Ana Guatemala por fin tiene en sus manos su certificado de ciudadanía. El 18 de junio se juramentó durante una ceremonia en Maryland, luego de una larga espera.
La inmigrante salvadoreña presentó su solicitud de ciudadanía en enero de 2017. “Me dijeron que el proceso iba a tardar entre 6 y 8 meses, pero se tomó casi año y medio”, expresó Guatemala, residente de Laurel, Maryland.
Ella no es la única a quien le ha tomado demasiado tiempo obtener su ciudadanía.
“Algunos residentes permanentes han esperado hasta 20 meses para que sus solicitudes sean procesadas cuando antes tomaba entre cuatro a seis meses”, dijo el lunes 6 de agosto una coalición de varias organizaciones proinmigrantes a nivel nacional.
The National Partnership for the New Americans (NPNA) interpuso una acción, bajo la Ley de Libertad de Información exigiendo al Gobierno que explique las razones de los atrasos en el proceso de naturalización.
Desde enero de 2016, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha acumulado miles de casos pendientes.
En base a datos de esta agencia el incremento de atrasos se refleja en un 93 %.
Hasta marzo de este año —que son las estadísticas oficiales más recientes — existen más de 753 mil casos pendientes.
En DC, Maryland y Virginia (DMV) hay más de 36 mil casos de ciudadanía pendientes según cifras oficiales recopiladas hasta fines de marzo.
La Oficina de Inmigración de Baltimore, que revisa los casos de Maryland, tiene un atraso de 20 mil 485 solicitudes. Por su parte la Oficina de Inmigración del Distrito de Columbia, que incluye Virginia y DC, tiene 15 mil 564 solicitudes pendientes.
Atrasos en medio de un año electoral
Organizaciones proinmigrantes como CASA, en Maryland, buscan respuestas a los atrasos al señalar que estos “responden a una agenda antiinmigrante del Gobierno”.
“Las demoras aparentemente intencionales de USCIS en el proceso de las peticiones de ciudadanía es un terrible ataque para evitar que los miembros calificados de nuestras comunidades puedan convertirse en ciudadanos”, opinó Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA. “Estas acciones parecen ser una colaboración estratégica con el presidente Trump para reprimir el voto en un año electoral crítico”, añadió Torres.
De hecho, Ana Guatemala se quedó sin votar en las primarias de junio. “Yo había anticipado que podría votar por primera vez este año. Lo quería hacer por Víctor Ramírez y otros candidatos latinos. Pero demoró tanto mi proceso que no pude”, lamentó.
Sin embargo, espera noviembre para hacer valer su voz.
Otra inmigrante que está a la espera de lograr naturalizarse es Julieta Aguilera, quien justo el día anterior a su conversación con El Tiempo Latino había recibido una carta de USCIS para realizarle la entrevista, una de las últimas etapas del proceso.
“Presenté mi petición hace más de ocho meses y me imagino que si todo va bien podré juramentar cuando se cumpla un año [de haber iniciado el proceso]”, dijo, Aguilera, quien vive en Fairfax, Virginia.
Su madre, Andrea Dagassan obtuvo la ciudadanía en menos de seis meses durante el gobierno anterior. “El proceso fue bien rápido”, dijo Dagassan.
Movimiento busca respuestas
El amparo de la Ley de Libertad de Información (Ley FOIA, por sus siglas en inglés) para revisar los documentos y datos de USCIS sobre las razones de las demoras, siguió a otra medida presentada, el viernes 3 de agosto, por 50 alcaldes de varias ciudades del país. Estos enviaron una carta al director de USCIS, Lee Francis Cissna, pidiendo acortar la lista de espera y reduciendo el proceso de trámites a seis meses.
También en julio, 50 legisladores enviaron una carta a la agencia haciendo la observación sobre los atrasos en las solicitudes.
“Todas estas acciones son parte de una campaña que estamos impulsando diferentes organizaciones, exigiendo claridad y medidas para disminuir los casos pendientes”, dijo el director de programas de la organización CASA, George Escobar.
“Estamos tratando de investigar si el gobierno está discriminando, al procesar las solicitudes en base al origen de nacionalidad o religión de las personas. Hemos visto que la revisión está tomando más tiempo en los residentes permanentes de origen mexicano y musulmanes”, indicó Escobar.
Por su parte la directora de UnidosUS, Janet Murguía dijo que “el fallo de las solicitudes de ciudadanía se debe realizar de una manera justa, equitativa y a tiempo”. “Demandamos una explicación por la inaceptable demora que va en aumento”, expresó. “Los contribuyentes pagan $725 por la solicitud de ciudadanía y tienen el derecho de esperar que su gobierno les provea un servicio efectivo y a tiempo”, añadió Murguía.
USCIS critica acción de activistas
La agencia niega que haya alguna intención detrás de los atrasos y critica la acción de las organizaciones.
“Este es un intento desesperado y de información errónea por parte de los que abogan por tener las fronteras abiertas, convirtiendo el tema en un asunto político”, dijo a El Tiempo Latino, en un correo electrónico, el vocero de USCIS, Michael Bars.
“La verdad es que el número de residentes naturalizados en Estados Unidos se ha mantenido anualmente entre 700 mil y 750 mil personas”, aseguró.
La agencia señala que el número de personas que solicitan la ciudadanía ha aumentado. “El número de solicitudes N-400 se ha incrementado en 35 %”, expresó Bars.
Residentes permanentes desde hace varios años, como el colombiano Iván Daniel Linero, se motivaron a obtener la ciudadanía después de que Trump asumió el poder “por temor a que algo pudiera pasar. Ya que el presidente había anunciado cambios”, dijo.
Para Linero, los ocho meses que tardó el proceso hasta juramentar, fue un tiempo prudente.
“Creo que fue rápido. Yo no siento que hubo demoras”.
En cambio para Ana Guatemala, la espera fue larga. “Yo llamaba a cada rato a Inmigración y me decían que todavía no había nada… Me perdí de votar en las primarias”, dijo.
Ella se juramentó después de 17 meses de someter la solicitud. En noviembre son las elecciones de medio término en el Congreso. Los demócratas intentarán arrebatar escaños a los republicanos, que mantienen la mayoría.
Diez estados elegirán nuevo gobernador, incluido el de Maryland y varias Asambleas Estatales serán renovadas. En caso que USCIS no responda a la acción de Libertad de Información para hacer públicos documentos y datos sobre los atrasos, los activistas señalaron que usarán el vehículo legal para obtenerlos. “Iremos a la corte”, concluyó Escobar.
