Llegaron al Distrito de Columbia y recorrieron las calles que circundan el emblemático Capitolio en Washington DC. Fue una caravana de cientos de vehículos que pasaron sonando sus cornetas por las zonas de los edificios del Senado, la Cámara de Representantes y hasta frente a la Corte Suprema de Justicia.
Su consigna: que se discuta a la brevedad un posible un camino a la residencia permanente para los más de 300 mil inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), del cual forman parte 195 mil salvadoreños y 60 mil hondureños. El resto proviene de otros cuatro países a los que Donald Trump les canceló el beneficio al llegar a la Casa Blanca.
La lucha de la Alianza Nacional del TPS no ha sido en vano, porque ha llevado el caso a las cortes y obligado a la administración Trump y a su Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a emitir las prórrogas mientras se decide en los tribunales, explicó a El Tiempo Latino el abogado Gunther Sanabria, experto en la ley de inmigración del área de DC y con amplia experiencia en casos de TPS.
Por ahora, dijo Sanabria, mientras se dirime una de las demandas en los tribunales, la más próxima y que se espera tenga mayor impacto en la comunidad TPS es la sentencia que estaría por llegar en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena California, donde avanzó el caso después que un juez federal de ese estado bajo la demanda Ramos Vs. Nielsen, (2018), consideró que el presidente no tenía facultades legales para cerrar un programa federal bajo la ley TPS, con lo que DHS acudió a la Corte de Apelaciones.
La ley del TPS permite a inmigrantes en condición irregular, que al momento de una situación de calamidad en sus países puedan aplicar a un estatus de protección temporal que avala el presidente estadounidense, como ocurrió con el Huracán Mitch en Honduras y Nicaragua, en 1998; y con los terremotos de 2001 en El Salvador y el de Haití en 2010. Todos estos son países con miles de inmigrantes beneficiarios del estatus legal temporal, a los que tres presidentes -dos demócratas y un republicano- les dieron el beneficio.
“La Casa Blanca terminó de cancelar el TPS porque para ellos esto tiene ya demasiado tiempo. Como su nombre en inglés lo indica, el ‘Temporary Protected Status’ es algo temporal, entonces ellos usaron ese argumento para decir que ya había pasado mucho tiempo y bajo ese análisis decidieron cancelar el programa para varios países”, dijo el abogado Sanabria. “Vimos que la presión política y legal ha ayudado a extender el TPS mientras se ventilan los casos judiciales. Ahora nos queda hacernos la pregunta: ¿Qué va pasar al final del camino con el TPS?”, cuestionó el experto en inmigración.
Opciones y estrategias
El abogado recalcó que hay opciones legales que deben considerarse como estrategias viables para esta comunidad, pues durante esta pandemia de COVID-19, gran parte de estos inmigrantes ha trabajado en los sectores considerados esenciales y de primera línea (“frontline industries”, como se conoce en inglés), desempeñando labores vitales en la industria de la salud y de producción de alimentos, por ejemplo.
Mientras siguen los litigios judiciales en las cortes, Sanabria enumeró algunos escenarios que se podrían considerar ante la eventualidad de cualquier fallo, y tomando en cuenta además que podría elevarse el caso a instancias superiores como la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el caso del programa de Acción Diferida (DACA) que llegó al máximo tribunal y consiguió un voto favorable para la protección de los jóvenes pero que la administración Trump sigue buscando argumentos legales para volver a introducir la demanda ante esa instancia.
“Mientras siga la pelea legal, todo el programa debería estar vigente, pero lo que hemos aprendido es que la Casa Blanca toma decisiones mientras las cosas están vigentes. Esperemos que en el caso del TPS, la Casa Blanca y el Congreso mantengan vigente el programa mientras se pueda dictaminar”, explicó el letrado.
Si el estatus temporal llegara a un final total, el abogado Sanabria dice que existe una ventana legal para esos inmigrantes que han permanecido hasta por 20 años de manera documentada en el país, que han creado familias, negocios, comprado vivienda y que sobre todo mantienen un récord limpio en su expediente, algo que es condición indispensable para mantener el permiso de trabajo y estancia legal en Estados Unidos bajo la ley del TPS.
“Una de las opciones que yo considero aplicaría para todos estos tepesianos, como se les conoce, sería la ley de los 10 años, ya que el TPS se les otorgó hace más de 20 años a muchos y en todo este tiempo la gran mayoría ha establecido sus familias, han tenido hijos, han creado negocios; entonces una persona con TPS, de verse frente a un juzgado en una corte de inmigración podría aplicar para la ley de los 10 años y cancelar esa orden de deportación hasta llegar a tener la residencia”, comentó Sanabria.
El abogado aclaró que esa ley dicta que una persona que tenga más de 10 años de residir en Estados Unidos, que tenga hijos nacidos en este país, o un familiar directo que sea estadounidense, podría cancelar una orden de deportación basándose en esa legislación.
“Estamos pendientes porque la acción de Donald Trump de cancelar el TPS pondría a más de 300 mil personas en un proceso de deportación, al quedarse sin ese permiso de trabajo y esa protección legal temporal. El siguiente paso para ellos sería llegar a una corte de inmigración para defender su caso ante una orden de deportación que se emitiría”, ahondó Sanabria.
Apoyo en el Senado
Desde la Alianza Nacional del TPS siguen apostando por encontrar apoyo en el Senado, para que la bancada republicana lleve a discusión el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes el año pasado, con algunos votos de congresistas republicanos que entienden la necesidad de avalar a esta comunidad inmigrante y darle un camino a la residencia permanente.
José Palma, uno de los coordinadores de la Alianza Nacional TPS, insistió en que su lucha debe moverse en todos los flancos para conseguir apoyo y con demostraciones como la realizada en junio. Palma también enfatizó la importancia de mantener el tema vigente en medios de comunicación para que sirva como recordatorio a los tomadores de decisión al recordarles que la comunidad tepesiana es trabajadora y en este año de dificultad que atraviesa el país, está en primera línea para mantener la economía y los servicios esenciales a flote. “Por estas razones tienen bien ganado el derecho al ajuste de estatus hacía la residencia permanente”, afirmó Palma.
El abogado Gunther Sanabria instó a los beneficiarios del programa a que apoyen este movimiento que, en los tres años corridos desde la cancelación del estatus legal, ha hecho mucho para que miles de individuos amparados al TPS sigan disfrutando del beneficio migratorio. Según el experto, apoyar acciones como las de la Alianza Nacional TPS mantienen visible el tema en un ciclo crítico por tratarse de un año electoral.
También recomendó a los beneficiarios del TPS a mantenerse bien informados sobre todos los aspectos y acciones que contempla este programa, desde los casos en cortes, las decisiones judiciales y los planes mismos de la administración por cancelarlo.
