Este lunes, los cancilleres europeos se reunieron para discutir las sanciones que impondrán a los funcionarios responsables de la situación de Venezuela, tras las dudosas elecciones celebradas hace una semana.
“La Unión Europea (UE) actuará rápidamente (…) con el fin de imponer medidas restrictivas adicionales, selectivas y reversibles, que no perjudiquen a la población venezolana”, aseguraron.
Antes de celebrarse las elecciones presidenciales, el órgano europeo reiteró varias veces que los comicios no reunían las garantías necesarias para realizarse, por lo cual carecían de legitimidad.
Ante esto amenzaron con “reaccionar con las medidas adecuadas” si se realizaban las elecciones. Sin embargo, se llevó a cabo tal evento en el que Nicolás Maduro resultó reelecto con unos resultados dudosos anunciados por Tibisay Lucena, rector principal del Consejo Nacional Electoral, quien ya había sido previamente sancionada por la UE.
Las presidenciales en Venezuela “no cumplieron las normas internacionales. No fueron elecciones libres, justas ni transparentes”, dijo el secretario de Estado para Europa del gobierno alemán, Michael Roth.
Por lo tanto, la UE adoptará nuevas sanciones contra el régimen de Maduro en junio de este año, pidiendo además que se realicen nuevas elecciones libres y justas.
“La UE hace un llamamiento para que se celebren nuevas elecciones presidenciales de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas”, agregan los ministros europeos.
Las sanciones estaría relacionadas con la prohibición de visados y la congelación de activos en los países miembros que posean los funcionarios del gobierno venezolano, principalmente a “los actores vinculados a la organización de esas elecciones poco representativas”.
No obstante, aún no considerarán sancionar directamente a Maduro pues este tipo de medidas son “muy excepcionales” en la UE, como tampoco lo harán al sector petrolero venezolano.
El bloque de países asegura que de sancionar con el sector petrolero, se estaría afectando directamente a los venezolanos que ya viven en condiciones precarias. Asimismo, saldrían afectados, según sus cálculos, los 600 mil europeos que aún viven en Venezuela.
