Un reciente informe de Amnistía Internacional (AI) titulado “Cuando la protección se vuelve represión”, que estudia los abusos de poder durante las cuarentenas obligatorias en las Américas, coloca a El Salvador, Paraguay y Venezuela en la lista de países donde se cometieron abusos de poder durante las cuarentenas. Entre ellas, la práctica de conducir a miles de personas a centros de retención por presuntamente violar la cuarentena obligatoria sin que una ley avalase tal detención, reseñó elsalvador.com.
“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dijo una mujer identificada como Ana Cristina a Amnistía Internacional, citada en el reporte. Ella pasó 40 días durmiendo en un colchón sucio sobre el suelo en un centro que, se suponía, estaba dispuesto para proteger la salud de una sociedad. Como ella, miles pasaron en condiciones infrahumanas y antihigiénicas por mucho más tiempo del que las autoridades sanitarias recomendaban guardar cuarentena.
Ella narró que salió a comprar comida para su hijo y fue detenida por presuntamente violar la cuarentena. Fue conducida a un centro donde pasó 40 días. “Nos tenían ahí como a cualquier delincuente común”, recuerda.
La organización recuerda que las medidas de confinamiento pueden ser legítimas, pero en vista de que hay casos en que supone privación de libertad de personas, “su uso es permisible únicamente en circunstancias limitadas” y “los gobiernos tienen la obligación clara de garantizar que las personas sometidas a cuarentena están recluidas en condiciones humanas con salvaguardias frente a los malos tratos”. De lo contrario, sentencian, “su detención podría ser ilegal”.
En El Salvador, en estos centros de retención, además de condiciones antihigiénicas, hubo múltiples contagios de COVID-19 y otras enfermedades, además de abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad que los resguardaban. En muchos centros ni siquiera había mascarillas limpias o distanciamiento físico.
Por eso, el informe coloca a El Salvador junto a Venezuela y Paraguay, en la lista de los países donde se llevó a miles de personas a centros de cuarentena, que si bien eran dirigidos por las autoridades sanitarias, tenían como principales custodios y ejecutores a policías y militares.
“Amnistía Internacional considera que la forma en que las autoridades de Venezuela y El Salvador en concreto han implementado la cuarentena obligatoria ha convertido una intervención de salud pública en una respuesta punitiva”, advierte el informe, que señala cómo estas medidas golpearon más a comunidades de ingresos bajos o vulnerables.
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