La administración Biden se opuso a la posible orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios israelíes, incluido potencialmente el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Esta postura decidida pone de relieve el equilibrio entre la diplomacia internacional y las presiones políticas internas a las que se enfrentan los líderes estadounidenses.
Dirigiéndose a la prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró: "No lo apoyamos", refiriéndose a los exámenes en curso de la CPI, que también escrutan las actividades de Hamás junto con las operaciones israelíes.
Afirmó: "No creemos que tengan jurisdicción", estableciendo un límite definitivo dado que ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, lo que complica cualquier esfuerzo legal de colaboración dirigido a los representantes israelíes.
Ataques israelí en la Franja de Gaza
A pesar de la postura estadounidense, la emisión de órdenes de detención podría amplificar las críticas a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, ampliando el debate en torno a las tácticas militares del país tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.
Este ataque provocó la pérdida de casi 1.200 israelíes y fue objeto de una respuesta israelí. Los críticos argumentan que estas medidas, incluida la pérdida de vidas humanas y la restricción de la ayuda humanitaria, podrían infringir las leyes internacionales, ya que Gaza sufrió alrededor de 34.000 bajas.
Estragos en EEUU
La posibilidad de órdenes de detención de la CPI creó un debate polifacético en Estados Unidos, que va desde protestas académicas hasta divisiones políticas.
Las críticas a las estrategias de Netanyahu resuenan especialmente entre los partidarios demócratas, influyendo en los debates sobre la aplicación del poder diplomático estadounidense por parte del presidente Biden.
Sin embargo, muchos demócratas y un amplio abanico de republicanos afirman el compromiso de Biden con la seguridad de Israel, advirtiendo contra su posible politización por parte de los grupos propalestinos de izquierda.
Opiniones divididas
Con este telón de fondo de opiniones diversas, las intenciones de la CPI de exigir responsabilidades a altos funcionarios israelíes provocó reacciones variadas, desde la preocupación hasta la aprobación.
Grupos progresistas como los Demócratas de la Justicia elogian la búsqueda de justicia por parte de la CPI, como destaca su portavoz, Usamah Andrabi, que rebate el rechazo de la Casa Blanca a la jurisdicción de la CPI.
Por el contrario, figuras como Joel Rubin, exvicesecretario adjunto de Estado, y líderes políticos actuales como el portavoz Mike Johnson y el senador John Fetterman se oponen firmemente a los posibles movimientos de la CPI por considerarlos prejuiciosos y amenazadores para su credibilidad judicial.
En medio de esta dinámica, hay indicios de esfuerzos diplomáticos internacionales encaminados a disuadir a la CPI de emitir las órdenes de detención, recelosos de interrumpir las conversaciones para un alto el fuego o las negociaciones sobre los rehenes.
Estas estrategias ponen de relieve la continua lucha por equilibrar las acciones judiciales internacionales con las tácticas políticas y humanitarias globales.
