A partir de este miércoles, el estado de Maryland contará con un nuevo centro de vacunación masiva contra la pandemia del COVID-19. Será en el condado de Prince George, específicamente en la estación de metro Greenbelt donde se ubicará el lugar para aplicar las dosis contra el brote.
De acuerdo con la cadena de noticias NBC, el sitio funcionará al menos hasta el mes de junio, tiempo estimado en el que se espera haber vacunado a la mayor cantidad de población posible.
La decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias escogió el condado, dado que Prince George figura como una de las áreas de Maryland más afectadas por la pandemia del coronavirus y así hacer un uso más equitativo de las vacunas contra el brote.
El doctor George Askew, miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado, informó que la prioridad serán residentes del lugar, aunque personas incluso de otros estados podrán recibir la dosis.
La acción estuvo motivada además tras las quejas de quienes criticaron el centro de Six Flags America, de difícil acceso. “Querían ponerlo en un lugar donde pudiera llegar a las personas que enfrentan los desafíos de salud más importantes al vacunarse en el condado”, comentó Askew.
Críticas en Maryland sobre la compra de pruebas
Un proceso de adquisición deficiente condujo a la compra de Maryland a una empresa surcoreana de 500.000 pruebas de coronavirus que luego tuvieron que ser reemplazadas, según una auditoría publicada el viernes por el Departamento de Servicios Legislativos del estado.
La compra de $9,46 millones de LabGenomics, con sede en Corea del Sur, no se realizó sin un contrato escrito ni documentación de por qué se eligió a esa empresa, los cuales son requeridos por las regulaciones estatales, dijeron los auditores.
“No encontramos registros que documenten la evaluación formal de los proveedores, la base para la selección de LabGenomics o si LabGenomics era el proveedor mejor calificado”, dijo el informe de auditoría.
Poco después de que llegara el envío en abril pasado, los funcionarios estatales se enteraron de que las pruebas no coincidían con las que LabGenomics había presentado semanas antes a la Administración de Alimentos y Medicamentos para su autorización, según el informe.
Sin un contrato que requiera que las pruebas se ajusten a la autorización de la FDA, los funcionarios estatales tuvieron pocos recursos y pagaron a LabGenomics otros $2.5 millones por las pruebas de reemplazo.
Los auditores escribieron que “no se les proporcionó documentación que respalde las negociaciones por los $2.5 millones adicionales pagados” por los reemplazos.
