Ya no hay duda: las comunidades afroamericana y latina están pagando el más alto precio durante esta pandemia. Son los que más se están contagiado y muriendo y los que más están sufriendo el impacto de la crisis económica. De ellos, los inmigrantes indocumentados están en total estado de indefensión.

“La cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil, por lo tanto, si la población vulnerable no tiene acceso a la salud, el virus está libre”, dijo Daniel Turner-Lloveras, profesor asistente de medicina de la Universidad de California, para quien los latinos y los afroamericanos, con una mortalidad de entre el 35 y 45% por el coronavirus, son las víctimas de esta alarmante disparidad.

Para Madison Allen, abogada del Center for Law and Social Policy en DC, “está bien claro que los impactos del coronavirus en la salud y la economía han recaído con más dureza en las comunidades de color, incluyendo los inmigrantes”.

Los indocumentados, al no tener un seguro social o una autorización de trabajo, no recibieron el cheque de $1.200 que el gobierno envió a cada hogar, ni siquiera sus hijos nacidos en Estados Unidos les correspondió los $500 que recibió cada niño estadounidense. Para ellos no hay seguro de desempleo y en la mayoría de estados, las ayudas para el pago de la renta son inexistentes.

los abandona a su suerte, algunos estados y municipalidades aprueban programas de asistencia. Por ejemplo, en el condado de Montgomery, los concejales Evan Glass y Will Jawando lograron un fondo de dos millones de dólares para prevenir los desalojos. “Será un subsidio de corto plazo que favorecerá incluso a los indocumentados”, aseguró Glass en una conferencia virtual.

En Washington DC, la entrega de víveres y las pruebas del coronavirus gratuitas los incluye y el Concejo de la ciudad dio luz verde para que la organización Events DC destine 5 millones de dólares para cinco mil familias indocumentadas que viven en el Distrito.

“Para minimizar el impacto de la pandemia nuestra recomendación es no cerrarles las puertas a los inmigrantes que buscan ayuda médica o no arrestarlos si acuden a un hospital, porque si este grupo tiene miedo no pedirá atención”, es la petición de Turner-Lloveras.

En muchos estados, hasta los inmigrantes que tienen residencia no tienen acceso a la atención de salud ni la información en el idioma que mejor se comunican, según un reciente panel de expertos organizado por Ethnic Media Services. “Hay que aceptar que a esta población le toca saltar barreras más altas y la epidemia las ha agigantado aún más”, aseguró Turner-Lloveras.

“Entre la comunidad inmigrante hay ansiedad y miedo de usar beneficios considerados carga pública por la administración Trump. No hay información en su idioma y las murallas del lenguaje van en su contra durante la pandemia”, dijo Luvia Quiñónez, directora de políticas de salud de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. “La normativa de la carga pública ha puesto de manifiesto la discriminación y el racismo en nuestro sistema de salud”, agregó.

Confusión y temor

Según una reciente encuesta de Urban Institute, el 80% de las familias no sabían que podían inscribir a sus hijos en Medicad, sin afectar al estatus inmigratorio de sus padres. La inscripción de niños a un plan de salud retrocedió hasta en un 31% en los dos últimos años. La crisis humanitaria que están viviendo los inmigrantes se profundiza por la falta de información en su idioma, “más si se reconoce que unos 25 millones de personas que viven en Estados Unidos no hablan inglés o tienen un limitado dominio del mismo”, en palabras de Connie Choi, directora y estratega del National Immigration Law Center.

El miedo es tan preocupante porque la regla de carga pública de Trump permite a los oficiales de inmigración negar visas de residencia si es que se presume que el solicitante hizo uso de beneficios federales o podría hacerlo en un futuro. “Ahora mismo una de cada tres familias inmigrantes no tiene cobertura de salud ni cupones de alimentos (food stamps)”, aseguró Turner-Lloveras.

Un componente de la estrategia para detener el avance de la pandemia, a criterio de Turner-Lloveras, es hacer las pruebas a todos sin excepción y “reducir la detención de inmigrantes y entregar de fondos a las clínicas comunitarias donde acuden inmigrantes y refugiados, porque si esas puertas se cierran no quedan opciones para ellos”, aseveró.

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