El momento es único para los activistas de Virginia que durante años han pujado por las licencias de conducir para indocumentados en ese estado, el dominio mayoritario demócrata en la Casa de Representantes y el Senado estatal más el gobernador Ralph Northam, generan una oportunidad única que, según la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia, VACOLAO, no se puede desperdiciar.
Si ambas Cámaras no aprueban alguna de las dos propuestas ya introducidas en la Sesión que inició el 8 de enero, y cuya jornada de cabildeo por parte de las organizaciones se realizó el jueves 16 en Richmond, “los demócratas tendrían que dar muchas explicaciones a la comunidad inmigrante” explicó Simon Sandoval-Moshenberg, director de asuntos legales del Legal Aid Justice Center.
Las iniciativas de ley HB-1211, introducida por la represente Kathy Tran, de Fairfax, la que está siendo apadrinada por las también representantes en la Cámara Baja de Virginia, Elizabeth Guzmán, Karrie Delaney, Cliff Hayes Jr. y Mark Levine (todos demócratas); es una de las piezas que las organizaciones ven con mucho optimismo.
Esta propuesta tiene como base eliminar el actual estatus que requiere que el Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV por sus siglas en inglés), requiera la comprobación de presencia legal en el país para otorgar licencias de conducir a inmigrantes. Dado que el eventual cambio coincide con la implementación del Real ID en Virginia, los legisladores ven oportuno dar una ventana de tiempo al DMV para ajustar la parte técnica con lo que las licencias podrían empezar a emitirse a partir de enero de 2021.
“La propuesta que tenemos está basada en la que se aprobó en el estado de Nueva York hace poco, obviamente la hemos cambiado un poco para que cuadre con algunos factores específicos a Virginia, pero es muy parecida a la de Nueva York y que está teniendo mucho éxito en ese estado”, explicó Simón Sandoval-Moshenberg a El Tiempo Latino.
La otra propuesta es la legislación SB-643 introducida por la senadora Jennifer Boysko, del Distrito 33, que cuenta con el patrocinio de nueve senadores también demócratas de la Cámara Alta de Virginia.
Esta legislación además de eliminar el requisito de presencia legal en Estados Unidos para otorgar licencias de conducir contiene un apartado especial para prohibir al DMV vender la base de datos de los conductores de Virginia a empresas privadas o entregarla al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y sus agencias federales sin una orden judicial, con lo que la información quedaría resguardada para garantizar la privacidad de los residentes del estado vecino de Washington, DC.
El director ejecutivo de VACOLAO, Edgar Aranda reconoce que por ahora no se puede dar por seguro ese voto, por lo que considera crucial seguir luchando en todos los frentes para asegurar que la legislación sea aprobada. Él prevé que lo principal será seguir empujando a los actores clave, desde senadores y legisladores, hasta otras autoridades del estado de Virginia involucradas en la normativa.
“Si nos sale la licencia de conducir para todos, será como cualquier otra licencia de conducir. Es decir, se quita el título de presencia legal porque ese es el requisito que segrega actualmente a unas 250 mil personas en Virginia. Si se elimina eso serían los mismos requisitos que las otras [licencias], pagos y duración”, explicó Aranda.
Familias sin transporte
Atrás de esas 250 mil personas que se calcula que viven en Virginia sin tener acceso a licencias de conducir, hay familias salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, mexicanas y de otros países latinoamericanos que, ante el deficiente servicio de transporte colectivo en algunas ciudades y condados como Prince William, se ven obligadas a tomar el riesgo de manejar sin licencia.
Para la activista Lenka Mendoza, coordinadora del Drive Virginia Forward, en Prince William, eso supone un peligro tanto para las personas que manejan como para el resto de conductores.
Mendoza recalcó que los legisladores deben reconocer que otra parte de personas que están viviendo en Virginia sin un estatus legal han conseguido licencias de Maryland, cumpliendo con el requisito de declarar por dos años consecutivos los impuestos en el estado vecino. La activista apuntó que debido a esto Virginia deja de percibir esos fondos tan necesarios para invertir en la infraestructura y mejoras en las comunidades.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en Falls Chuch para anunciar los detalles de esta legislación, VACOLAO también contó con la presencia del representante de Centreville Immigration Forum, Jonathan Cano, quien opinó que este año la aritmética legislativa en Richmond genera una oportunidad única, “pero si no hay un impulso decidido de las organizaciones para asegurar que la legislación sea aprobada, la clase política no va a ver la prioridad”.
Durante el cabildeo las organizaciones también están gestionando el tema de la matrícula igualitaria en las universidades para los “Dreamers”; también otra de las propuestas en la mesa es la legislación para ajustar el salario mínimo conforme al costo de la vida en Virginia y también igualar la remuneración para los trabajadores agrícolas en el estado, cuyo salario está por debajo del actual de $7.25 dólares por hora en las áreas urbanas.
