El mes pasado, una inmigrante salvadoreña de 27 años llamada Sara Beltrán Hernández sufrió un colapso nervioso y se desmayó en un centro de detención en Texas, a donde fue trasladada tras esperar 16 meses bajo custodia federal que un juez resolviera su solicitud de asilo de un país devastado por la violencia de las pandillas y considerado la capital de la muerte en el mundo.
Dentro del cerebro de la mujer, los doctores encontraron un gran tumor en su glándula pituitaria, una masa benigna que la dejó mareada, olvidadiza y con dolor, con pérdida de apetito y nariz ensangrentada.
Pero en lugar de liberarla y entregarla a su familia o al cuidado de especialistas, los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con los abogados de la mujer, la han tratado como una criminal peligrosa ─encadenándola, reteniendo información sobre su ubicación y dejando de proporcionarle atención médica.
ICE ha negado estas afirmaciones.
Con la ayuda de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, un destacado abogado de inmigración y profesor de derecho de Texas, su caso ha atraído la atención nacional en momentos en que las facciones de todo el país están al mismo tiempo despreciando y alabando las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump.
En los documentos judiciales presentados la semana pasada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, los abogados de Beltrán Hernández ofrecieron una cronología de los últimos acontecimientos que, de ser exactos, pintan una imagen alarmante de la forma en que su caso ha sido manejado por funcionarios de ICE, trasladando a la mujer de vuelta al centro de detención donde originalmente colapsó.
Un posible alivio llegó el miércoles por la tarde, sin embargo, 20 días desde que Beltrán Hernández cayó enferma, cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció liberar a la mujer con un bono de 15.000 dólares, informó el Dallas Morning News. Pero la oferta debe ser aprobada por un juez federal de inmigración antes de que pueda entrar en vigor, dijo el informe.
Y la familia de Hernández no está segura de cómo va a llegar el dinero.
“Ella necesita un largo tratamiento médico y tal vez una cirugía en el futuro”, dijo Esmeralda Hernández, la madre de Beltrán Hernández, a Morning News.
“Tenemos muchas esperanzas de que Sara sea liberada para que pueda recibir la atención médica que necesita mientras se revisa su solicitud de asilo”, dijo Marouf en un correo electrónico.
Esmeralda Hernández le dijo a Morning News que sólo quiere llevar a su hija a Nueva York, donde la familia puede supervisar su tratamiento. La madre no ha visto a su hija en los 16 meses que lleva en EEUU.
Beltrán Hernández cruzó la frontera el 4 de noviembre de 2015, un año antes de que Trump fuera elegido presidente, huyendo de El Salvador de lo que ella describió a la corte como “violencia doméstica severa” y “amenazas de muerte por parte de un líder de pandilla”.
Fue detenida en Hidalgo, Texas, por funcionarios de Inmigración y Aduanas y aprobó una entrevista de “temor creíble” que la capacitó para solicitar asilo.
En el año y medio que ha pasado desde entonces, Beltrán Hernández no ha dejado la custodia federal, esperando su destino, mientras que los jueces de inmigración negaron su petición de asilo y luego se negaron dos veces a liberarla bajo fianza durante su posterior apelación porque, según el juez, ella es un riesgo.
En enero, el mismo mes en que Trump tomó el timón del país como presidente y firmó una oleada de órdenes ejecutivas indignando a los defensores de la inmigración, la mujer fue trasladada a un centro de detención privado, donde continuó esperando una audiencia sobre la apelación de su solicitud asilo.
A más de 1.500 millas (poco más de 2.400 kilómetros) de distancia en Nueva York, su familia también esperaba.
El caso de Beltrán Hernández no es muy diferente al de otros solicitantes de asilo en Estados Unidos, donde los registros de inmigración a nivel nacional están dejando gente como ella en el limbo. Incluso su denegación de bonos, a pesar de que esta madre de dos niños tiene una historia criminal limpia, no llamó la atención de su caso.
No fue hasta más de una semana después de que ella colapsó que su historia tuvo eco nacional.
Fatma Marouf, profesora de derecho y directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Universidad Texas A & M, tomó el caso a nivel local después de que Beltrán Hernández fue hospitalizada y su familia, según documentos judiciales, pasó días sin poder comunicarse con ella.
Después de que colapsó, su familia fue notificada pero no se le informó la ubicación del hospital donde Beltrán Hernández había sido trasladada, los documentos alegan. A su abogado, ubicado en la costa este, llevó tres días encontrar a la mujer en Huguley Hospital luego de llamar a “numerosos hospitales”.
La mujer habló brevemente con su abogado, transmitió información sobre el tumor y una posible cirugía y compartió el número de su habitación en el hospital. Pero cuando su familia trató de volver a llamar más tarde, “se les dijo que no estaba registrada allí como paciente”, según documentos judiciales.
“ICE no quiso revelar su ubicación, por lo que su nombre no aparece en la lista de pacientes, por lo que es imposible contactarla”, aseguran los abogados de Beltrán Hernández.
Dos guardias de la institución correccional donde se desplomó permanecieron estacionados en su habitación en todo momento, incluso cuando su información médica estaba siendo discutida con los médicos, de acuerdo con la presentación de la corte. Ni los guardias ni sus doctores hablaban español, los documentos alegan, dejando a la mujer incapaz de hacer preguntas o comunicarse sobre su condición.
Nueve días después del colapso, Beltrán Hernández habló con su madre por teléfono y dijo que estaba teniendo dolor de cabeza severo y otros síntomas. Preocupada, la madre de la mujer le preguntó a un amigo de la familia que vive en Texas que visitara el hospital. Cuando el amigo intentó entrar en la habitación de Beltrán Hernández, “fue abordada de inmediato por los dos guardias”, según el archivo del tribunal. El amigo salió “sintiéndose asustado”.
Esa misma noche, según los documentos, los abogados de Beltrán Hernández en la costa este solicitaron la ayuda de Marouf, quien llevó a un traductor para visitar a la mujer en el hospital. Los guardias le dijeron a Marouf que se fuera, alegó, y dijo que Beltrán Hernández estaba en una lista de “sin contacto”.
Marouf se acercó a la mujer de todos modos, pero después de una breve conversación volvió a ser amenazada por los guardias. Más tarde, un administrador del hospital le dijo al abogado le dijeron que saliera y lo acompañara al vestíbulo.
Más tarde se determinó, según Marouf, que no se violaron las reglas de ICE ni del hospital visitando a Beltrán Hernández, lo que llevó a los funcionarios federales y del hospital a echarse la culpa unos a otros por el incidente.
Aproximadamente dos semanas después de su diagnóstico, las autoridades le dijeron a los abogados de la enferma que sería trasladada a “un hospital de Dallas mejor equipado para manejar su condición médica”, pero en cambio fue trasladada al Centro de Detención de Prairieland, el mismo lugar donde se desmayó, “esposada, con grilletes alrededor de su cintura y tobillos”.
Una portavoz de ICE dijo a Associated Press que Beltrán Hernández no fue retenida durante su traslado y que recibió llamadas telefónicas de sus abogados y familiares mientras estaba en el hospital.
Los documentos de la corte también alegan que los funcionarios de ICE se negaron a permitir que los abogados de Beltrán Hernández asistieran a una cita crítica con un neurocirujano la semana pasada y que en el centro de detención, ella está “aislada en una sala médica” y una enfermera que administra medicamentos para el dolor, pero no toma los signos vitales de la mujer o la monitorea por sus convulsiones.
“Estamos muy preocupados de que el centro de detención no pueda supervisarla como ella necesita”, dijo Marouf al Dallas Morning News. “Cada vez que la visito, ella está sufriendo y nos preocupa que la detención esté exacerbando su condición”.
ICE ha mantenido en declaraciones que la mujer está recibiendo atención médica adecuada.
Beltrán Hernández, quien dijo que recibió amenazas de muerte en El Salvador, dejó a sus dos hijos pequeños con la esperanza de que pudiera traerlos a Estados Unidos en una fecha posterior, informó Morning News.
“Después de todo (lo que Beltrán Hernández) ha pasado”, dijo la hermana de la mujer, Raquel Beltrán Hernández, en el archivo del tribunal, “ella no quiere morir en la cárcel”.
(Traducción El Tiempo Latino / El Planeta Media)
