La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió ayer el fallo definitivo en el que declara la ilegalidad del uso exclusivo de dos carriles y las estaciones que hace el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss). La resolución también ordena a la Asamblea Legislativa realizar una nueva licitación para concesionar dicha obra.
El fallo judicial da un año al Congreso para cumplir con este requisito y, además, mantiene los carriles libres para la circulación de vehículos, tal como lo ordenó la Sala en mayo de 2017.
La máxima instancia judicial señaló en un comunicado que la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) no realizó la concesión de la obra como se regula en el artículo 120 de la Constitución de la República.
En vez de eso, la Dirección de Tránsito del gobierno anterior solo ordenó, en una resolución del 16 de abril de 2015, el uso exclusivo de los carriles para el funcionamiento del Sitramss. “El uso privativo del carril segregado y de las estaciones implica una restricción del uso libre e indiscriminado de los bienes de uso público en los que se alojan dichas estructuras, de modo que era necesario el otorgamiento de una concesión legislativa específica”, señaló la Sala.
Según los argumentos de la Sala, si no hay una concesión legislativa que dé vida legal a la explotación de la calle, la utilización de los carriles antes mencionados “carece de la base habilitante y necesaria que conduce su validez, por lo que es declarada inconstitucional”.
De no realizarse la concesión como lo establece la Constitución, la Sala advirtió que se ordenará la realización de obras “para rehabilitar el tránsito entre el actual carril segregado y los carriles contiguos y eliminar las señalizaciones referidas a su exclusividad para el uso del Sitramss”.
Ayer mismo, el presidente Nayib Bukele ordenó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) “desmantelar” el proyecto, tras considerarlo ilegal y vinculado a la empresa Alba Petróleos (leer nota aparte).
Lo anterior fue secundado por el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, quien llamó a la Fiscalía General a investigar cómo fue concebido y manejado el proyecto.
“Quiero pedirle a la Fiscalía que investigue, ahora que fue declarado ilegal, quiénes son los que están detrás (del Sitramss). Nosotros siempre dijimos que quien estaba detrás de todo ese negocio era Alba Petróleos”, señaló Ramírez.
Asimismo, Ramírez consideró que la Sala de lo Constitucional tardó demasiado en emitir un fallo respecto a la ilegalidad de la obra.
“Lástima que se ha tardado tanto algo que ha sido evidente, y no solo se ha violado el (artículo) 120 (de la Constitución), sino que se ha violado el 233 y el artículo 3 que dice que ante los ojos de la ley todos somos iguales”, manifestó el transportista.
Fuente: El Salvador
