El Tribunal Supremo evaluó este lunes la autoridad de la administración del presidente Joe Biden para regular las "armas fantasmas": kits de armas de fuego que se ensamblan fácilmente en casa y que pueden adquirirse en Internet.
Esta revisión judicial sigue a una apelación de la administración después de que una decisión de un tribunal inferior fallara en contra de las regulaciones impuestas para estas armas anónimas.
En una decisión fundamental el año pasado, el Tribunal Supremo, con una ajustada votación de 5-4, permitió que continuara la aplicación de estas normativas en medio de las continuas batallas legales.
Esta decisión vio al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y a la jueza Amy Coney Barrett, figuras tradicionalmente conservadoras, alinearse con los jueces liberales, subrayando la naturaleza divisiva de la regulación de las armas fantasma.
Emitida en 2022 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), esta normativa pretende hacer frente a la creciente amenaza que suponen las armas fantasmas.
Estas armas desafían los esfuerzos de las fuerzas del orden debido a su anonimato.
Normas sobre las armas fantasmas
Las nuevas normas clasifican los componentes utilizados en el montaje de armas fantasma como "armas de fuego" según la Ley federal de Control de Armas, aplicando así a los fabricantes los requisitos reglamentarios tradicionales como la concesión de licencias, la asignación de números de serie, la comprobación de antecedentes y el mantenimiento de registros.
Sin embargo, la normativa ha encontrado resistencia, lo que ha provocado una demanda dirigida por los particulares Jennifer VanDerStok y Michael Andren, junto con fabricantes de armas fantasma y defensores de los derechos de las armas.
Sostienen que la definición más amplia de "arma de fuego" de la ATF excede los límites establecidos por el Congreso y aumenta ilegalmente los límites normativos y penales.
El Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EEUU en Nueva Orleans apoyó ampliamente a los impugnadores, afirmando que la normativa se aparta de la intención legislativa.
Impacto
Esta sentencia, si se mantiene, podría conducir a un acceso casi sin restricciones a los kits de armas fantasma, permitiendo a los individuos ensamblar rápidamente armas de fuego funcionales sin ninguna salvaguarda reguladora como las comprobaciones de antecedentes o las marcas de identificación.
En representación de la administración, la procuradora general Elizabeth Prelogar destacó las graves implicaciones de un posible aumento de las armas de fuego imposibles de rastrear.
Subrayó que anular la normativa podría socavar drásticamente los esfuerzos para combatir los delitos violentos, lo que supondría riesgos significativos para la seguridad pública y las operaciones de las autoridades.
"El resultado sería una avalancha de armas fantasma imposibles de rastrear en las comunidades de nuestra nación, poniendo en peligro al público y frustrando los esfuerzos de las fuerzas del orden para resolver crímenes violentos", declaró a NBC News.
