La esperanza crece en miles de indocumentados en Virginia para acceder a una licencia de conducir; al igual que la expectativa en los jóvenes “Soñadores” por el pago de matrícula estatal. Mientras que el anhelo de los trabajadores de recibir un salario mínimo de $15 la hora se esfuma con por un voto contrario. La Asamblea Estatal revisa varias propuestas al respecto y grupos proinmigrantes impulsan una campaña de cabildeo para lograr medidas favorables.
“Hemos ido a Richmond para hablar con los legisladores sobre la necesidad de estas propuestas y seguiremos visitándolos”, señaló el activista Edgar Aranda-Yanoc, de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO).
El grupo CASA en Virginia se une a los esfuerzos. El miércoles anterior también estuvo cabildeando en el capitolio de Richmond.
“Estamos apoyando todas estas legislaciones que beneficiarían a nuestra comunidad y uniendo fuerzas para rechazar las propuestas negativas”, dijo la vocera de CASA, Ingrid Zelaya. Aquí el resumen de las propuestas favorables.
Licencia de conducir para los indocumentados
Los legisladores revisarán no uno, sino cuatro proyectos, incluido uno patrocinado por un delegado estatal republicano. “Hay una mayor conciencia sobre la necesidad de tener una licencia de manejo”, manifestó Aranda-Yanoc.
El republicano Robert Bloxom (Virginia Beach) patrocina el proyecto en la Cámara Baja, al igual que la demócrata Kathy Tran (Fairfax), quien presentó una propuesta similar. En el Senado, son los demócratas Scott Surovell (Prince William) y Jennifer Boysko (Fairfax), los que impulsan la medida.
Detalles de la propuesta:
- Los solicitantes deberán haber presentado su declaración de impuestos de los últimos 12 meses.
- Contar con el pasaporte vigente de su país de origen.
- Deberán cumplir con todos los requisitos para obtener un seguro de autos.
- La licencia de manejo servirá solo para ese propósito y no como una identificación para votar o prueba de presencia legal en el país.
- La medida entraría en vigor el 1 de enero de 2020.
Avanza tarifa estatal en las universidades para los “Dreamers”
El Comité de Educación y Salud del Senado votó a favor de la legislación que les permitiría a los jóvenes indocumentados amparados por el programa DACA pagar las tarifas estatales en las universidades. Actualmente los estudiantes con DACA o sin estatus legal deben pagar las matrículas más altas al ser considerados como extranjeros, pese a haber residido en el estado por años. Para aquellos que no cuentan con papeles migratorios el costo de las matrículas es hasta tres veces más que las regulares.
El proyecto SB1640 fue presentado por la senadora Jennifer Boysko (D-Fairfax) y fue aprobado por un escaso margen de 8 a 7. El Comité, liderado por republicanos, bloqueó la medida repetidas veces en años anteriores.
“Esta es una primera victoria, pero también es solo un paso de muchos otros que tienen que ocurrir para convertirse en ley”, expresó el abogado Simon Sandoval-Moshenberg. “Desde hace seis años el proyecto no salía del Comité”, dijo. El documento fue remitido al Comité de Finanzas. El senador David Marsden (D-Fairfax) también patrocina un proyecto similar.
En la Cámara de Representantes la propuesta HB 2388 del delegado Alfonso López (D-Arlington) cuenta con el patrocinio de 50 delegados. El lunes 21 un subcomité la refirió al Comité de Asignaciones.
Otra propuesta similar en la Cámara Baja es la HB1882 del delegado Mark Keam (D-Fairfax).
Cae proyecto de salario mínimo
El Senado votó el lunes 21 de enero en contra de la propuesta para incrementar el salario mínimo a $15 la hora. La semana anterior grupos progresistas celebraban el hecho de que el Comité de Comercio y Labor aprobara la medida.
Sin embargo, el pleno aniquiló el proyecto SB1200 por un escaso margen de 21 a 19 votos.
En Virginia el salario mínimo es de $7.25. La legislación proponía un aumento gradual hasta $15 en 2021.
Buscan eliminar ley que obliga a cárceles reportar a Inmigración
El delegado Alfonso López patrocina la propuesta HB2392 que eliminaría el mandato obligatorio para las cárceles y alguaciles de enviar todas las huellas digitales de los detenidos a la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
“No estamos hablando de ‘Ciudades Santuario’ sino de no obligar a que los agentes del orden reporten a Inmigración, sino que sea una opción bajo su discreción”, dijo el abogado Sandoval-Moshenberg.
“Hay personas que tienen faltas menores, como las de tránsito que están siendo deportadas por la vigencia de esta ley”, añadió.
La legislación también prohibiría a la Policía cuestionar sobre el estatus migratorio de las víctimas de crimen, testigos o padres de menores que sean víctimas.
Opuestos a medida antiinmigrante
Hay una serie de medidas llamadas “anti ciudades santuario” presentadas en el Senado y la Cámara de Representantes. El proyecto SB 1156, patrocinado por el senador Richard Black (R-Loudoun), prohibiría a los gobiernos locales cualquier tipo de política u ordenanza que limite la implementación de las leyes migratorias.
Activistas temen que esta medida impacte a las víctimas de crimen y testigos, quienes podrían estar expuestos a ser cuestionados sobre su estatus legal.
En la Cámara Baja, el delegado Charles Poindexter presentó una propuesta de ley que obligaría a las cárceles y alguaciles notificar con al menos siete días de anticipación la salida de un reo inmigrante. Las entidades que se nieguen se verán impactadas con la falta de fondos estatales.
