Miles de personas participaron en marchas en la capital colombiana para apoyar el paro de los agricultores o exigir demandas propias, pero en algunos lugares la policía tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a grupos de manifestantes encapuchados que lanzaron piedras y trozos de ladrillos.
- No se ha dado aún un reporte oficial de heridos o detenidos por los choques, que son usuales en las manifestaciones estudiantiles.
El presidente Juan Manuel Santos sostuvo el jueves que el país atraviesa una tormenta a raíz de la huelga de pequeños agricultores que comenzó el 19 de agosto y pidió mesura en las marchas de la jornada.
La policía informó que en todo el país se realizan 29 marchas con la participación de unas 45.000 personas, de las cuales unas 28.000 avanzaron por calles de Bogotá hacia la céntrica Plaza de Bolívar, punto de concentración, en una caminata convocada por el sector de estudiantes universitarios.
Un pequeño grupo de 15 a 20 manifestantes encapuchados que lanzaban piedras y trozos de ladrillos en un sector del centro de Bogotá, fueron dispersados con descargas de gas lacrimógeno lanzado por agentes antimotines, según observó un reportero de la AP.
Brotes similares se dieron en al menos otros dos puntos del centro y en la Plaza de Bolívar, donde algunos encapuchados lanzaban palos y piedras a los agentes en la plaza y donde los manifestantes que habían llegado de forma pacífica se replegaron a un costado
A lo largo de las caminatas, que partieron de seis distintos puntos de Bogotá rumbo a la plaza, los manifestantes avanzaron en general de forma pacífica con pancartas, haciendo sonar pitos y dando vivas a los cultivadores, mientras en las paredes y vidrios de los comercios del centro capitalino, la mayoría cerrados, se podían ver pintadas en color rojo o verde con consigas como “arriba el paro agrario”.
“En el paro somos delincuentes y en elecciones somos ciudadanos”, se podía leer en una pancarta blanca con letras rojas que llevaban universitarios, algunos vistiendo ruanas o ponchos, como los que visten cultivadores del centro del país.
En medio de la caminata donde abundaban las banderas amarrillo, azul y rojo de Colombia, Julio García, un mensajero de 32 años y soltero, no se ahorró críticas al gobierno.
“El presidente Santos lo que hizo con las manos, lo borró con los pies”, dijo García que apoya el reclamo de los cultivadores. “Me explicó, (el presidente) sentó a las FARC para el proceso de paz, pero se agarró con los campesinos, eso es insólito, yo creo que no hay reelección”, añadió García, quien tras ver a los manifestantes lanzado piedras se retiró del sitio.
El mandatario pidió tratar de “pasar esta tormenta de la mejor forma posible, después de la tormenta viene la calma”, en alusión al paro agrario en rechazo a los bajos precios en las cosechas y los altos costos en los insumos que hacen que los cultivadores produzcan a pérdida.
Los campesinos también se quejan por la creciente importación de productos que atribuyen a tratados de libre comercio y convenios comerciales con distintos países que van desde Mercosur, de donde llega leche en polvo, hasta papas de Perú o arroz desde Estados Unidos, entre otros.
“Hay una crisis en el sector agropecuario, una crisis que tenemos que enfrentar y de la cual vamos a salir adelante”, dijo Santos en una alocución al país desde la sede de gobierno.
El mandatario ratificó una serie de medidas para ayudar a los pequeños cultivadores, principalmente de papa, cebolla y productores de leche del centro del país, desde rebajar a cero el arancel de importación para 23 distintos productos fertilizantes y abonos, actualmente de entre 5% a 10%, pero no ofreció detalles sobre cuándo comenzaría a regir la medida.
Analistas consultados por The Associated Press indicaron que si bien en los paros no amenazan la gobernabilidad, dificultan el escenario para la posible reelección de Santos en los comicios generales de mayo de 2014. Destacaron además las diferencias de las protestas colombianas con las de otros países de la región, porque en esta nación andina son más rurales y sus agendas muy diversas, lo que dificulta que se unifiquen en un sólo movimiento nacional.
“No hay ningún riesgo de que el gobierno se vea afectado en su capacidad de ejecución o de tramitar leyes. La coalición de gobierno y la gobernabilidad no se ve amenazada” por las manifestaciones, dijo Jorge Restrepo, director del no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Pero “sí estoy seguro que le van a pasar factura en las elecciones”, añadió. Santos ha dicho que recién en noviembre, seis meses de las elecciones como contempla la ley, dirá oficialmente si buscará un segundo mandato.
Restrepo recordó que el gobierno ha logrado desactivar otros focos de protestas como en el Catatumbo “con la chequera… y esa es la peor política pública” porque compromete recursos a futuro.
Sandra Borda, profesora de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, en Bogotá, destacó los errores cometidos por el gobierno al no anticipar las distintas manifestaciones y “sigue pareciendo desconectado… la sensación que le queda a todo el mundo es que no hay un plan” para atender la situación.
Por otra parte “mientras en Brasil eras clases medias (las que protestaban) el origen de este asunto es el sector agrario, que genera solidaridad (en otros sectores como los universitarios) porque se le ve golpeados por el olvido” estatal, dijo Borda.
Santos admitió que los problemas del campo se han acumulado a lo largo de décadas y que desde hace 44 años no se hace un censo agropecuario para conocer la situación de los productores, dónde están y cuáles son sus dificultades específicas.
Los universitarios apoyan a los agricultores pero también demandan una mesa de diálogo para discutir reformas al sistema de educación superior y que el gobierno cubra o entregue fondos para paliar el déficit de 11 billones de pesos (unos 5.700 millones de dólares) que tienen las universidades públicas y que se ha acumulado desde hace al menos 20 años.
En Colombia funcionan 37 universidades e instituciones de educación superior públicas y al menos 17 privadas que albergan en conjunto 1,8 millón de estudiantes, unos 600.000 de ellos en el sistema privado.
Desde su inicio las protestas campesinas han dejado al menos dos civiles muertos, medio centenar de personas heridas y al menos 175 detenidos, según grupos de derechos humanos que han denunciado abusos de la fuerza pública y han demandado la renuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El gobierno “vive momentos contradictorios desde todo punto de vista. Mientras sostiene un discurso político sobre la necesidad de llegar al fin de conflicto armado, al mismo tiempo actúa de manera represiva contra la población civil”, indicó en un comunicado el no gubernamental Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
