Llegaron a Washington, DC después de recorrer 70 ciudades de la nación con la “Jornada por la Justicia” y con muchas ilusiones ante los cambios en el Congreso. Los organizadores de la Alianza Nacional TPS esperan aglutinar en febrero próximo a unos 5 mil beneficiarios del Estatus de Protección Temporal en Washington para recorrer despachos de congresistas y senadores en busca de una pronta legislación que les encamine a la residencia permanente.
La organización confía en que el cambio en el Senado y Cámara de Representantes, esta última que estará controlada por mayoría demócrata, ofrece una oportunidad para continuar las gestiones y que llegue al pleno alguna de las iniciativas de ley que entraron al legislativo a finales del 2017 en ambas Cámaras.
Uno de los coordinadores de la Alianza en el área metropolitana de Washington, Mardoel Hernández, explicó a El Tiempo Latino que a nivel de organización ellos conocen que solo una ley bipartidista tendría éxito, dada la nueva aritmética legislativa. El líder recalcó que una eventual propuesta de ley deberá sortear los tres procesos: votos favorables en el Senado, la Cámara de Representantes, y después la firma del presidente de Estados Unidos para que entre en vigencia.
“La lucha ahora se concentrará en empujar al nuevo Congreso que tomará posesión en enero para pasar una legislación, ahora mismo hay dos propuestas de ley: una en el Congreso, American Promise Act; y la otra en el Senado, Secure Act.
Ambas ofrecen un pase a la residencia permanente para las 450 mil familias de los 13 países con TPS”, explicó Hernández.
La American Promise Act, (H.R. 4253) fue patrocinada por la congresista Nydia Velázquez, de Nueva York y que entró al pleno el 3 de noviembre de 2017; y Secure Act (S. 2144) entró en la Cámara Alta el 16 de noviembre del año pasado, impulsada por el senador de Maryland, Chris Van Hollen.
Ambas propuestas llegaron ante la cancelación del TPS para ciudadanos de Nicaragua y de Haití, para entonces pendía una decisión sobre El Salvador, con el mayor número de beneficiarios del estatus con cerca de 190 mil, y también de Honduras que ronda los 65 mil. El TPS para El Salvador y Honduras fue cancelado durante 2018.
Los organizadores de la Alianza Nacional ven con optimismo la oportunidad que estos borradores encuentren acogida en la Cámara de Representantes renovada en su totalidad y con cambio de liderazgo, y con el Senado que también tendrá una recomposición de un tercio con el resultado de las elecciones de medio término de principios de este mes.
La salvadoreña Xiomara Cruz, beneficiaria del TPS y parte del Comité de Maryland aseguró que el afrontar esta lucha de manifestarse y de hacer cabildeos es algo nuevo para lo que nunca se prepararon en su condición de inmigrantes amparados con el beneficio temporal. Cruz lleva 20 años en Estados Unidos, 17 de estos con el TPS.
“Pero estamos listos para darnos a conocer con los nuevos congresistas y senadores y pedirles un estatus definitivo, ellos saben de nosotros, ellos saben que venimos aquí para luchar y trabajar y no para depender de nadie sino de nuestro propio trabajo”, aseveró Cruz.
La administración de Donald Trump ordenó cancelar el TPS para El Salvador cuya renovación revalidó las tarjeras hasta el 9 de septiembre de 2019, igual para nicaragüenses y haitianos, cuyo vencimiento se acerca para inicios del próximo año. Sin embargo, un litigio judicial frenaría esta decisión mientras se ventila en los tribunales el fondo del asunto.
Trabajan para incluir a hondureños
El juez federal del Distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, emitió a principios de octubre una medida cautelar que impide a la administración Trump cancelar el estatus temporal para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití mientras no se ventila el fondo del caso en los tribunales. La demanda colectiva interpuesta en marzo de este año acusa a la Casa Blanca de actuar con prejuicio racial para cancelar el TPS a estos países.
No obstante, la orden preliminar del juez Chen no incluye a los ciudadanos de Honduras que tienen TPS. El beneficio para los hondureños fue cancelado en mayo de este año y expirará el 5 de enero de 2020.
Ante este vacío los abogados que litigan en el caso están trabajando para que el juez incluya o acepte modificar la demanda y la misma medida cautelar interpuesta, y que se incluyan a los cerca de 65 mil hondureños en la demanda colectiva.
“Al momento que la demanda fue interpuesta, solo a cuatro países se le había terminado el TPS, Honduras no está entre esos, pero el grupo de abogados que están trabajando con la Alianza Nacional están haciendo las gestiones para que pueda ser incluido, o hacer una demanda paralela para que también puedan ser protegidos por una orden judicial”, concluyó Mardoel Hernández, coordinador en el Área de Washington.
