La administración Biden impulsó una nueva norma de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Sanitarios (HIPAA) destinada a proteger los historiales médicos de las personas que viajan para someterse a abortos legales en estados con leyes más permisivas.
Este avance se produce en un contexto de estatutos antiaborto cada vez más estrictos en varios estados, incluido Arizona y Florida.
Jennifer Klein, directora del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, subrayó el derecho esencial a la atención sanitaria.
"Todo el mundo merece tener la seguridad de que su historial médico no se utilizará en su contra, en la de sus proveedores sanitarios o en la de sus seres queridos para obtener servicios legales de salud reproductiva”, señaló.
Una mejora en las disposiciones para pacientes que quieren hacerse un aborto
Esta actualización de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Sanitarios (HIPAA) de 1996 mejora las disposiciones existentes que impiden a los proveedores sanitarios y a las aseguradoras revelar información sobre los pacientes.
En concreto, la nueva norma prohíbe a las autoridades estatales y locales acceder a los historiales médicos relacionados con la salud reproductiva con fines civiles, penales o administrativos en las regiones donde el aborto es legal.
Para las personas que viven en estados con estrictas restricciones al aborto, esta normativa promete mayores garantías cuando busquen servicios en estados con menos restricciones.
Además, la norma amplía sus medidas de protección a otras áreas de la salud reproductiva, incluidos los tratamientos de fertilidad, la anticoncepción y la atención relacionada con los abortos espontáneos, segín el Secretario de Sanidad, Xavier Becerra.
Lo que debes saber: la norma no protege completamente a quienes compran píldoras abortivas por Internet, algo cada vez más común en los estados restrictivos.
Además, la norma no exige una orden judicial para que las fuerzas del orden puedan acceder a los historiales médicos, lo que ha sido un tema polémico entre algunos demócratas que abogan por protecciones más sólidas.
Los republicanos se oponen al cambio de Biden
Antes de que se finalizara la norma, 19 fiscales generales republicanos se opusieron al borrador, argumentando que interfería indebidamente con la autoridad estatal y tergiversaba las normativas estatales sobre el aborto.
A pesar de los posibles obstáculos legales, el secretario Becerra reconoció las limitaciones de la norma, pero reiteró la dedicación de la administración a mantener el acceso a los servicios sanitarios necesarios, con la esperanza de una futura ley nacional coherente con los principios del caso Roe v. Wade.
Con al menos 22 estados liderados por demócratas que han aprobado leyes u órdenes ejecutivas para proteger de acciones legales a los proveedores médicos y a las pacientes implicadas en abortos, las líneas de contención están claramente definidas.
