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Los miembros del Congreso se han unido en un proyecto de ley de reautorización de la FAA de 105.000 millones de dólares. Con la fecha límite del 10 de mayo, esta legislación garantiza las funciones en curso de la Administración Federal de Aviación (FAA) durante los próximos cinco años, reseña WTOP.

El proyecto de ley de 1.000 páginas esboza objetivos para ampliar la plantilla de control del tráfico aéreo. También impone protecciones al consumidor, como el reembolso obligatorio en efectivo en caso de retrasos o cancelaciones importantes de vuelos, en línea con las recientes directrices de la administración Biden.

Un punto del proyecto de ley es el aumento de vuelos propuesto en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), debido a la fuerte oposición de los senadores de Virginia y Maryland -que citan recientes incidentes cercanos que subrayan los riesgos para la seguridad-.

Defendida por líderes como la presidenta de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado estadounidense, Maria Cantwell, y respaldada por figuras de ambos partidos como Ted Cruz, Sam Graves y Rick Larsen, la ley cuenta con un fuerte apoyo bipartidista. Destacan que "el pueblo estadounidense se merece el sistema aeroespacial más seguro y eficaz del mundo".

Se destinan importantes aumentos de financiación a la infraestructura y la seguridad de la aviación. En concreto, se destinan 66.700 millones de dólares a medidas esenciales de seguridad, y otros 19.350 millones a mejoras aeroportuarias. Además, el proyecto de ley prevé un aumento considerable de la financiación del programa de Servicios Aéreos Esenciales, que mejora la conectividad y el crecimiento económico de las zonas rurales.

Además de ampliar los vuelos en aeropuertos clave como el DCA, el proyecto de ley introduce una normativa de protección del consumidor diseñada para mejorar la experiencia de los viajes aéreos. Establece puntos de referencia precisos para los reembolsos en metálico de las aerolíneas tras grandes retrasos e implanta medidas para evitar tasas adicionales a las familias que busquen asientos contiguos. Además, ordena que el Departamento de Transporte proporcione una visión en línea del tamaño de los asientos en las aerolíneas estadounidenses.

El proyecto también propone la creación de un vicesecretario para la protección del consumidor, respaldado por una oficina específica y un presupuesto anual de 14 millones de dólares, para supervisar estos intereses de los consumidores.

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