La Administración del presidente Donald Trump fue demandada por ocho estados este lunes luego de que el sistema judicial haya aceptado una propuesta que permite la elaboración de armas de fuego con impresoras 3D.
Un comunicado del fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, detalló que esta acción tiene la intención de “bloquear la acción de la Administración Trump que da acceso a delincuentes y terroristas a armas impresas en 3D, imposibles de rastrear e indetectables”.
Defense Distributed, organización con la misión de distribuir material para la realización de armas en impresoras 3D, no logró en el 2015 permitir que su material fuera de libre descarga en Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama.
Sin embargo, el gobierno de Trump permitió la distribución del material, acción fuertemente rechazada por grupos en contra del porte de armas en Estados Unidos.
“Estas pistolas descargables no están registradas y son muy difíciles de detectar, incluso con detectores de metales, y estarán disponibles para cualquier persona independientemente de su edad, estado mental o antecedentes penales”, dijo Ferguson.
Además de los fiscales del estado de Washington y del Distrito de Columbia, los de Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregón, Maryland y Nueva York también se sumaron a la demanda.