En Filadelfia, un desafío legal encabezado por el fiscal de distrito Larry Krasner está llamado a remodelar potencialmente el mercado de la insulina en todo Estados Unidos, reseña CBS News.
Esta demanda, presentada el pasado lunes, se centra en las grandes empresas farmacéuticas y los gestores de prestaciones farmacéuticas. Les acusa de un esfuerzo concertado para elevar el precio de la insulina, un medicamento crucial para millones de personas, incluido un segmento significativo de la población adulta de Filadelfia.
La diabetes afecta aproximadamente al 14% de los adultos de Filadelfia, lo que convierte el aumento de los precios de la insulina en una preocupación acuciante. Esta cuestión ha encendido una conversación a nivel nacional sobre la asequibilidad de la atención sanitaria.
Krasner, que lleva más de una década controlando la diabetes, presenta la demanda como una cruzada contra un sistema con ánimo de lucro que descuida la salud de los pacientes.
El núcleo de la demanda es la alarmante diferencia entre el coste de producción de la insulina y su precio de venta al público. Jesse Braxton, un profesor de instituto local que padece diabetes de tipo 1 desde su infancia, arroja luz sobre este problema. Comparte su experiencia de pagar casi 300 dólares de su bolsillo por un solo vial de insulina, un marcado contraste con su coste de producción, de sólo 3 a 6 dólares. Esta brecha pone de manifiesto la presión financiera a la que se enfrentan las personas con diabetes, especialmente las que carecen de seguro o de cobertura suficiente.
Aunque Medicare, algunos estados y unos pocos fabricantes han tomado medidas para bajar los precios de la insulina, estas medidas no son generalizadas, lo que deja a muchos luchando con los altos costes. El propio encuentro de Krasner con una farmacia que le cobró 997 dólares por un medidor continuo de glucosa, que él esperaba que costara 12 dólares, ilustra la imprevisibilidad y los retos que plantea el control de la diabetes, incluso para los asegurados.
La demanda ha suscitado debates entre los profesionales sanitarios y los defensores de la enfermedad. La enfermera de Filadelfia Maureen May, por ejemplo, critica la explotación de quienes necesitan medicamentos esenciales. Mientras tanto, las empresas farmacéuticas implicadas han tachado la demanda de infundada. Algunas afirman que se dedican a reducir los precios y a ofrecer programas de asistencia a los pacientes.
