Cada día que pasa deja más preguntas que respuestas sobre el coronavirus en territorio salvadoreño. Luego de que la mañana del 9 de julio el ministro de Salud Francisco Alabí asegurara que en el país existía un subregistro de casos, las cifras referentes a la pandemia pasaron a ser un mar de dudas que dejan abierta la posibilidad de encontrar en el futuro datos mucho mayores a los que en algún momento manejó el Ejecutivo.
Los 16 mil 230 contagiados confirmados hasta la jornada del 29 de julio podrían ser apenas una expresión mínima de la realidad. Así pues, la confianza del sector salud respecto a lo dicho y hecho por el gobierno del presidente Nayib Bukele se reduce día a día, mientras que la lucha de este gremio por obtener beneficios justos, se intensifica.
Hasta el 29 de julio, el Colegio Médico de El Salvador anunciaba 35 galenos fallecidos por el virus; sin embargo, para el doctor Ricardo Lara, especialista en epidemiología, son más de 90 trabajadores de la salud los que han perdido la vida por causas ligadas al brote, números que, según indicó en entrevista con El Tiempo Latino, hacen de este el país que más víctimas mortales en especialistas de la rama suman en la región.
Para Lara, desde que la pandemia comenzó a tener incidencia en la nación centroamericana la respuesta de Bukele y su gabinete no fue otra que politizar una crisis de carácter sanitario y social.
“El principal problema que tenemos es que, las distintas etapas que marcan la epidemiología, desde el caso 0 a pasar a la fase de contagio, nunca hubo claridad por parte del Ejecutivo, se enfrascaron en querer verlo como un pleito político y comenzaron a darle ese manejo a la pandemia”, dijo el experto.
Aunque el pasado 19 de julio confirmó la postergación de la fase dos de la reapertura, apenas un día antes el mandatario culpaba a la Asamblea Legislativa por no aprobar fondos empleados para el sector salud, lo que daría paso a la mencionada etapa.
“Si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica aunque yo quisiera postergarla 15 días más, pero no va a tener un efecto como vimos en la postergación de estos 15 días”, publicó el jefe de Estado a través de Twitter, plataforma en la que se caracteriza por ser activo.
Pese a las quejas de Bukele, Lara recordó que el presidente ha contado con el visto bueno de los poderes en más de una ocasión, hecho que llevó a la nación a contraer una enorme deuda.
“La Asamblea, para no tener supuestamente problemas con el Ejecutivo, fue bastante benévola y le aprobó todo lo que pidió al nivel de llegar a un endeudamiento de tres mil millones de dólares para poder afrontar esta situación”, expresó el galeno.
Desconfianza
Cuando la voz oficial de la salud en el país anunció que existía un subregistro de casos, el hecho pasó a tomar un peso diferente, pues, a pesar de las pruebas aplicadas (380 por cada 100 mil habitantes) se desconoce a fondo cómo ha sido el trabajo que arroja los números que día a día comparte el Ejecutivo. Asimismo, la oscuridad del panorama solo sirve para dejar abiertas incógnitas respecto al coronavirus en El Salvador.
Lara aseguró que “tenemos desconfianza en cuanto al número de casos, en la información que se nos da y eso nos lleva a preguntarnos qué está pasando en los hospitales, en los cementerios y qué es lo que está diciendo el Ejecutivo”; no obstante, lo que más reprochó al gobierno fue la falta de claridad para “hacer un alto en el camino para retomar las acciones que realmente se tienen que retomar”.
Mientras tanto, “hay una fase dos retenida y El Salvador no ha vuelto a la normalidad, y sé que cuesta, pero tener media industria cerrada es un tema que se tiene que analizar muy bien”.
Desde otro ángulo
Para Carlos Dives, periodista del medio salvadoreño El Diario de Hoy, se hace difícil creerle a un grupo de personas que admitieron no contar con números sólidos de uno de los principales problemas de la humanidad en el siglo, algo que se agrava si se señala a los medios de comunicación como los responsables de querer manchar su imagen.
“La percepción que tenemos desde el periodismo es que las cifras que está manejando el gobierno no son tan confiables, porque hay también voces desde el personal de salud, quienes nos indican que realmente [existe] un subregistro”, comentó el profesional a El Tiempo Latino.
Sobre el trato del gobierno con los medios, reconoció que “el Ejecutivo es muy reactivo a las críticas. Desde la forma en que han tratado la pandemia, cualquier aviso de crítica desarrolla en ellos una reacción muy bélica contra el periodismo”.
El hecho solo ha servido para que se investigue a fondo qué ocurre y por qué la incertidumbre encabeza la carrera de la pandemia en el país. Bajo la premisa de dar con la verdad, Dives señaló que los medios nacionales han descubierto “una serie de irregularidades en la compra de equipos y en la manera en que se están importando mascarillas, que en realidad no son las adecuadas para filtrar las partículas de la manera correcta para el personal de salud”.
Materia pendiente
Sobre el trato de la pandemia y las posibles respuestas en cada una de las preguntas que quedan abiertas en el gobierno de Bukele, una de las que más ruido hace tiene que ver con la nula participación del sector privado en la aplicación de pruebas para confirmar casos de COVID-19.
Lara recordó que desde el arribo del brote criticó “duramente la política de centralización de la toma de muestras”, las cuales alcanzan para la fecha las 236 mil 501, según datos del gobierno nacional.
Pero Dives va más allá: “una de las principales dudas que nos genera todo esto es que todavía no hay forma de hacer pruebas por la vía privada para que cualquier persona, si es que tiene la capacidad económica de hacerlo, lo haga”.
El periodista denunció que “el gobierno ha puesto bastantes trabas, a pesar de que la Sala de lo Constitucional ordenó desde el Poder Judicial que se tienen que liberar las pruebas al sector privado”.
El 23 de junio, el ministro Alabí confirmó que laboratorios privados podían sumarse a la dinámica y ejecutar los exámenes, pero nada se ha cumplido.
“Cuando se han establecido decretos que tienen que ver con emergencias, en ese momento se desactivan muchos niveles de ley de transparencia en el país que le quitan herramientas no solo al periodismo sino también a la sociedad civil para poderle exigir al Ejecutivo esa transparencia sobre cómo se están administrando los bienes públicos”, dijo Dives.
Un mercado que crece
Mientras la pandemia gana terreno y el gobierno es objeto de críticas ante la irregularidad de sus procesos, las muertes no se detienen. Para el informe del 29 de julio el registro era de 439 fallecidos y la demanda en la compra de ataúdes no parecía parar; todo lo contrario, el negocio de la muerte prosperó, al igual que en cualquier otro lugar del mundo.
Tulio Pérez, distribuidor de las piezas en el centro del país, dijo a EFE que las jornadas vieron un incremento tal que apenas logra darse abasto: “tenemos dos meses de estar en el mismo ritmo de trabajo y la demanda no se detiene”.
“Creo que, de todos los talleres, nadie estaba preparado para esto”, agregó.
De acuerdo con Lara, el hecho solo resalta lo que está a la vista de todos: “al final del día, el Ejecutivo está teniendo el descontrol de lo que no puede ocultar: los muertos”.
