Comisión Presidencial para Derechos Humanos asegura que Venezuela "está en terapia intensiva"

por | Dic 24, 2020

Al día 23 de diciembre de 2020, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas efectúa una serie de consideraciones a modo de diagnóstico alrededor de la situación de derechos humanos en Venezuela, de modo que se contraste el panorama actual respecto del año 2019, y pueda la opinión pública hacerse una idea de la magnitud de la crisis.

Preliminarmente las conclusiones son claras: los derechos humanos en Venezuela han sido relegados, en el mejor de los casos, al incumplimiento, y en el peor, al absoluto olvido. Dicha circunstancia se puede evidenciar en los siguientes once (11) elementos ubicados por la Comisión Presidencial:

  1. Durante el 2020, hubo avances importantes en los mecanismos internacionales de protección gracias a los pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, la Comisión de Encuesta de la OIT, la CIDH y la Corte IDH, no obstante, las recomendaciones de esos organismos no han sido cumplidas, ya que de ese ser el caso habría una mejora, por pequeña que fuere, en los indicadores de derechos, y la realidad es que han desmejorado notablemente, por tanto, Venezuela ostenta un clima de Contumacia Institucional orquestado por el Poder de facto tal y como lo viene documentando la Comisión Presidencial.

  2. La emergencia humanitaria compleja continúa profundizándose. Las personas con VIH/SIDA, condiciones oncológicas, esclerosis, diabetes, desnutrición, enfermedades cardiacas, lepra, dengue y demás no tiene acceso a atención de salud de calidad ni a medicamentos, aumentándose innecesariamente el número de muertes evitables.

  3. El COVID-19 ha impactado de manera diferenciada a Venezuela, siendo que el Poder de facto ha utilizado la pandemia como subterfugio para limitar derechos, y los infectados corren con altos riesgos de fallecer debido a la falta de insumos médicos, bioseguridad y atención médica de calidad. Por su parte, el personal de salud ha estado expuesto a riesgos excesivos al punto que muchos han fallecido en el cumplimiento de su deber debido a la falta de insumos en bioseguridad.

  4. Los servicios básicos no operan en lo absoluto. Sigue sin haber agua, luz, gas o internet. No es viable vivir en Venezuela, y la cuarentena acrecienta la demanda y la prestación deficiente de ello. Es comprensible que, debido a la propia situación en la que nos colocó la usurpación, no sea posible que con los recursos nacionales se puede solventar la situación, empero, la reticencia frente a la ayuda humanitaria es muestra de la falta de compromiso por solventar dicha circunstancia.

  5. La violencia de género ha aumentado durante la cuarentena. La discriminación estructural sigue siendo patente, y mientras tanto, las autoridades del Poder fáctico estigmatizan y perpetúan prejuicios de género tal y como quedó cristalizado en el correspondiente Informe sobre la materia de la Comisión Presidencial.

  6. Los ciudadanos han salido espontáneamente a protestar porque no pueden tolerar las condiciones económicas y de salubridad, no obstante, la respuesta de la fuerza pública ha sido la acostumbrada: uso desproporcionado de la fuerza, generar lesiones en manifestantes pacíficos y hasta desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, las cuales, dicho sea de paso, constituyen violaciones graves contra los derechos humanos.

  7. Los Grupos de Exterminio se han afianzado. A pesar de que la CIDH y la Alta Comisionada recomendasen la disolución de la FAES, la misma continúa incurriendo en letalidad e impunidad. Se militariza recurrentemente la seguridad ciudadana y prácticas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en contra de civiles y militares disidentes son cada vez más frecuentes.

  8. La disidencia política, así como los miembros del Gobierno Interino, son perseguidos, encarcelados, hostigados y criminalizados. El ejercicio de los derechos políticos está suspendido en Venezuela. Los periodistas y personas defensoras de derechos humanos también son perseguidas y detenidas porque su labor es incómoda para la usurpación.

  9. Todo lo anterior ocurre bajo los ojos complacientes de un Poder Judicial que ha traicionado su deber constitucional de defender los principios elementales de la República, siendo nada más y nada menos que un brazo ejecutor del régimen para castigar a sus adversarios.

10.Millones de venezolanos han abandonado el país, enfrentando difíciles contextos de discriminación en razón de su nacionalidad en Estados hermanos. Debido a la pandemia, muchos desean regresar a Venezuela, pero en su retorno son calificados de armas biológicas a pesar de simplemente querer volver a casa. Hay aquellos que, en su desesperación por huir de la dictadura, optaron por la movilidad irregular mediante embarcaciones improvisadas, buscando como destino las Antillas holandesas o Trinidad y Tobago. En 2020 los venezolanos y venezolanas lloraron la muerte de varios compatriotas en naufragios. Dicha situación pudo haberse evitado si Trinidad y Tobago hubiese sido respetuosa de normas internacionales de ius cogens como el principio de no devolución, empero, fueron condenados a la profundidad del océano debido a la mezquindad política. La Comisión Presidencial recuerda que si un país no tiene la capacidad de albergar personas que han arribado a su territorio con necesidades de protección, tiene de todas formas el deber de buscar un tercer país en donde ello si sea posible, y nunca optar por devolverlos al país de origen del que precisamente huyeron.

11.Finalmente, todo esto se enmarca en un contexto de deterioro ostensible del estado de derecho y la democracia en el país. El derecho a votar y ser elegido se ha anulado, y en tanto, la usurpación busca mediante artimañas electorales que no reúnen estándares cónsonos con el derecho a la participación, despojar de legitimidad al único Poder Público que aún continúa apegado la Constitución, Maduro y el sistema de justicia a bloqueado sistemáticamente, a la Asamblea Nacional, ha despojado la inmunidad parlamentaria a varios diputados, han tenido que irse al exilio, o refugiarse en embajadas etc, cuando hablamos de un parlamentario perseguido se trata de alguien que ha podido ser atacado por colectivos paramilitares, que le han podido anular el pasaporte, ha recibido amenazas graves a la vida y allanamientos en su residencia, tiene la casa rodeada por colectivos o por patrullas del Sebin, ha sido agredido físicamente, se le han abierto inhabilitaciones administrativas o procesos judiciales, como estos nuevos allanamientos a la inmunidad, o incluso ha sufrido agresiones de tipo económico y le han cerrado y confiscado empresas a su familia.

A partir de estas consideraciones, el diagnóstico luce aún más evidente: estamos en terapia intensiva. No obstante, por más desolador que sea el horizonte, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino continuará haciendo lo que constitucionalmente le corresponde, esto es, promover y defender los derechos humanos de todas las personas venezolanas.

Ahora bien, la Comisión Presidencial nota la existencia de un paralelismo innegable entre el desmejoramiento de la situación interna, la documentación y denuncia de las violaciones a nivel de los organismos internacionales.


Con información de La Patilla


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