El martes 18 de abril un grupo de organizaciones sin fines de lucro se dieron cita junto a representantes de la Oficina del Fiscal General de Washington, DC, Karl A. Racine, para exponer el tema de los fraudes y engaños hacia la población inmigrante, un problema que aumenta día a día.
“Gracias a esta actividad, compartimos información. Queremos intercambiar los datos que tenemos sobre los fraudes que están experimentando las diferentes comunidades”, dijo Mónica Vaca, directiva de la Comisión Federal de Comercio (FCT), mientras que enfatizó la importancia de canalizar los casos de estafas a través de las organizaciones locales que tienen contacto directo con las personas.
Según Vaca, uno de los tipos de fraudes en ascenso es el de “impostores del gobierno”, ya que las quejas que han llegado al organismo que representa así lo evidencian. “Alguien que te llama supuestamente del IRS, porque tienes un problema grande y necesitas pagar un dinero a través de Moneygram, Western Union o una tarjeta Gift Card”.
Por lo general, las personas que caen en los engaños actúan de forma rápida y con temor, dos elementos con los que el estafador cuenta para consumar su fechoría. Un aspecto positivo del encuentro destacado por Richard Rodríguez, asistente de la Oficina del Fiscal, es que a partir de ahora estas organizaciones podrán trabajar en conjunto con su institución y canalizar los casos para darle la solución más pertinente.
Por ejemplo, en el marco de la reunión del martes la Fiscalía anunció que resolvió una demanda contra Unlimited Technology and Solution Corporation (UTS) y su propietario, Mardoqueo M. Sánchez, por haber proveído servicios ilegales de consultoría al inmigrante. El acuerdo de 250,000 dólares en este caso de fraude notarial indica que el dinero perdido por los consumidores en las comunidades de inmigrantes, será restituido. También procederán sanciones civiles para el Distrito.
“Estos tipos de fraude notariales tienden a no ser reportados porque los inmigrantes en el Distrito de Columbia muchas veces tienen miedo de presentarse, especialmente en el clima político actual. Quiero que los residentes de DC, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, sepan que la Oficina del Fiscal General está aquí para proteger a todos los consumidores y llevaremos ante la justicia a cualquier persona que intente causar daños”, dijo el Fiscal Racine.
Por su parte, Dora Beltrán, consejera de vivienda y prevención de embargos para CARECEN alertó sobre otro tipo de fraude que se comete con frecuencia en la comunidad latina. Se trata del robo de identidad, pues los que ya han obtenido su residencia y seguro social pueden ser engañados al ofrecerles un supuesto trabajo, con el objetivo de quedarse con sus documentos. “En el caso típico hay una empresa que está contratando empleados como trabajo de tiempo parcial. Los hacen creer que los van a contratar y a pagar bien, entonces les avisan que van a hacer un chequeo (background check) y tienen que proveer sus documentos, llenan la aplicación y los ponen en espera… pero cuando llegan a buscar a estos supuestos empleadores, ya no están. Esto ocurrió en Virginia”.
Beltrán afirmó que las barreras del idioma y la tecnológica, juegan un papel importante a la hora de que la comunidad hispana caiga en las diferentes tipos de estafas. Algunas de las estafas que se quieren prevenir son: cobro de supuestas deudas, robo de identidad, estafas con sorteos, loterías, préstamos estudiantiles y organizaciones “de caridad”, así como de telemarketing. Por lo general las víctimas reciben llamadas telefónicas, aunque también en DC se ha registrado la recepción de órdenes de arresto falsas emitidas por supuestos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Si las personas no tienen acceso a organizaciones tales como CARECEN y AYUDA, que fungen como intermediarios con el gobierno local, pueden comunicarse directamente con la Oficina del Fiscal al número (202) 442-9828 o formular su denuncia en Internet ante la Comisión Federal de Comercio en el sitio web ftc.gov/queja. Si no quiere suministrar todos los datos, por seguridad, igualmente podrán brindarle asesoría si tiene alguna inquietud. El llamado de las organizaciones es a denunciar sin temor.
