Presión social. Así resumieron los diputados de CD, Juan José Martel y el no partidario, Leonardo Bonilla, el motivo por el cual los diputados de Arena, FMLN, PCN y PDC retrocedieron en el aval de la cuestionada Ley de Reconciliación.
Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea recibieron el jueves por la mañana el informe de la sub comisión especial que ordenó en 42 artículos los insumos que proporcionó la comisión ad hoc legislativa para diseñar la nueva normativa de reconciliación. Esta no incluyó las propuestas que llevaron organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que pedían más tiempo para estudiar la ley.
El punto principal de esta propuesta está en su artículo 12, que habla sobre penas a los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Según el anteproyecto, aquellas penas de menos de diez años serán desestimadas y las que excedan este plazo serán sustituidas por trabajos de utilidad pública.
Ahí reside una de las principales críticas de la sociedad civil que considera que esta ley no garantiza el acceso a la justicia por no establecer cárcel a los que resulten responsables.
Sobre este punto, El Diario de Hoy consultó a abogados expertos en la materia, quienes mostraron puntos encontrados.
Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), opina que la ley es “una burla a las víctimas del conflicto armado” y considera que si los diputados la aprueban el país se ganará el “descrédito” internacional por incumplir con tratados internacionales de derechos humanos.
Por otro lado, el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo no está convencido de que reabrir heridas del pasado realmente sea lo más conveniente para El Salvador y para las víctimas de la guerra, por lo que no ve mal que se sustituya la cárcel por otras medidas.
“Me parece que en lo que debería estar centrada la discusión es si esta ley permite llegar a conocer la verdad de las cosas. Si esta ley la permite y por otro lado permite un resarcimiento de los daños a las víctimas, pues creo que ahí estamos en sintonía”, dijo Bertrand Galindo.
Jornada de negociación política
Pese a que los diputados estaban listos para aprobar la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” , la Comisión Política se limitó a recibir el anteproyecto sin emitir dictamen, lo cual causó “sorpresa” en GANA, CD y el diputado no partidario.
Al final de la tarde el presidente de la Asamblea en funciones, Alberto Romero, de Arena, convocó a la Comisión Política, la cual acordó que se reunirán este viernes para definir la metodología a seguir para escuchar a todos los sectores involucrados que se han quejado de no ser incorporados en la redacción de la ley de Reconciliación.
Los técnicos de la Comisión Política propondrán a los diputados una metodología a seguir con base en un cuadro comparativo de las dos propuestas que se tienen en torno a la Ley de Reconciliación.
Estas son las que diseñó la comisión legislativa, que terminó siendo ordenada en 42 artículos y se pretendía aprobar ayer, y la iniciativa que llevaron a la Asamblea las 30 organizaciones que forman la Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor.
La Comisión Política decidirá este viernes el programa a seguir para escuchar a organizaciones no gubernamentales, víctimas del conflicto, iglesias y militares. El diputado Julio Fabián, de Arena, expresó que también deben oír a los familiares de víctimas que no necesariamente pertenecieron a la exguerrilla o a la Fuerza Armada.
El diputado Damián Alegría, del FMLN, informó en rueda de prensa que prevén realizar unas cuatro reuniones con distintos sectores, ya que según Romero la plenaria se podría realizar el miércoles de la próxima semana para aprobar la ley.
Otra razón del rechazo a la ley formulada por la sub comisión especial se debió a que recibieron insumos de varios diputados que organizaciones sociales y de derechos humanos han criticado por tener “conflicto de interés” por sus nexos en el conflicto armado.
Martel, Bonilla y los diputados de GANA adelantaron que no votarían por la ley porque hasta ayer recibieron el proyecto completo.
Según Roberto Angulo, diputado del PCN y coordinador de la sub comisión especial, el anteproyecto que iba a ser aprobado ayer recoge 60% de las propuestas que tiene el proyecto de “Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el contexto del Conflicto Armado”, presentado por la Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor el martes pasado a la Asamblea. Sin embargo, difiere en el punto principal: la exoneración de cárcel.
El dictamen que nunca llegó
La plenaria fue atrasada algunas horas después de su inicio previsto (estaba programada para las 2 pm y arrancó al filo de las 4 pm). La sesión se desarrolló con normalidad, pero mientras iba transcurriendo se dieron signos de que el proyecto no lograría ser avalado. Por ejemplo, diputados propietarios de Arena fueron pidiendo ser sustituidos por sus suplentes.
Los legisladores tricolores Arturo Magaña, Gustavo Escalante, Milena Mayorga, Karla Hernández y David Reyes oficializaron en Twitter que no votarían por el proyecto de ley.
“Veo difícil que se apruebe la ley de reconciliación en la plenaria de hoy (ayer). Algunos diputados no nos sentimos satisfechos con el anteproyecto presentado. Pero también hay que saber que el 13 de julio vence el plazo que la Sala de lo Constitucional dio para su aprobación”, explicó Reyes en Twitter.
“Este tema va a estar complicado. No voy a votar a ciegas. Hasta hoy (ayer) por la tarde nos dieron el proyecto de decreto y tengo que revisarlo. Siendo este un tema tan trascendental del país, se debe estudiar con seriedad”, manifestó Hernández.
“Sin más palabras, he manifestado en mi Fracción que no daré mi voto para la aprobación de Ley de Amnistía”, manifestó Magaña.
Antes de iniciar la plenaria, el subjefe de fracción de Arena, Julio Fabián, admitió que tras la reunión de la fracción no se tenían los votos suficientes para avalarla.
Por su parte, Guillermo Gallegos de GANA denunció que “la Ley de Reconciliación que quieren aprobar deja morbo: ¿a quién o quiénes quieren defender o proteger? Se deja una evidencia clara de querer proteger a personas del FMLN y de Arena que estuvieron involucrados en crímenes durante la guerra”.
En defensa del anteproyecto, Jorge Mazariego, del PDC, cuestionó que “muchos se han prestado a hacer pedazos esta ley, pero cuando la conozcan será distinto. Una comisión especial no podía hacer pública la ley”, advirtió.
Finalmente, Martel del CD expresó que el retroceso de la Comisión Política en no emitir dictamen favorable hacía suponer que al interior de Arena y del FMLN habían discrepancias entre sus diputados, especialmente después de que la embajada de los EE.UU. emitiera una postura al respecto del anteproyecto de ley que sería aprobado.
“EE.UU. cree que una ley de reconciliación nacional en El Salvador debe incluir proceso transparente e inclusivo para garantizar rendición de cuentas y proteger derecho de víctimas a buscar justicia. Transparencia, rendición de cuentas y justicia, vitales para verdadera reconciliación”, tuiteó la misión de EE.UU. en el país.
