El derrumbe el mes pasado del puente Francis Scott Key en Baltimore ha provocado un enfrentamiento legal. El alcalde y el ayuntamiento de Baltimore han presentado recientemente documentos judiciales en los que insisten en que Grace Ocean Private Ltd. y Synergy Marine Pte Ltd., propietaria y gestora respectivamente del portacontenedores Dali, son responsables del catastrófico incidente, reseña NBC Washington.
El 26 de marzo, el Dali, con destino a Sri Lanka, sufrió un fallo eléctrico crítico poco después de zarpar de Baltimore. El fallo hizo que el barco chocara contra un pilar del puente, lo que provocó el derrumbe de éste y la trágica muerte de seis trabajadores de la carretera. El incidente no sólo ha provocado una importante pérdida de vidas humanas, sino que también ha interrumpido gravemente las rutas marítimas y de camiones clave
Grace Ocean y Synergy han solicitado limitar sus indemnizaciones a unos 43,6 millones de dólares, amparándose en una ley marítima de 1851. Esta acción ha encontrado una fuerte resistencia por parte de las autoridades de la ciudad de Baltimore y de las familias de las víctimas, que afirman que las empresas mostraron negligencia en la gestión y operación del barco.
Los representantes legales de Baltimore sostienen que las compañías no mantuvieron la navegabilidad del Dali y no emplearon a una tripulación competente, lo que condujo directamente a la destrucción del puente. "Durante más de cuarenta años, los buques de carga han navegado con seguridad bajo el puente Key miles de veces al año sin incidentes", afirma la demanda legal de la ciudad, subrayando la naturaleza sin precedentes de este desastre.
En respuesta al colapso, tanto el FBI como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado investigaciones. El FBI está llevando a cabo una investigación criminal, mientras que la NTSB está examinando los sistemas eléctricos del Dalí para determinar las causas principales del corte de electricidad que desencadenó el desastre.
Además, Grace Ocean ha anunciado una declaración de "avería gruesa", lo que podría obligar a los propietarios de la carga a contribuir a los costes de salvamento, complicando así las consecuencias financieras del desastre. Con el valor del barco estimado en hasta 90 millones de dólares y los importantes gastos de reparación y salvamento que se avecinan, las implicaciones financieras son sustanciales.
