El Instituto Nacional de los Deportes (Indes) avisó al Ministerio Público sobre indicios de violaciones a la ley que habrían ocurrido en la administración pasada. La solicitud a Fiscalía la hizo el martes.
Durante una conferencia de prensa, el presidente de Indes, Yamil Bukele, habló en relación al “posible cometimiento de delitos descritos y sancionados” por el Código Penal, en particular referentes a la administración fraudulenta; falsedad ideológica; falsedad documental agravada; incumplimiento de deberes; revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial; peculado; negociaciones ilícitas; malversación e infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, todo al interior de Indes.
El Presidente del INDES, Yamil Bukele, declaró que ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía General de la República luego de haber encontrado indicios de corrupción en dicho instituto.
Sin dar nombres en específico, durante la conferencia quedó claro que los hechos ocurrieron en la administración pasada presidida por Jorge Pérez Quezada.
Yamil dijo que era su responsabilidad informar de estos hallazgos para cumplir con el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que señala que “… cuando un funcionario, empleado público, agente de autoridad… tenga conocimiento de la posible comisión de delitos de acción pública o de delitos oficiales cometidos por funcionarios, lo deberá comunicar al Fiscal General de la República remitiendo la documentación pertinente”.
Después de tomar posesión del Indes el 2 de julio, Yamil ordenó a su equipo una auditoría externa para determinar en qué condiciones asumía la administración del Indes. Esta reveló una serie de indicios que fueron comentados de manera parcial a la prensa, debido a que se seguirá el debido proceso de investigación a través de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas.
Los indicios tienen que ver con 7 aspectos descritos en un punteo (ver a la derecha).
Bukele dio ejemplos que consideró “emblemáticos” para los medios sobre los indicios. Mencionó que se adeudan entre 400 mil a 500 mil dólares a proveedores, pero que no podrán liquidar hasta que el Ministerio Público determine que se contrató de forma legal.
Para el caso, el titular del Indes ejemplificó la deuda de 71 mil dólares por unas camisetas para la carrera anual. “Casualmente ya no la hicieron en mayo (este año) y la dejaron para la nueva administración (que preside). La suspendí porque ese dinero se puede utilizar mejor. En la Unidad de Adquisiciones de Contrataciones Institucional (UACI) no hay un verdadero proceso de esto, no se le dio un contrato ni una orden de inicio”.
Según Bukele, “la persona presentó un documento que es de resguardo privado y que solo la Institución puede tener, de los comparativos de todos los proveedores. Adujo que vía telefónica se le informó que se le adjudicaría el contrato y con eso quiere venir a cobrar”.
Añadió que, de comprobarse que este caso, como los restantes relacionados con deudas a proveedores, está apegado a ley, “vamos a honrar esa deuda. Pero si yo giro pago por estos bienes o servicios (cuando no se siguió el debido proceso), yo estaré infringiendo la ley. Pido paciencia, tengo que esperar la luz verde de la Fiscalía o Corte”.
Mencionó también que han desaparecido algunos documentos y lo calificó de “punto muy grave”. “Un folder no aparecía y, de repente, el lunes (15 de mes) estaba y contenía el caso del estadio Barraza (el de San Miguel)”.
La fianza de la obra vencía este miércoles pasado, por lo que el martes, el Indes envió a sus especialistas de ingeniería a analizar la obra y “se encontraron daños severos. Gracias a Dios rescatamos la fianza y el miércoles logramos colocar la denuncia. Sino, hubiera afectado el bien público. Ya tenemos el respaldo para que la compañía que desarrolló nos responda”.
Esa contratación fue inicialmente por millón 248,637 dólares y se aumentó casi en 188 mil. “La ley permite que haya aumentos hasta por 20%, pero resulta que no hay orden de eso, no existe autorización alguna”, dijo Bukele.
Además, también hay problemas con otros estadios. En el Jiboa (San Vicente), la garantía suscrita en el contrato fue por “buen servicio, pero estamos hablando de una obra, sistema de drenaje, no de un servicio. Terminaba en octubre de 2016 y se recepcionó hasta enero de este año, y no hay multas, no hay informes, no hay nada”, acotó.
Fuente: El Salvador
