(c) 2021, The Washington Post · Matt Zapotosky
WASHINGTON – El Departamento de Justicia reveló el miércoles que había, durante la administración del presidente Donald Trump, obtenido secretamente los registros telefónicos de cuatro reporteros del New York Times, siendo la tercera vez en semanas recientes que fuerzas federales de orden público han revelado el uso de esta agresiva y controversial táctica para hurgar entre la data de los periodistas.
El New York Times reportó el miércoles en la noche que el Departamento de Justicia había anunciado al periódico que había incautado los registros telefónicos de cuatro de sus reporteros: Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau y Michael S. Schmidt. El Times reportó que el departamento también reveló que había obtenido una orden judicial para tomar los registros, mas no los contenidos, de los correos electrónicos de los reporteros pero dijo que “ningún archivo fue obtenido”. Los registros comprendían desde el 14 de enero de 2017 hasta el 30 de abril del mismo año.
Anthony Coley, vocero del Departamento de Justicia, confirmó la incautación en una declaración, diciendo que el departamento “notificó a los cuatro periodistas que había obtenido sus registros de llamadas y que buscaba obtener los registros de correos electrónicos sin-contenido desde 2017 como parte de una investigación criminal sobre la divulgación sin autorización de información clasificada”. “Los registros en cuestión fueron buscados en 2020 bajo las regulaciones del departamento que aplican a los registros de miembros de medios de comunicación de noticias, y los periodistas no fueron ni los sujetos ni los objetivos de la investigación”, dijo Coley.
Añadió que venideros reportes públicos detallando los métodos del departamento para la búsqueda de información proveniente de periodistas desde 2019 a 2020 mostraría que “miembros de los medios de comunicación de noticias ya han sido notificados en cada instancia de este período en el que sus registros fueron buscados u obtenidos en dichas circunstancias”. El departamento ya había revelado reportes detallando los pasos que tomó para obtener dicha información en 2017 y 2018. Un vocero del Departamento de Justicia se negó a profundizar sobre el tema.
El mes pasado, el Departamento de Justica hizo comunicaciones similares al Washington Post y CNN, diciendo que había obtenido los registros de periodistas de estas organizaciones. Medios de comunicación y defensores de la libre prensa denunciaron estos métodos, cuestionando si el departamento bajo Trump había seguido sus propias políticas y asegurando que dichas tácticas tenían un efecto intimidante sobre la habilidad de los periodistas para revelar información esencial sobre el gobierno federal.
El presidente Joe Biden declaró recientemente que él no permitiría que el Departamento de Justicia incaute los registros telefónicos o correos electrónicos de los periodistas, describiendo esa práctica como “simplemente incorrecta”.
“¿Así que usted no le permitirá a su Departamento de Justica hacer eso?” preguntó un reportero.
“Yo no dejaré que eso ocurra”, respondió el presidente.
Aunque el Departamento de Justicia no le hizo seguimiento al llamado de Biden con alguna guía formal de su política, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reiteró el punto más tarde cuando le preguntaron si el Departamento de Justicia estaba consciente de sus deseos.
“El presidente hizo esos comentarios de una manera bastante pública, así que todos, pienso yo, están conscientes”, dijo Psaki.
El New York Times reportó que las autoridades no revelaron qué historia propició la investigación del Departamento de Justicia, pero acotó que “el equipo de periodistas y el tiempo en cuestión sugieren que la investigación por fuga de información está relacionada con información clasificada revelada en un reporte del 22 de abril de 2017, artículo escrito por los cuatro periodistas sobre como James Comey, el entonces director del FBI, manejó investigaciones con carga política durante las elecciones presidenciales de 2016”.
El editor ejecutivo Dean Baquet le dijo al Times que incautar los registros telefónicos de los reporteros “menoscaba profundamente la libertad de prensa”.
“Amenaza con silenciar las fuentes de las que dependemos para proveer al público con información esencial sobre lo que el gobierno está haciendo”, dijo él, agregando que él esperaba que el Departamento de Justicia “explique por qué esta acción fue llevada a cabo y qué pasos estaba dando para asegurarse de que no ocurra nuevamente en el futuro”.
El Post y CNN han presionado también de manera similar para obtener más información sobre la incautación en secreto por parte del gobierno de los registros de sus reporteros, aunque el Departamento de Justicia se ha rehusado en repetidas ocasiones a responder a preguntas específicas.
En el caso del Post, el departamento buscó los registros de los reporteros Ellen Nakashima y Greg Miller, y el ex-reportero del Post Adam Entous, desde el 15 de abril de 2017 hasta el 31 de julio de 2017. Las cartas no explican el propósito de la incautación de los registros telefónicos, pero hacia finales del período de tiempo mencionado en las cartas, esos reporteros escribieron una historia sobre información clasificada interceptada por la Inteligencia de EE.UU. que indican que, en 2016, el entonces senador Jeff Sessions, R-Alabama, había discutido la campaña de Trump con Sergey Kislyak, el embajador de Rusia ante Estados Unidos en aquel momento. Sessions luego se convertiría en el primer fiscal general de Trump.
En el caso de CNN, el departamento buscó los registros de la corresponsal para el Pentágono, Bárbara Starr, correspondientes al período de dos meses entre el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de julio de 2017. En ese período, según CNN, Starr reportó sobre las opciones que las fuerzas armadas de EE.UU habían preparado para presentar a Trump con respecto a Corea del Norte, así como otros asuntos.
El 24 de mayo, el editor y director ejecutivo del Washington Post, Fred Ryan, le escribió al fiscal general Merrick Garland solicitando “una reunión inmediata” para discutir las preocupaciones del periódico sobre la incautación de lo registros.
De especial preocupación es que el departamento no notificó previamente al Post sobre su deseo de obtener información y entablar negociaciones, como lo dicta la política de la agencia excepto en instancias en las que el fiscal general considere que hacerlo pondría en riesgo la investigación.
“Creemos que el Departamento tiene la obligación de explicar sus acciones, incluyendo su incapacidad para proveer al Post y a nuestros periodistas con una notificación sobre estas citaciones y una oportunidad para afirmar nuestro derecho a resistirnos a la incautación de nuestros registros por parte del gobierno”, escribió Ryan.
Hasta la fecha, dicha reunión no ha sido agendada.
