21 fiscales generales estatales republicanos amenazaron el martes con tomar medidas contra la administración Biden por su nueva ley de estímulo del coronavirus de $1.9 billones, y la criticaron por imponer límites “inconstitucionales y sin precedentes” a la capacidad de sus estados para reducir los impuestos.
La carta marca una de las primeras salvas políticas y legales importantes contra el paquete de ayuda desde que el presidente Joe Biden lo firmó la semana pasada, lo que demuestra la oposición republicana sostenida que enfrenta la Casa Blanca al implementar el elemento distintivo de la agenda de política económica del presidente.
Los fiscales generales están en desacuerdo con un fondo de $350 mil millones reservado bajo el estímulo, conocido como el Plan de Rescate Estadounidense, para ayudar a ciudades, condados y estados con problemas de liquidez a pagar los costos de la pandemia. Los legisladores del Congreso optaron por restringir que los estados utilicen estos dólares federales para financiar recortes de impuestos locales.
Los legisladores incluyeron la disposición para garantizar que Washington no pague el proyecto de ley en nombre de los estados que luego toman medidas deliberadas para reducir sus ingresos. Pero las medidas de seguridad frustraron a muchos líderes republicanos, quienes dijeron en una carta al Departamento del Tesoro que la vaga redacción de la ley amenaza con interferir con los estados con buena situación financiera que buscaban proporcionar “tal desgravación fiscal con o sin la perspectiva de fondos de ayuda COVID-19”.
Acción de los fiscales
Los fiscales generales de Arizona, Georgia, Virginia Occidental y otros 18 estados pidieron a la administración de Biden que dejara en claro que pueden continuar con algunos de sus planes para reducir los impuestos, incluidos los anteriores al estímulo, en una misiva de siete páginas para la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, enviada el martes. De lo contrario, dijeron, la ley de alivio “representaría la mayor invasión de la soberanía estatal por parte del Congreso en la historia de nuestra República”, y amenazaron con tomar “medidas adicionales apropiadas” en respuesta.
Algunos funcionarios estatales ya están discutiendo una posible demanda, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para discutir las deliberaciones privadas.
La disputa legal refleja una confusión temprana y generalizada, y los persistentes cismas partidistas, que rodean uno de los elementos más polémicos de la ley de estímulo de $1.9 billones. Solo se suma a los desafíos políticos que enfrenta la administración Biden a medida que comienza a distribuir ayuda bajo uno de los paquetes de rescate económico más grandes y complicados en la historia de Estados Unidos.
The Washington Post. Traducción libre por El Tiempo Latino
