El reciente decreto de la alcaldesa Cherelle L. Parker que obliga a todos los empleados de la ciudad a volver al trabajo presencial a tiempo completo para mediados del verano ha provocado un considerable descontento entre la plantilla municipal de Filadelfia, reseña Inquirer.
Tras menos de seis meses de mandato, la decisión de Parker de poner fin al trabajo híbrido ha provocado un distanciamiento con el Consejo de Distrito 47 de AFSCME, uno de los sindicatos más poderosos de la ciudad.
Durante una rueda de prensa celebrada en abril, Parker afirmó que esta política queda fuera del ámbito de la negociación colectiva, justificando así su decisión. "Sé que no siempre vamos a estar de acuerdo", dijo Parker. "Pero la gente me ha elegido para que haga lo mejor que pueda para que nuestra ciudad avance, y eso es lo que intento hacer".
La respuesta inmediata del sindicato pone de manifiesto una discrepancia más profunda. David Wilson, presidente de AFSCME Local 2187, afirma que la decisión del alcalde elude procesos de negociación esenciales. El sindicato argumenta que la única reunión de la ciudad sobre la política de retorno a la oficina no constituye una negociación significativa.
Además, Gennifer Reed, presidenta del Local 2186, señaló las disposiciones contractuales vigentes desde hace tiempo que permiten horarios de trabajo flexibles y alternativos. Estas disposiciones, argumentan, hacen necesaria la negociación cuando los cambios afectan a las condiciones de trabajo.
Aunque el alcalde Parker insiste en que el cambio de política se centra en el lugar físico de trabajo y no en las horas, plantea cuestiones sustanciales sobre los derechos laborales y la flexibilidad de los trabajadores en una era pospandémica.
El panorama laboral de Filadelfia participa regularmente en debates matizados sobre los acuerdos laborales. Francis Ryan, profesor laboral de la Universidad de Rutgers, sostiene que los escenarios laborales híbridos encajan en el marco tradicional de la negociación colectiva. Aun así, la necesidad de tales negociaciones sigue siendo ambigua, sin que exista un consenso claro entre los empresarios y los sindicatos del sector público.
Joseph E. Slater, experto en derecho laboral del sector público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toledo, sugiere que las políticas de localización del trabajo suelen entrar dentro de los temas de negociación obligatoria o que sus efectos deben negociarse. Sin embargo, esta cuestión no se ajusta uniformemente ni a la práctica habitual ni a los precedentes legales, lo que añade complejidad a esta disputa.
El Consejo de Distrito 47 aún no ha anunciado sus próximos pasos, pero ha insinuado futuras acciones, que posiblemente incluyan la presentación de una denuncia por prácticas laborales desleales ante la Junta de Relaciones Laborales de Pensilvania. Si esto ocurriera, podrían seguir exámenes legales exhaustivos y posibles apelaciones ante los tribunales, para determinar qué aspectos de la política, si los hubiera, justifican la negociación.
