La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador le notificó el viernes al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, que fue acusado en ese tribunal por el delito de agresión sexual en perjuicio de una niña de 10 años. La audiencia en la que se ventilarán los hechos está prevista para el próximo martes.
El magistrado Escalante Díaz, en compañía de su abogada, acudió a la Cámara para darse por enterado oficialmente de la acusación que pesa sobre él, la cual calificó de “canallada”.
Pero la Fiscalía dice haber fundamentado el caso. La fiscal Marina de Ortega dijo: “Tenemos elementos de prueba testimonial, técnica y científica que respaldan los elementos que hoy por hoy tiene la Fiscalía para continuar con este caso”.
De Ortega pidió a la Cámara Primera de lo Penal que en la audiencia inicial del próximo martes decrete la detención del magistrado Escalante Díaz.
Por tratarse de una niña, la Fiscalía solicitó a la Cámara Primera de lo Penal que imponga “reserva total” al proceso, para que particulares no puedan tener acceso a los expedientes que dan todos los detalles de los hechos que encierra el caso como una forma de no revictimizar a la niña presuntamente agredida.
El 22 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa que le quitara el fuero constitucional que gozaba y que impedía que el magistrado Escalante Díaz fuera procesado.
Cuatro días después de la petición, en una sesión plenaria extraordinaria, los diputados autorizaron que se iniciara el proceso de antejuicio en contra del magistrado y crearon una comisión especial.
El 1 de marzo, la comisión especial dictaminó que era procedente levantarle la inmunidad al magistrado Escalante Díaz.
Ese mismo día, con el voto de 82 diputados de la Asamblea Legislativa, se acordó desaforar (quitarle la inmunidad) que gozaba el alto funcionario judicial y que impedía que fuera procesado penalmente.
“Se concluye en el dictamen (acuerdo) respectivo de la Comisión Especial de Antejuicio que existen elementos suficientes para que el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz sea conocido en sede judicial”, se lee en el acuerdo de los diputados.
El magistrado fue detenido por la policía el 19 de febrero en la residencial Altavista en la jurisdicción de Tonacatepeque. Una mujer afirmó que él había agredido a su hija.
Esa misma noche, la Policía lo puso a la orden del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, para que iniciara los trámites correspondientes de ley. Quijano informó al siguiente día que el magistrado estaba en casa y que tenía asignado un empleado legislativo.
