Este jueves, el fiscal general de DC, Karl A. Racine, anunció una demanda contra Instacart, un servicio de entrega de comestibles, por cobrar a los consumidores del Distrito millones de dólares en honorarios de servicio engañosos y por no pagar cientos de miles de dólares en impuestos de ventas.
La Oficina del Fiscal General alega que durante un lapso de 18 meses, Instacart no reveló claramente a los consumidores que se añadieron tarifas de servicio opcionales en sus facturas y los llevó a creer que estos honorarios eran propinas para sus trabajadores de entrega. De hecho, las tasas eran una fuente de ingresos adicional para la empresa y no aumentaban el salario de los trabajadores. Además, señala que Instacart violó la ley de impuestos del Distrito.
Desde la oficina del fiscal se está buscando la restitución para los consumidores que pagaron cargos engañosos, impuestos atrasados e intereses sobre los impuestos adeudados al Distrito, sanciones civiles y costos.
“Instacart engañó a los consumidores del Distrito haciéndoles creer que estaban dando propinas a los trabajadores de entrega cuando, de hecho, la compañía les estaba cobrando tarifas adicionales y embolsándose el dinero”, manifestó el fiscal Racine. “Instacart utilizó estas tasas engañosas para cubrir sus costos de operación y al mismo tiempo no pagar los impuestos sobre las ventas en DC. Presentamos una demanda para obligar a Instacart a cumplir con sus obligaciones legales, pagar a DC los impuestos que debe y devolver millones de dólares a los consumidores del Distrito que la compañía engañó”.
Con sede en San Francisco, Instacart opera un servicio nacional de entrega de comestibles. En el Distrito de Columbia, Instacart ha operado desde al menos 2014, cumpliendo miles de pedidos de entrega cada semana.
Al momento del pago, los clientes de Instacart son dirigidos a un subtotal por el costo de sus comestibles y artículos de línea para otros cargos relacionados con la entrega. Desde septiembre de 2016 hasta abril de 2018, Instacart cobró a los consumidores del Distrito un 10 por ciento de “tarifa de servicio” por defecto por sus servicios de entrega. Para un consumidor razonable, esta tarifa de servicio parecía ser una propina: el importe se estableció como un porcentaje del total del pedido, los consumidores podían aumentar o disminuir el porcentaje o renunciar a la cantidad, y no había ninguna opción de propina visible en el check-out. Sin embargo, a diferencia de una propina, la tarifa de servicio fue a Instacart y no a los trabajadores. Instacart utilizó los ingresos para cubrir sus gastos de operación.
