!”.
Desde que se enteró de la posible suspensión de las licencias para los inmigrantes con TPS, la política estuvo abogando individualmente y en grupo para que no se las revocaran.
“La posible cancelación de las licencias de manejo comercial a los residentes que viven legalmente en Maryland bajo el TPS podría haber tenido un gran impacto negativo en ellos y sus familias”, expresó la delegada en un comunicado.
“Muchos de ellos dependen de un trabajo donde necesitan una licencia comercial para manejar. Otros han comprado sus camiones y el no poder manejarlos les hubiera significado grandes pérdidas”, agregó Sol Gutiérrez, quien durante estos meses ha apelado caso por caso para que se le restituyera la licencia a algunos de los inmigrantes.
“Nosotros hemos abogado caso por caso, resolviendo de manera individual. Pero esa no es la solución. El MVA se tiene que pronunciar y emitir una regulación estandarizada para todos en general”, indicó la delegada en octubre.
• “No tendré que mudarme”
La carta del MVA es un gran alivio para el salvadoreño Abraham Ventura, de Prince George’s. “No me tengo que mudar ni buscar otro trabajo”, le dijo a The Washington Post.
Ventura, de 39 años, había adquirido un camión de basura para trabajar removiendo los restos de construcción.
De habérsela cancelado su licencia comercial no hubiera tenido los medios para sustentar a su familia de cinco.
Ventura emigró a Estados Unidos en 1995 y desde 2001 está amparado con el TPS.
El TPS: Estatus de Protección Temporal es un beneficio que el gobierno de Estados Unidos otorga a los inmigrantes indocumentados de países que han sufrido una catástrofe natural o atraviesa una crisis de gran magnitud.
Los salvadoreños obtuvieron el TPS tras el terremoto de 2001 que azotó su país. Desde entonces se han realizado diez renovaciones, cada una de 18 meses.
El TPS actual de los salvadoreños rige hasta marzo de 2018.
